Tlachinollan

Sobrevivir en los campos de la esclavitud

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

*La declarción del secretario del Trabajo de que bandas del crimen organizado trasladan a los jornaleros pretende omitir la responsabilidad del Estado ante las graves violaciones a los derechos humanos y laborales que sufre este sector de la población.

A 100 metros de donde se encuentra instalada la feria de Ramos, más de 20 niños y niñas menores de tres años provenientes de la comunidad na savi de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande, yacen junto a sus papás y mamás sobre la plancha de cemento de la casa de los jornaleros agrícolas de Tlapa, en espera del autobús que los transportarán al campo San Enrique en el Valle del Vizcaíno, de Baja California Sur.
Luis, padre de tres niños, desconoce exactamente el lugar a dónde va a trabajar. El enganchador le ha dicho que van a cortar tomate. No sabe cuánto ganará diario ni dónde vivirá con su familia. Tres cartones de ropa, dos cobijas y dos docenas de totopos conforman su equipaje para sobrevivir durante cuatro meses bajo las techumbres de lámina en cuartos pequeños y semiderruidos. Con la esperanza de que los demás paisanos le expliquen en su lengua lo que va hacer en el campo, Luis cargó con su familia para juntar algo de dinero. No imagina la distancia que hay entre su comunidad, que forma parte del municipio más pobre del país, y uno de los campos más retirados del centro de la República. Sus compañeros comentan que son seis días de viaje sin que la empresa se haga cargo de sus comidas. Los enganchadores que son de la región ya saben que las familias de la Montaña cargan sus totopos y con ellos matan el hambre. El gancho del contratista es proporcionarles un autobús que los trasladará de Tlapa a los campos donde trabajarán como esclavos y durante ese tiempo les descontaran de su sueldo el pago del autobús.
Este domingo, el último día de la feria, los niños y niñas de Joya Real juegan a los caballitos con el palo de una escoba al ritmo de la música de Chico Che, mientras sus papás sacan los totopos y los chiles verdes para comer y cenar sobre el cemento. Tres jóvenes que pudieron cursar el tercero de primaria, deletrean el anuncio que un contratista pegó en la entrada de la casa: “Se solicita trabajadores para el campo san Enrique, Baja California Sur. El campo les ofrece lo siguiente:
1) sueldo por día 112 pesos; 2) a su llegada se les facilita estufa y cilindro a la familia por cuarto regalado; 3) el día domingo se paga doble; 4) aguinaldo; 5) pasaje de regreso al final de temporada si cumple con el contrato; 6) se regala cobijas a fin de año; 7) servicio médico familiar con medicamento incluido; 8) servicio de guardería; 9) servicio de comedor; 10) no se aceptan menores de 13 años. Atentamente: el contratista M.D.”
Para el delegado de la Secretaría del Trabajo, Ernesto Álvarez, “los jornaleros llegan con la promesa de ganar 200 o 300 pesos al día, les ofrecen comida, hospedaje y demás, pero la realidad que sufren es otra. Preguntando en los ranchos me dicen que no, ganan 130 pesos, tienes que pagar tu comida, no te dan gas, tienes que pagar el gas”. Cada vez es más común encontrar a los trabajadores agrícolas “sin empleo”, “se les ve transitando en las calles o establecidos en los linderos de la ciudad como indigentes”. Para Miguel Ángel Aguilar, uno de los miles de jornaleros agrícolas que se quedaron en Baja California, su historia fue diferente, no aceptó el trabajo porque no era lo que esperaba. No quiso vivir como esclavo. Con gran coraje denuncia “Te tienen bajo las condiciones del patrón, trabajas o te vas, y yo no nací para que con mi sudor y mi sangre otros se hagan ricos”.
En la Montaña, a lo largo de 20 años hemos documentado una sistemática violación a los derechos humanos de la población indígena jornalera, a causa de las políticas excluyentes y discriminatorias que implementan los gobiernos vía subsidios, con programas que denigran a la persona al controlar su vida y la de su familia. Estos abusos y tratos deshumanizantes se muestran con toda su crudeza en los campos agrícolas de San Quintín, donde miles de jornaleros han desenmascarado el régimen esclavista que impera en los campos agrícolas, donde los empresarios, a la usanza porfirista, dan trato de esclavos a los indígenas que más riqueza generan con su trabajo en las agroindustrias. Las jornaleras y jornaleros aglutinados en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal, por la Justicia Social, han colocado en la agenda pública el tema de los derechos laborales y las demandas sociales de la población jornalera de México, quienes han sido ignorados y vilipendiados.
Como Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña (CJAM) entre 2006 a 2014 registramos a más de 60 mil jornaleras y jornaleros agrícolas provenientes de 362 comunidades indígenas de la región. Una cifra que nos indica el tamaño del problema que enfrentamos en la región, donde no hay opciones de trabajo que generen ingresos económicos y que le permitan a la población revertir los graves rezagos sociales y la profunda brecha de la desigualdad.
Durante la última temporada, entre septiembre de 2014 y enero de 2015, registramos la salida de 8 mil 200 jornaleros, de estos 4 mil 510 eran hombres y 3 mil 744 eran mujeres. El 73 por ciento tuvo como destino de trabajo los campos agrícolas de Sinaloa. La expulsión de la población económicamente activa es cada vez mayor, por falta de acceso a la tierra y por el desmantelamiento de la vida comunitaria aparejada con la legalización del despojo y la privatización de lo bienes naturales.
Las niñas, niños y adolescentes (NNA) menores de 15 años que migraron a los campos agrícolas fueron alrededor de 3 mil 121, de estos, 435 eran menores de un año (185 niñas y 250 niños). A través de estos datos, puede determinarse que el grueso de los jefes de familia que migran se encuentran en el rango de edad de 14 a 45 años. Del total de jefes de familia, el 85 por ciento tiene algún vínculo de pareja, es decir que están casados o viven en unión libre, lo que influye en que esta migración sea de carácter familiar; por lo mismo, el tratamiento que el gobierno debe darle a este tipo de problemáticas debe ser desde las condiciones socioculturales, y desde la dimensión comunitaria y familiar.
Esta migración jornalera repite el mismo esquema de trabajo esclavista en 19 entidades del país como Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Chiapas, Morelos y Estado de México. En Guerrero, la explotación de los trabajadores agrícolas se concentra en Ciudad Altamirano, en los límites con Michoacán. De acuerdo con cifras de la Sedesol de 2009, el número de jornaleros agrícolas a nivel nacional, asciende a 2 millones 40 mil 414. De ellos, el 40 por ciento proviene de comunidades indígenas. Es importante resaltar que el 90 por ciento de los jornaleros carecen de contrato formal. Al 76.5 por ciento de las y los jornaleros les pagan cada semana, y el 18.4 por ciento recibe su pago de manera diaria. La mayoría de la población jornalera, el 60.9 por ciento, trabaja seis días a la semana, y el 13.9 por ciento, es decir uno de cada siete, trabaja todos los días.
Las condiciones de explotación laboral son recurrentes en todos los campos agrícolas donde predominan el hacinamiento, los alojamientos en pésimas condiciones, falta de estancias infantiles o albergues, jornadas de trabajo largas y extenuantes, y salarios condicionados a las actividades a destajo, por rendimiento o pago por día. Desde 2007, denunciamos el trabajo infantil en los campos agrícolas, cuando se documentaron los primeros casos de niños que fallecieron en Sinaloa y que se desempeñaban como trabajadores asalariados.
De enero de 2007 a marzo de 2015, documentamos las muertes de al menos 40 niños y niñas, entre ellos dos adolescentes, originarios de la Montaña. Todos ellos han fallecido en los campos agrícolas por varias causas: accidentes de trabajo, atropellamiento por camiones recolectores o camionetas que circulan dentro de los campos agrícolas, por desatención o negligencia médica, por accidentes durante sus traslados del campo a sus viviendas, por picaduras de animales ponzoñosos, por desnutrición y por partos prematuros que no recibieron atención médica oportuna, entre otros.
En estos casos están involucrados 25 niños; 13 son niñas, y dos adolescentes, que han fallecido en diferentes campos agrícolas de estados como Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí. Siendo Sinaloa el que concentra 17 de los casos.
Sobre los contratos de trabajo, los enganchadores se encargan de hacerlo de manera verbal o a través de contratos ficticios. En cuanto al traslado de las y los jornaleros, los empresarios agrícolas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, contratan los servicios de 42 empresas de autotransportes que tienen sus oficinas en Sinaloa, Morelos, Nayarit, Sonora, Jalisco y Oaxaca. Son autobuses viejos y muy incómodos para trasladar a familias en trayectos largos. En la temporada de migración de septiembre de 2014 a enero de 2015 llegaron a la región 141 autobuses, y ninguno de estos fue revisados por la Policía Federal para verificar en qué condiciones se encuentran y constatar si la documentación está en regla. Estos autobuses tienen capacidad para transportar como máximo a 45 pasajeros, sin embargo, los choferes y enganchadores, de manera prepotente y racista, llevan hasta 70 pasajeros, obligando a los papás y mamás a llevar a sus hijos en los brazos, o a que vayan tirados en los pasillos.
En el marco del Programa México con Trabajo Digno, para el que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó algunas inspecciones, como en Colima y Baja California en marzo de 2015, su titular afirmó con gran desparpajo que bandas del crimen organizado son quienes trasladan a los trabajadores y a sus familias a los centros agrícolas. Esta aseveración lo único que provocó entre la población jornalera es una mayor criminalización de su trabajo, y que sigan siendo rehenes de grupos de tratantes de personas. Con esta visión obtusa se pretende omitir la responsabilidad del Estado ante las graves violaciones a los derechos humanos de la población jornalera. Quieren seguir tapando con un dedo todos los negocios ilícitos que han florecido en estas regiones con la sobreexplotación de la mano de obra de la población jornalera y el régimen semi esclavista que les da la garantía de enriquecerse a costa del hambre, la enfermedad y la muerte de niños, niñas, mujeres, jóvenes, señores y señoras, como las de Joya Real, que sin saber cuáles son sus derechos viajan miles de kilómetros a San Quintín o al Valle del Vizcaíno para sobrevivir en los campos de la esclavitud.