Avanza la acusación por desacato contra procurador de EU por Rápido y Furioso

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes del Congreso Federal de Estados Unidos aprobó la acusación por “desacato” contra el procurador general de Justicia, Eric Holder, por su falta de cooperación en el caso Rápido y Furioso.
En una votación claramente partidista, los 23 republicanos que integran el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental se impusieron a los 17 demócratas y formalizaron la acusación contra Holder.
Aun cuando antes de la votación el presidente Barack Obama había invocado a su “Privilegio Ejecutivo” para defender a Holder, Darrell Issa, el representante republicano por el estado de California y presidente del Comité, alineó a sus colegas para que se votara y se acusara formalmente al procurador general de incumplir con los pedidos del Capitolio de entregar toda la información relacionada con Rápido y Furioso.
Encabezados por Issa, los republicanos del Comité exigen que Holder devele todos los documentos relacionados con la operación Rápido y Furioso, por medio de la cual agentes federales en el estado de Arizona permitieron el tráfico ilegal supervisado de más de mil 500 armas de distintos calibres a México que finalmente terminaron en manos de narcotraficantes.
Según Issa, la petición de documentos es para aclarar si algún funcionario del Departamento de Justicia sabía que la oficina en Phoenix, Arizona, del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) estaba aplicando Rápido y Furioso y, pese a que la operación era un fracaso, permitió que las armas siguieran llegando a México.
El plan original de ATF en Phoenix era usar la operación como una especie de trampa para desmantelar a las redes del tráfico de armas. Se trataba de contratar a reconocidos traficantes de armas para hacer compras múltiples y con ello rastrear el arsenal para desmantelar a la red del trasiego.
Los agentes de ATF perdieron las pistas de las armas cuando llegaron a la frontera con México, y el resultado fue totalmente desastroso. Dos de las armas traficadas por Rápido y Furioso están incluso involucradas en el asesinato de Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos abatido el 10 de diciembre de 2010 y, según Issa, todas las exigencias de documentos que se le hicieron a Holder eran para aclarar quién en el Departamento de Justicia podría estar involucrado indirectamente en el asesinato del agente por no detener el evidente fracaso del operativo.
La apelación del presidente Obama al Privilegio Ejecutivo “se queda corto en la aportación de razones para detener el procedimiento (del desacato)”, dijo Issa al iniciar la audiencia de acusaciones contra Holder.
El anuncio de la Casa Blanca llegó al Comité unos minutos antes de que iniciara la audiencia, que duró poco más de cinco horas, y bajo la apelación del fuero Ejecutivo por parte de Obama para que no se entregaran los documentos solicitados por los republicanos.
La intervención de Obama libra a Holder de una acusación criminal formal, cuyas consecuencias implicarían una multa de hasta mil dólares y una sentencia de hasta 12 meses de prisión.
Bajo la invocación del Privilegio Ejecutivo se evita que los documentos solicitados por Issa sobre Rápido y Furioso sean entregados al Congreso antes de que concluya la investigación que sobre el asunto lleva a cabo el inspector general del Departamento de Justicia.
En la maratónica sesión legislativa, los 17 demócratas de los 40 que integran el Comité que preside Issa, acusaron a sus 23 colegas republicanos de querer procesar a Holder por puro interés electoral y partidista.
Los documentos que, bajo la invocación de Obama a sus derechos constitucionales no serán entregados al Comité, según Holder, contienen información confidencial que pondría en riesgo la integridad y los aspectos esenciales de la investigación interna del Departamento de Justicia.
La Casa Blanca también acusó a los republicanos de querer sacar beneficio electoral al caso de Rápido y Furioso. (Jesús Esquivel / Agencia Proceso / Washington).