Justifican reserva de contrato a Higa con riesgo de ataques

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) presentó un escenario apocalíptico para justificar la reserva por 12 años del contrato a una filial de Grupo Higa para la ampliación del Hangar Presidencial.
“La publicación de la información ocasionaría directamente daños de imposible reparación, entre ellos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien es presidente del Consejo de Seguridad Nacional, a su gabinete legal y ampliado, al personal del Hangar Presidencial y a invitados especiales, poniendo en riesgo su vida por posibles actos de sabotaje”, dice la justificación de la reserva.
El documento de dos cuartillas fue firmado por Mario Alberto Morales, gerente de Proyectos del AICM, quien también alegó “riesgos de ataques de grupos delictivos y terroristas”.
La versión pública del contrato de 794 millones de pesos con IVA, adjudicado directamente a Higa el 3 de julio de 2014, fue difundida por el AICM luego del escándalo de la “Casa Blanca”, amén de que el IFAI revocó la reserva por considerarla injustificada.
El contrato no contiene detalle alguno sobre las instalaciones, los criterios estructurales o constructivos, las redes de voz y datos, las acometidas eléctricas o las tuberías hidráulicas, que también fueron mencionadas como justificación para la reserva.
Morales pareció actuar por iniciativa del Estado Mayor Presidencial (EMP), que un mes antes de la firma del contrato con Higa “le informó” que dicho órgano fue reconocido en 2013 como instancia de seguridad nacional por el Consejo de Seguridad Nacional.
En el contrato —censurado parcialmente en su versión pública—, consta que Concretos y Obra Civil del Pacífico, la filial de Higa, obtuvo anticipo del 30 por ciento, el más alto que, salvo casos excepcionales, permite la Ley de Obras Públicas.
En octubre de 2013, el AICM firmó un convenio de colaboración con el EMP y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para este proyecto, pero en la versión pública, fueron suprimidos los compromisos que adoptó el EMP.
Posteriormente, en mayo de 2014, las mismas partes firmaron un nuevo convenio en el que la SCT aceptó canalizar 945.5 millones de pesos para financiar las obras, necesarias por el gran tamaño del nuevo avión presidencial, un Boeing 787 Dreamliner.
La versión pública del contrato también suprimió el párrafo central en el que consta lo que “las partes” acordaron en el convenio de 2014.
Grupo Higa, que para entonces ya participaba en las licitaciones para el tren México-Querétaro, el Museo del Barroco en Puebla y el acueducto Monterrey VI, tuvo que aportar una fianza de 79 millones de pesos, un seguro de responsabilidad civil por 8.3 millones de pesos, y se comprometió a entregar la obra el próximo 31 de agosto.
El AICM no contrató a otra empresa para supervisar los trabajos, sino que asignó esa función a Roberto Vera Mireles, uno de sus propios funcionarios. (Agencia Reforma / Ciudad de México).