Tlachinollan

El descrédito de la política

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

No son los ciudadanos ni las ciudadanas quienes se han encargado de llevar a la ruina este sistema de partidos. Son los oligarcas, las cúpulas partidistas, la alta burocracia y toda la mafiocracia que pulula en todos los espacios del poder público los que han desquiciado a la política y a los mismos políticos. Basta con identificar a los que están en la cima de los poderes, los que administran la justicia, los que tienen bajo control los recursos públicos, los que manejan de manera facciosa los programas sociales, los liderzuelos de los partidos que andan negociando cargos, y los candidatos rodeados de políticos corruptos y de personajes siniestros disfrazados de líderes que trabajan con la delincuencia organizada.
Tampoco son los ciudadanos ni las ciudadanas las que han generado este clima de violencia e inseguridad, ni son los que han colocado a Guerrero como una de las entidades más inseguras del país, donde la corrupción es la regla de oro para los políticos, y la desigualdad social, que es abismal es la marca de sangre de un régimen que raya en la barbarie. Son los gobernadores los causantes de las matanzas de indígenas, campesinos, maestros y estudiantes. Los militares que han copado al Estado desde la guerra sucia son los responsables de las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y torturas de centenares de guerrerenses que siguen siendo víctimas de una estrategia de guerra contrainsurgente. Los policías continúan fungiendo como pistoleros de los caciques, quienes aún tienen peso político en varias regiones del estado y cuyo poder se extiende entre los grupos del crimen organizado. La delincuencia institucionalizada que impera en las instancias de seguridad pública y procuración de justicia ha sido forjadora de generaciones de policías entrenados para delinquir.
Es el pueblo de Guerrero el que se ha organizado y tomado las calles y hasta las armas para resistir y enfrentar las acciones delincuenciales de los gobernantes. Es el que ha tumbado a varios gobernadores y el que ha doblegado al poder unipartidista para obligarlo a realizar reformas orientadas a instituir un sistema plural. Fue la cuota de sangre de muchos guerrerenses la que pudo desmontar la estructura caciquil y la que abrió las puertas a los partidos y a los mismos políticos advenedizos. El movimiento social guerrerense ha sido siempre un factor determinante en el cambio social. Su arraigo en la población y su apropiación de sus demandas más sentidas le han dado la fuerza necesaria para colocar en el plano nacional la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el estado desde hace décadas. La apuesta por las elecciones fue ejemplar, al grado que el 6 de julio de 1988, miles de guerrerenses votaron por la alternancia política teniendo como opción a Cuauhtémoc Cárdenas, sin embargo, con la “caída del sistema”, los oligarcas en el poder violentaron la voluntad popular e impusieron a Carlos Salinas de Gortari.
A nivel nacional, la sociedad no cejó en su lucha para romper con las anquilosadas estructuras del poder monolítico y lo logró, no por una concesión graciosa del régimen presidencialista, sino por la revuelta estudiantil que cimbró el sistema obtuso y trajo vientos libertarios para el país. La alternancia política que se dio con el PAN dejó satisfechos a las elites políticas y económicas, sin embargo, para las mayorías depauperadas esto no significó un cambio en sus precarias condiciones de vida, por lo mismo, no representó una verdadera transición democrática. Lo que pasó en los dos sexenios y en lo que va del actual es que se afianzó un sistema de partidos que se distanció de la sociedad y logró, con el señuelo de la democracia electoral, la conformación de una partidocracia neoliberal que se ha encargado de imponer en el Congreso federal las reformas estructurales, a contrapelo de la sociedad, para confabularse con los grandes consorcios multinacionales catalogados como socios prominentes, a quienes en la lógica del mercado capitalista, les asiste el derecho de explotar los recursos estratégicos de la nación.
Son las cúpulas partidistas las que, con el poder que han adquirido en los procesos electorales, han pactado para imponer un modelo económico que sigue profundizando la desigualdad y multiplicando el número de familias sumidas en la extrema pobreza. Son los partidos políticos y sus gobernantes los que han violentado las leyes, no sólo por estos pactos anti populares, sino por sus pactos y vínculos con la delincuencia organizada, por la intromisión de dinero ilícito en las campañas electorales y por negociar con esos grupos los cargos públicos, el manejo de las finanzas y las nuevas formas de gobernar, teniendo a la población como rehén, controlando territorios para imponer el terror e implantar la economía criminal.
Son los partidos políticos y los que gobiernan quienes se niegan a comprender que son ellos los causantes de esta crisis, son los responsables de esta animadversión; los que con gran petulancia se han negado a cambiar el rumbo del país, los que no tienen oídos para a atender los justos reclamos de la población. Como siempre, los poderosos se parapetan en sus palacios, toman posturas retadoras y beligerantes para demostrar su infalibilidad y su ser invencible. Usan todo el poder represivo para someter y atemorizar a la población que se rebela y se apresta para dar la batalla en esta lucha desigual.
En sus cónclaves partidarios, la alta burocracia elucubra en el escritorio y con el gabinete de seguridad sobre los “focos rojos” que hay en el país. Desde el centro del poder, ven a la gente de la periferia que realiza acciones contra las elecciones como los grandes peligros para el sistema. Para ello, acuerdan y disponen que toda la fuerza del Estado se apreste para dar el zarpazo y la someta. A ninguno de los burócratas del poder les va a pasar por la mente que buena parte de la población considera como verdaderos “focos rojos” a los partidos políticos y a un buen número de sus candidatos, no les cae el veinte que ellos en realidad sí son un gran peligro para la sociedad.
¿Quién cree que los presidentes de los partidos políticos son en realidad los garantes de un verdadero cambio democrático en nuestro país? ¿En verdad son ellos quienes buscan cambios de fondo?, ¿o son los que se reducen a hacer cuentas sobre el número de curules que podrán tener en el congreso para continuar con los negocios de las reformas? Con todas las triquiñuelas que han hecho estos personajes intocables, con las formas turbias como han seleccionado a los candidatos, por las maneras como usan los recursos públicos para sus campañas y por los enroques políticos que realizan los representantes de los partidos para tener bajo control al mismo órgano electoral, la sociedad percibe que continuaremos en la debacle, que se zanjará más el conflicto con los grupos de poder y el desgarramiento social y político ya de por sí hecho trisas, desencadenará más violencia.
A la población que increpa al poder y cuestiona los comicios lo que en verdad le preocupa es lo que se avecina después de los comicios. Con las señales funestas de que las autoridades federales por la vía de los hechos han dado por cerrado el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, al negarse a abrir más líneas de investigación y al descalificar el gobierno de México las recomendaciones del comité sobre desapariciones forzadas de la ONU y el informe del relator contra la tortura, la población que no tiene poder ni dinero, ni aspira a un cargo, vislumbra en el horizonte una tormenta, presagia un futuro siniestro, sobre todo para los que sufren y luchan contra este sistema que los oprime.
La lógica de los bien pensantes es que todo esto y más, hay que plasmarlo en las urnas. En esas arcas electorales hay que expresar sobre las boletas lo que sienten y quieren las y los ciudadanos, y de ahí, que gobierne el que gane. No hay más compromiso para los candidatos que dar por cumplidas las normas electorales y esperar que le den la constancia de su triunfo.
La crisis de gobernabilidad que enfrentamos como guerrerenses no puede exentar al proceso electoral, necesariamente lo trastoca porque hay pérdida de confianza en los que gobiernan, porque la población no se siente representada, porque ha constatado que los intereses de los políticos están ligados a los intereses de la delincuencia organizada, porque la gente vive en un ambiente de terror y sabe que está en manos de quienes han traído la guerra, la inseguridad y la muerte. Por su parte las autoridades y los partidos políticos, han demostrado que son incapaces de revertir esta destrucción de la vida pública. No están a la altura de este desafío, por eso sólo se reducen a salvar el proceso electoral, para salvar su futuro personal. Lo que realmente es la acción política, no les interesa ni les preocupa, por eso, no hubo ni habrá una identificación con los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Nunca podrán saldar su error de que no estuvieron en el momento que debieron haber estado, para realmente demostrar que sí son personas con casta de verdaderos políticos, las idóneas para representar las aspiraciones y sentimientos de la gente que sufre. Lo demás es pura faramalla. Es abonar al descrédito de la política.