El paro es ilegal y las denuncias penales se mantienen, advierten los magistrados

Jacob Morales Antonio

El vocero de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Ángel Barreto, manifestó que no desistirán de las demandas penales interpuestas contra los trabajadores en paro laboral y reiteró que éste es “ilegal”. Además dijo “en todos lados y en todos los puestos de trabajo hay niveles”.
En rueda de prensa en esta ciudad, el magistrado, a nombre de los Plenos del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado, dio a conocer que antes del inicio del paro laboral hubo mesas de trabajo con los inconformes, quienes rechazaron las propuestas. Ahí reiteró el llamado para que los trabajadores inconformes liberen las instalaciones de los 16 distrito judiciales tomados para que se les pague sus quincenas.
“Decimos que el paro es ilegal, y es ilegal, los trabajadores no pueden hacer paros, los paros es una figura que existe en la ley laboral para los patrones y los patrones pueden parar cuando tienen exceso de producción”, insistió.
Al respecto dijo que “ellos se manejan como sindicato, ellos no son sindicato, el sindicato de los trabajadores del gobierno del estado es el SUSPEG, ellos son trabajadores en su mayoría de confianza y los trabajadores de confianza, de acuerdo al articulo 123 de la Constitución federal, no pueden sindicalizares”, aunque admitió que pueden formar uniones o colegios.
Al funcionario se le preguntó si desistirán de las demandas interpuestas a los paristas, a lo que respondió: “que acudan –los trabajadores– a la Fiscalía (General del Estado) y que se defiendan como puedan, que lleven a sus abogados, que saquen el mejor resultado, pero nosotros no podemos desistirnos de una averiguación de un delito que se persigue de oficio”.
Abundó que también presentaron denuncias contra integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), y de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a quienes calificó como “grupos violentos” que apoyaron a los trabajadores inconformes el jueves pasado para retenerlos en el Palacio Judicial de Chilpancingo, durante seis horas junto a otras 27 personas, incluida la magistrada presidenta Lambertina Galeana Marín. Incluso, dijo que estas personas introdujeron explosivos a las instalaciones, de lo que tiene evidencia fotográfica.
De acuerdo con el magistrado vocero, “el jueves de la semana pasada irrumpieron trabajadores en el único edificio que tenemos liberado en Chilpancingo, de manera violenta, ellos se hicieron acompañar de grupos violentos… que amenazaban a nuestra integridad… nos tuvimos que refugiar en la oficina de la presidenta. Nos tuvieron encerrados seis horas en una ofician a 27 personas. Ellos alegan que no nos tuvieron encerrados, eso es muy fácil alegarlo, no nos tuvieron encerrados, pero no nos dejaron salir de las instalaciones hasta que no les firmáramos un escrito que liberaríamos los salarios retenidos”.

En Guerrero, los trabajadores del Poder Judicial ganan más de la media nacional, afirma

El magistrado afirmó que los trabajadores que mantienen un paro de labores desde el 11 de marzo y que cumplieron ayer 42 días sin laborar, tiene un sueldo por arriba de la media nacional y más que los estado de Chiapas, Campeche, Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, Morelos y Michoacán, pero no dijo los montos que alcanzan los salarios de lo trabajadores en esos estados.
Se le preguntó cuál era el salario de los magistrados del estado y de los trabajadores inconformes. Indicó que los magistrados tienen un sueldo quincenal de 38 mil 700 pesos quincenales y los trabajadores inconformes van de los 6 mil 383 a los 28 mil 907 pesos. Y desmintió que los trabajadores perciban 2 mil 700 pesos, como han afirmado.
Abundó que un juez de Paz en el estado gana 16 mil 764 pesos mensuales, un secretario de juzgado 19 mil 900 pesos mensuales, un secretario de acuerdo de sala, gana 28 mil 623 pesos mensuales, “un proyectista de sala, que son los compañeros que están encabezando el movimiento, están ganando 28 mil 81 pesos mensuales, neto, es lo que reciben en su bolsillos. Y los compañeros que menos ganan, que son los compañeros administrativos, están percibiendo un salario de 6 mil 356 pesos mensuales”.
Agregó, “en todos lados y en todos los puestos de trabajo hay niveles”, como en toda empresa.
Afirmó que los trabajadores que se encuentra en paro de labores son menos y que suman alrededor del 15 por ciento del total, mientras un 85 por ciento quiere laborar. Anunció la posibilidad de trabajar en sedes alternas porque el paro está afectando a mucha gente con tramites, y los jueces no pueden dictar sentencias a detenidos que se encuentran en la cárcel.
Miguel Ángel Barreto, señaló que si los inconformes dan las garantías de que no cerraran las sedes alternas, pueden seguir en el paro de labores en los edificios que mantiene tomados, de forma “ilegal”, y que no contrataran a más personal porque el aumento del presupuesto que autorizó el Congreso para 2015 respecto a 2014, fue de 2 millones de pesos. Se ha informado que el presupuesto de este año es de 609 millones de pesos.

Demandan a los abogados litigantes no hacer pronunciamientos

El vocero de los magistrados demandó a los abogados que se han pronunciado a favor de los trabajadores en paro que no lo hagan, porque “el día en que los compañeros regresen a trabajar y estos abogados en el ejercicio de sus funciones regresen a tramitar sus expedientes, cómo van a reaccionar o cómo le van a pedir a los trabajadores, le van a pedir que sean imparciales o les van a pedir que de alguna manera le retribuyan el apoyo que les dieron?”, preguntó.
“Le pediría a los abogados que se mantengan al margen de estas problemáticas que involucra directamente a los trabajadores”, indicó. Así también se refirió a los integrantes de los “grupos violentos” que tienen denuncias quienes podrían actuar de la misma forma cuando se les detenga y exijan que se les regrese el favor.

No todas las sedes están en paro, dice el vocero de los magistrados

El magistrado también indicó que es mentira que 16 de los 18 distritos judiciales están en paro, “no es cierto, si es la mayoría, pero no son 16 de 18 distritos judiciales”.
Abundó que se trabaja “normalmente” en el Distrito Judicial de Galeana, con cabecera en Tecpan, y en los distritos judiciales de San Luis Acatlán, de Teloloapan y de Ayutla.
“Después de las visitas, que tanto nos criticaron los líderes, a platicar con las bases, porque ya fuimos, ya intentamos todo, el distrito judicial de Morelos en Tlapa ya levantó el paro. En el Distrito Judicial de Hidalgo con sede en Iguala, los dos juzgados penales levantaron el paro y deben de estar laborando”, reveló.
Agregó que, “de por sí no han entrado en paro los 10 juzgados penales de Acapulco, que es el Distrito Judicial de Tabares, los cuatro juzgados penales de Chilpancingo, y tenemos laborando a la justicia para adolescentes y el nuevo sistema penal acusatorio”.
En la conferencia, el magistrado vocero que estuvo acompañado por la magistrada Adela Román Ocampo –quien no participó en la rueda de prensa–, indicó que el conflicto “es político” porque todos los trabajadores dejaron como último punto la cuestión salarial, a “los trabajadores en paro, lo que menos le interesa es que dialoguemos en cuestiones salariales”.
Se le preguntó si la ley es negociable, además por la propuesta hecha el lunes de que si los trabajadores entregan los 16 distritos judiciales tomados se les pagarían sus quincena retenidas, expresó que “la ley no en todas las partes es negociable, pero hay casos en los cuales sí… se negocia la ley, porque la ley lo permite”.
Recordó que, antes de que iniciaran el paro de labores se habló con los líderes, pero se retiraron de las mesas de diálogo. “El primer ofrecimiento que le hicimos a los compañeros fue un incremento salarial de 3 por ciento al personal jurisdiccional y 5 por ciento al personal administrativo. Ellos nos dijeron que era una cantidad que no dejaba satisfecha las aspiraciones que ellos tenían”.
Abundó, “nosotros les aclaramos que en el presupuesto de egresos que tiene el Poder Judicial, comparando el 2014 con el 2015, el incremento fue de 2 millones de pesos que era la única cantidad que el Congreso del estado nos había autorizado como incremento para nuestro presupuesto, y que teníamos que ajustarnos a las posibilidades económicas que presentaron”.
También rememoró que los trabajadores no aceptaron el ofrecimiento del gobernador del 10 por ciento de aumento salarial, 2 por ciento de incremento, un bono único de 5 mil pesos para los trabajadores administrativos, un bono único de 3 mil peso para los trabajadores jurisdiccionales, además de incrementar el seguro de vida en un 5 por ciento, de 250 mil a 275 mil pesos, y analizar los incrementos que se va a dar en cada uno de los bonos que ellos reciben”.
En un principio los trabajadores demandaban cómo punto prioritario el 35 por ciento de aumento salarial, pero después informaron que la prioridad es la reglamentación de la carrera judicial y el examen de oposición para jueces.

Los delitos de los que acusan a los trabajadores

De los delitos que se les atribuye a los trabajadores informó que son privación ilegal de la libertad, por la retención del jueves pasado; el delito de colusión de servidores públicos; e ingreso de explosivos a instalaciones de gobierno.
“Ya están iniciadas las averiguaciones contra los líderes (y) para los grupo violentos que estuvieron identificados, algunos porque muchos entraron con pasamontañas, pero hubo gente que no se cubrió, contra ellos y contra nuestro compañero que están en paro que fueron identificados, indicó.