Tlachinollan

Inés y Valentina: con la frente muy en alto

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

En medio del vendaval que arrecia en nuestro país ante la grave crisis de derechos humanos, que nos arrastra a la ingobernabilidad por el descrédito de la clase política que ha cedido espacios de poder al crimen organizado, la sociedad se organiza para contener esta embestida delincuencial que se arremolina en los aparatos de seguridad y en los órganos de justicia del Estado.
No solo se ha endurecido el poder presidencial contra los que se oponen a su proyecto transexenal sino que se ha valido de su investidura para imponer su hegemonía política, al colocar en cargos estratégicos a personajes deplorables por su pasado, como es el caso de Eduardo Medina Mora, quien recientemente fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Medina Mora ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Vicente Fox y fue el responsable de los operativos policiacos contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, en el estado de México en mayo de 2006. El saldo de estas refriega fue de dos jóvenes asesinados y 207 personas detenidas, entre ellas 47 mujeres, de las cuales 26 denunciaron haber sido torturadas y violadas sexualmente por elementos policiacos.
A pesar de que hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno federal protegió a los responsables, y el mismo Medina Mora, como Procurador General de la República (PGR), se negó a investigar a los policías federales que participaron en el operativo. Esta impunidad galopante ha hecho mella en el grupo Atlacomulco, porque a pesar de sus pactos cupulares y controles férreos que se han impuesto con las reformas estructurales, ahora enfrenta el descrédito y la condena de gran parte de la población mexicana por los más de 26 mil desaparecidos que hay en el país y por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por policías municipales de Iguala y de Cocula los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Este resquebrajamiento de la institucionalidad y la crisis de legitimidad de los que mal gobiernan México están marcando un punto de quiebre. Se ha llegado al umbral del no retorno, de no permitir más las atrocidades de un régimen presidencialista. De no permitir que se cocine en los sótanos del poder una regresión política en aras de mantener la hegemonía del grupo oligárquico que quiere seguir anclado en las estructuras anquilosadas del corporativismo corrupto.
Lo que hoy se gesta en las calles es el pluriverso de expresiones de una sociedad civil crítica e innovadora que apuntan al cambio. Las protestas son catalizadores de un malestar acumulado, de una indignación estruendosa y de un ejercicio libertario que lucha por recuperar la palabra reprimida y rescatar los espacios públicos vedados. Los jóvenes del campo y la ciudad con su lucha innovadora y su fuerza transformadora están llenando el vacío que ha dejado una clase política anquilosada y mezquina que solo vela por sus intereses económicos, que está amafiada con los grupos delincuenciales y que con total desvergüenza vende al mejor postor las candidaturas.
No podemos permitir que esta debacle política posicione a los grupos responsables de esta crisis y que tramposamente giren en esta disputa de proyectos de país hacia una regresión autoritaria. Tampoco podemos ceder un ápice ante las conquistas ganadas a pulso por quienes han entregado su vida y han sido víctimas de la violencia del Estado, logrando cambios de fondo tanto en el ámbito legislativo como en el campo de las políticas públicas.
Los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú son ilustrativos de estos momentos de disputas y reyertas en los que la clase política, en lugar de reconocer y proteger los derechos humanos de las víctimas con los más altos estándares internacionales, trata de reducirlos a su mínima expresión, discurriendo en los recintos burocráticos para quitarles su dimensión integral y su carácter progresivo.
Es importante recordar que la larga búsqueda de justicia de Inés y Valentina, mujeres indígenas del pueblo Mep’haa, que en 2002 fueron víctimas de violaciones sexuales cometidas por soldados del Ejército Mexicano culminó con la emisión de dos sentencias de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos (CoIDH) en el año 2010.
Tras la emisión de las sentencias, como parte de su búsqueda de justicia, Inés y Valentina solicitaron en el año 2011, como había ocurrido en el caso Radilla, que la SCJN iniciara un expediente Varios para determinar qué obligaciones le surgen al Poder Judicial de la Federación frente a las sentencias de la Corte Interamericana. En su solicitud señalaron que la apertura de dicho expediente serviría para reiterar los criterios establecidos en el caso Radilla, pero además externaron que mediante dicho análisis la SCJN podría realizar desarrollos interpretativos vinculados con lo ordenado por la Corte Interamericana en sus sentencias, en temas como la tortura sexual, el valor del dicho de las víctimas de delitos sexuales y la impartición de justicia con perspectiva de género y etnicidad, entre otros.
Para Inés y Valentina, la discusión del expediente Varios es de primera relevancia, en la medida que permitirá señalar las obligaciones que tienen los jueces a cargo de los procesos penales iniciados en contra de efectivos de las fuerzas armadas para asegurar que, como lo ordenó la CoIDH, las violaciones sexuales cometidas contra las mujeres Me’phaa no queden impunes; es decir, permitirá precisar las obligaciones de la Juez Séptima de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial, con sede en Chilpancingo, María Soledad Rodríguez González, y del Juez Segundo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial, con sede en Acapulco, Rogelio Josué Martínez Jasso.
La SCJN tiene la oportunidad de realizar un análisis que tome en cuenta el incremento de las violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, específicamente contra las mujeres, para emitir pronunciamientos relevantes al respecto, que orienten la labor de las y los juzgadores.
El expediente Varios abre la posibilidad también de que la SCJN reconozca la emblemática lucha por la justicia que han dado Inés y Valentina y emita criterios que contribuyan a que las mujeres indígenas enfrenten mejores condiciones al buscar acceder a la justicia y, sobre todo, a que la tortura sexual sea investigada y juzgada adecuadamente en México.
El día de ayer, el Pleno de la Corte decidió aplazar la discusión del expediente Varios, que en el fondo implica reconocer que el proyecto sometido a discusión puede ser mejorado. Esta postura es alentadora porque se puede pensar que los ministros y ministras atendieron la preocupación de Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como por sus representantes, en cuanto a que la discusión del expediente no estaba contribuyendo realmente a desarrollar los criterios y estándares sobre tortura sexual y juzgamiento con perspectiva de género y etnicidad. Tampoco se estaban ampliando los deberes de los juzgados del poder Judicial de la Federación donde hoy se ventilan ambos casos. Precisamente, esta preocupación fue compartida en las observaciones que formularon los ministros Cossío, Silva, Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar y por la ministra Sánchez Cordero.
Es saludable el aplazamiento de la discusión para reelaborar el proyecto porque abre la posibilidad de que éste mejore sustantivamente, no solo para efectos de que se introduzcan tesis que ya han sido abordadas por la SCJN en otros casos sino, ante todo, para desarrollar con mayor detalle las obligaciones jurisdiccionales sustantivas que ambas sentencias imponen a los órganos de justicia mexicanos en casos de tortura sexual, desde la incorporación de las perspectivas de género y etnicidad, en aspectos como la valoración de la prueba.
Para avanzar en esta perspectiva es fundamental que la mayoría de las ministras y los ministros asuman que la crisis de violaciones a derechos humanos que vive el país exige mucho más que simples medidas administrativas y cursos para jueces y juezas. Se necesitan verdaderas garantías de reparación y no repetición y un efectivo combate a la impunidad, lo que implica revisar los criterios y las prácticas judiciales aplicables en estos casos. El análisis de las sentencias de Inés y Valentina puede ser un parteaguas en la impartición de justicia para las mujeres indígenas, como lo fue el caso Radilla en materia de control de convencionalidad y de fuero militar.
La lucha de Inés y de Valentina Rosendo Cantú es incansable. Son más de 13 años que han demostrado su casta de defensoras y que han tenido que desafiar todas las barreras impuestas por el sistema de justicia mexicano, que reproducen la triple discriminación del género, la identidad étnica y la condición socio-económica.
En reconocimiento a la dignidad de la lucha de ambas mujeres Me’phaa, hoy le corresponde a la SCJN aprovechar la discusión del expediente Varios para fijar criterios de avanzada en materia de género, etnicidad y tortura sexual.
El Alto Tribunal de la Nación en estos momentos en que la sociedad ha perdido la confianza en las instituciones y ha dejado de creer en la Justicia del Estado, es ineludible que escuche las voces de las víctimas, pero sobre todo que asuma su rol de garante de los derechos humanos, avanzando en la jurisprudencia interna con el máximo estándar de protección para las mujeres, que con la frente muy en alto han demostrado ser, junto con las madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, un ejemplo de tenacidad, fortaleza, entrega, coraje y dignidad, para todas y todos los que luchamos por un México sin víctimas.