Ordena el IFAI a la Policía Federal hacer públicos los reportes sobre el desalojo de los normalistas

Redacción

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Policía Federal entregar en versión pública los reportes que elaboró sobre el desalojo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, donde murieron dos jóvenes el 12 de diciembre del 2011.

De acuerdo con la versión online del diario El Universal, la instrucción se dio después de que la PF respondió que los reportes se encuentran reservados con fundamento en los artículos 13, fracción V, y 14, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En el pleno de la IFAI se expuso que la obstrucción de la información podría impedir u obstruir las acciones implementadas por el Ministerio Público, que podrían ser motivo de una averiguación previa en contra de quienes participaron en dicho desalojo.

Debido a un recurso de revisión presentado por el solicitante, el IFAI determinó que la información solicitada, es decir los reportes de la Policía Federal, es pública y deberá entregarse.

El caso fue turnado a la comisionada presidenta, Jacqueline Peschard.

La PF reiteró que los informes se encuentran reservados y que de estos se han desprendido datos que originaron un procedimiento administrativo, como son los recibidos por la Unidad de Asuntos Internos del Órgano Interno de Control (OIC) en la PF y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los cuales también son reservados.

Se informó que la información se clasificó por un periodo de doce años debido a que su difusión “podría generar condiciones para atentar contra la integridad física de los policías federales que actualmente continúan aplicando el operativo “Guerrero Seguro” o contra sus familias, “así como anticiparse, eludir, obstaculizar o bloquear las operaciones de la institución, pues tendrían conocimiento total de las capacidades de la PF para desarrollar sus funciones”.

La comisionada consideró que el periodo de reserva debe ser de seis años o bien cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la misma, sin embargo el comisionado Ángel Trinidad expresó su voto disidente respecto de la reserva de los nombres de los policías que participaron en el operativo, así como de los detalles de las armas y material utilizado, debido a que se trata de un caso de violación grave de derechos humanos, y “como lo estipula el artículo 14 de la LFTAIPG, no se puede invocar dicha causal de reserva”.