Inician proceso de indemnización a las víctimas del caso Tlatlaya

Agencia Reforma

Ciudad de México

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) inició el proceso de reparación integral del daño a los afectados por los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014.
Para ello, expuso, se contempla una compensación de más de 50 millones de pesos que se repartirán entre los familiares de las víctimas.
De acuerdo con el comisionado presidente Jaime Rochín, el monto se distribuirá en un principio entre 13 familias, pues aún hay dos civiles que no han sido identificados.
“Es la primera vez que el Gobierno repara de esta forma a familias por una situación tan grave”, dijo a la agencia Reuters.
El 30 de junio de 2014 murieron 22 personas durante un enfrentamiento con el Ejército. De ellas, 15 fueron ejecutadas por militares, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por estos hechos siete militares fueron consignados, tres de ellos acusados por homicidio.
En un comunicado, la CEAV informó que este proceso se sustenta en la Recomendación 51/2014 de la CNDH, que acreditó violaciones a los derechos humanos por parte de elementos del Ejército.
“De acuerdo a la Ley General de Víctimas, las personas en situación de víctimas tienen el derecho a ser reparadas integralmente por el daño que han sufrido como consecuencia de un delito o violación a los derechos humanos, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”, explicó.
La Comisión precisó que la compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables, que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos.
Para determinar las acciones de reparación, indicó, el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV analiza caso por caso, de conformidad con el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos y tomando en cuenta los criterios y los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Detalló que por protección a la privacidad y seguridad de las familias, los nombres de las personas, las medidas adoptadas y los montos de la reparación serán resguardados de acuerdo a la ley que rige la materia.
“La reparación integral debe expresar el reconocimiento a las víctimas, cuyos derechos han sido violados. De este modo, la reparación es a la vez una obligación del Estado y un derecho de las víctimas”, manifestó