Discutirá la Corte la resistencia de las autoridades a abrir datos

Víctor Fuentes / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia iniciará esta semana su debate más importante en materia de transparencia y acceso a la información pública, desde que el actual sistema entró en operación hace casi una década.
El Pleno de la Corte analizará un paquete de cinco casos en los que definirá varios temas cruciales, entre ellos, si las autoridades tienen el derecho de acudir a los tribunales para oponerse a órdenes de entrega de información emitidas por los órganos de transparencia.
La Ministra Margarita Luna Ramos presentó a sus colegas un proyecto que declara la invalidez del artículo 74 de la Ley de Transparencia de Campeche, que desde 2009 permite a las autoridades de esa entidad impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia las resoluciones adversas de la Comisión.
“Este esquema torna ineficaz la protección del derecho fundamental a la información pública”, afirma el proyecto.
“Someter a un procedimiento tradicional el ejercicio de este derecho, contradice las características de expeditez y de instancia especializada a que se refiere el artículo Sexto de la Constitución”.
A nivel federal, han existido algunas iniciativas para que el Gobierno pueda impugnar las resoluciones del IFAI ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que hasta ahora no han prosperado.
El proyecto de Luna en el caso de Campeche, que ocupa el cuarto lugar en la lista de cinco asuntos, también invalida el artículo 48 de la ley mencionada, en la parte que señala que la autoridad no está obligada a permitir acceso directo al expediente solicitado por el particular, con lo que éste queda obligado a pedir una copia por la que tiene que pagar.
“El derecho a la información pública debe contemplar no solo la posibilidad de obtener informes o fotocopias de documentos, sino la modalidad de la consulta directa por parte de los interesados”, explica el proyecto.
Para la invalidez de los artículos impugnados será necesario el voto de al menos ocho de los 11 ministros.
El primer asunto de la lista es una acción de inconstitucionalidad de la CNDH por una reforma de 2009 al Código Federal de Procedimientos Penales, que establece que las averiguaciones previas son reservadas, y que solo se dará acceso a “versiones públicas” en los casos en que no se ejerza acción penal, transcurrido un plazo de al menos tres años.
Fuentes judiciales informaron que Luna propuso invalidar sólo la parte del artículo 316 del Código que contempla los plazos de reserva, pero no la parte que señala que solo se dará acceso a versiones públicas.
Los otros tres casos que se discutirán son: una contradicción de tesis entre las dos Salas de la Corte, para definir qué tanta información sobre auditorías ambientales a empresas puede entregar la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); un amparo contra la negativa del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas para informar sobre sus ingresos; y otro caso sobre la Ley de Transparencia de Veracruz.

Imputa CNDH a ministeriales muerte de civil

Elementos de la Procuraduría General de la República fueron señalados como responsables por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de matar a golpes a un padre de dos niñas menores de edad, en septiembre de 2010, durante una operación antinarcóticos.
La recomendación 26/2012, dirigida a Marisela Morales, detalla que encontró elementos para responsabilizar a un agente del Ministerio Público y a siete elementos de la Policía Federal Ministerial de los hechos ocurridos en Mexicali, Baja California.