No hay justicia para las víctimas de El Charco a 17 años de la masacre, denuncian en un informe

En el documento, Ericka Zamora que fue torturada después de la matanza, cuando era estudiante de la UNAM, pregunta ¿por qué el gobierno federal ha sido omiso ante esa masacre perpetrada por integrantes del Ejército mexicano?

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Diecisiete años después de la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, donde murieron 11 personas, cinco resultaron heridas –entre ellas un niño de 13 años de edad– y hubo 22 detenidos por soldados del Ejército mexicano, la sobreviviente Ericka Zamora Pardo reveló en un informe elaborado por el organismo de derechos humanos Red Década Contra la Impunidad, que de los 11 muertos, sólo tres murieron en el ataque, y ocho fueron ejecutados por los soldados.
En el mismo documento, la ahora integrante de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad se pregunta: “¿Qué hacía allá el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, responsable de la 27 Zona Militar que se ubica en el Ticuí, municipio de Atoyac de Álvarez, y que se encuentra a más de 100 kilómetros de distancia de Ayutla de los Libres?; y, ¿por qué el gobierno federal ha sido omiso ante esa masacre perpetrada por integrantes del Ejército mexicano?”.
Otra de sus interrogantes es ¿por qué ningún gobernador del estado de Guerrero, desde 1998 a la fecha, ya sea del PRI o del PRD, ha escuchado las voces de los sobrevivientes exigiendo justicia y, por el contrario, han permanecido en un silencio cómplice?
Las interrogantes de quien era estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando ocurrió la masacre, forman parte de un documento en el que la Red Década Contra la Impunidad hace un análisis de esos hechos, con motivo del decimoséptimo aniversario de la masacre que se cumple este 7 de junio, tiempo que no ha sido suficiente para hacer justicia a las víctimas, según se establece en la revisión del caso por la Red Solidaria.
El 6 de junio de 1998, en la Comunidad de El Charco se llevó a cabo una Asamblea donde participaron 40 comunidades na savi, representadas por unas 150 autoridades indígenas pertenecientes a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), dos estudiantes de la UNAM, Ericka Zamora Pardo y Ricardo Zavala Tapia, y el activista social Efrén Cortés Chávez.
Los temas que trataron fueron proyectos productivos y alfabetización. Entre los planteamientos destacó la propuesta de la separación de la región mixteca “autonómicamente y de facto”, para formar un municipio autónomo mixteco.
La Red Década Contra la Impunidad establece que durante la reunión, una columna de un grupo armado llegó a la asamblea y solicitó permiso para estar presente; “al finalizar la asamblea, el grupo rebelde tomo la palabra y comunicó a los reunidos que había una ruptura con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y que se había formado un nuevo grupo rebelde; el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), al que pertenecían”.
El informe agrega que a las 6 de la tarde del primer día de la asamblea, la mayoría de los participantes se retiraron a sus comunidades, y se quedaron a dormir unos 38 representantes indígenas, los estudiantes universitarios y el activista social, así como 10 integrantes del ERPI, que durmieron en las aulas.
Añade el documento que, a las 2 de la madrugada del 7 de junio llegaron los militares disparando y gritando a  través de un megáfono: “pinches indios”, “les vamos a dar su chilate con pan”, “la van a pagar ustedes”, “la escuela está cercada” “ríndanse”, “los vamos a matar”, mientras se escuchaban sonidos emitidos por silbatos.
Los que pernoctaban en las aulas de la escuela preguntaron “quiénes son”, y los soldados respondieron, “es el Ejército”.
Entonces, los indígenas que hablaban español gritaron que la mayoría de los que estaban adentro eran civiles desarmados, pero el Ejército respondió que, “aunque estén desarmados algo tienen que ver con la gente armada”, y lanzaron granadas contra las instalaciones de la escuela primaria. La mayoría de los rebeldes que se quedaron a dormir en uno de los salones logró escapar.
“A Ericka Zamora Pardo le consta que, como resultado de este ataque del Ejército mexicano sólo había tres muertos; los indígenas Honorio García Lorenzo, José Rivera Morales y Ricardo Zavala Tapia, y que se encontraban dentro del salón heridos los indígenas Fernando Félix Guadalupe y Ceferino Damián Marcos, quienes después aparecen ejecutados”.
En el documento elaborado recientemente, otro de los sobrevivientes, Efrén Cortes Chávez sostiene que estaban con vida los indígenas Mauro González Castro, quien era Comisario de la Comunidad de Ahuacachahue, y Apolonio Jiménez García. Asimismo, señala que salieron caminando hacia la cancha Honorio García Lorenzo y Mario Chávez García, en tanto que en el salón quedó herido Fernando Félix Guadalupe, pero después, éstos aparecieron ejecutados.
Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez aseguran en el documento, que los soldados dispararon contra todos los que estaban en la escuela primaria, rendidos, desarmados y tirados boca abajo, a quienes el Ejército les disparó desde el techo de las aulas, donde estaban apostados alrededor de la cancha.
“Después, el Ejército mantuvo a los sobrevivientes en la cancha, tirados, para luego ordenarles a los hombres que se quitaran la camisa. En seguida los llevaron a una ladera que se encuentra alrededor de la cancha, ahí los sobrevivientes se dieron cuenta que todo un perímetro grande, incluida la escuela, estaba rodeado por militares y por gentes que no vestían como militares, sino vestidos de gris, además, había helicópteros y camionetas Hummer”, dice el documento.
Ericka recordó que a ella la interrogó el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, que le preguntó qué hacía en El Charco, así como sobre las personas que estaban ahí y su participación en los colectivos de la UNAM. Además le preguntaron quién estaba involucrado en la guerrilla y sobre la misma guerrilla, para después acusarla: “eres la puta de los guerrilleros, hija de tu pinche madre, tu eres parte de ellos, te vamos a partir tu madre”.
La entonces estudiante recordó que, al frente de los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional se encontraba el comandante de la 27 Zona Militar, Alfredo Oropeza Garnica, y que fue hasta después de dos días, que el Ejército mexicano permitió la entrada de periodistas a la zona, e informaron que el resultado del ataque fue de 11 personas muertas, cinco heridas –entre ellas un niño de 13 años de edad– y que hubo 22 detenidos.
Se menciona en el documento que los sobrevivientes permanecieron hasta las 3 o 4 de la tarde, mientras un helicóptero daba vueltas, llevándose a los heridos y a los muertos. Dice que al final, los sobrevivientes fueron trasladados en un helicóptero rumbo a las instalaciones del Batallón 48 de infantería que está en Cruz Grande, y que iban acompañados por el general Oropeza Garnica y otros militares, que los llevaban esposados y les prohibieron hablar.
Del 48 Batallón de infantería fueron trasladados en camiones militares a la Novena Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, Acapulco.
El informe de la Red Década Contra la Impunidad establece que en las instalaciones de la Novena Región Militar fueron obligados a tomar agua para hacerles exámenes de orina.
Ericka y Efrén recordaron que fueron interrogados, por separado, en los sanitarios, ambos manifestaron que fueron desnudados y torturados toda la noche con descargas eléctricas para obligarlos a firmar una declaración auto inculpatoria, también los indígenas detenidos dijeron que fueron golpeados.
Ericka y Efrén fueron llevados a declarar al Juzgado Cuarto de Distrito el 12 de junio, cuando les informaron que estaban acusados de los delitos de terrorismo, asociación delictuosa, acopio de armas y portación de armas; sin embargo, fueron absueltos de dichos delitos el 14 de junio, lo que motivó que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitara una nueva orden de aprehensión por rebelión, conspiración e invitación a la rebelión, misma que fue girada por la Juzgado Segundo de Distrito, delitos por los que les dieron auto de formal prisión, y posteriormente fueron sentenciados a cinco años de prisión.
El 8 de mayo de 2002, los detenidos promueven un amparo directo, último recurso jurídico al que tienen derecho, mismo que se resuelve el 30 de mayo resultando absueltos de todos los delitos.