Piden ONG a Estados Unidos no entregar a México el 15 por ciento de la Iniciativa Mérida que aún falta

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos y México, entre ellas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, enviaron al Departamento de Estado y al Congreso de Estados Unidos información que evidencia el incumplimiento del Gobierno mexicano a los requisitos en materia de derechos humanos reconocidos en la Iniciativa Mérida.
El objetivo, –dice un documento enviado por Tlachinollan–, es para que Estados Unidos suspenda el apoyo a México en materia de la guerra contra el narcotráfico, por el incumplimiento de estos acuerdos, en el marco de la cooperación binacional en materia de seguridad frente al crimen organizado.
“En el documento las organizaciones mostramos que México no ha cumplido ninguno de los cuatro requisitos sobre derechos humanos establecidos en la Iniciativa, por lo que consideramos que el Congreso de Estados Unidos no debe entregar el 15 por ciento de los fondos que están condicionados al cumplimiento de estos criterios, pues su entrega transmitiría el mensaje de que Estados Unidos aprueba las graves violaciones de derechos humanos cometidas en México”, el comunicado enviado por Tlachinollan ayer.
Recuerdan que los cuatro requisitos del Plan Mérida son: garantizar que los agentes del ministerio público y las autoridades judiciales civiles investiguen y juzguen a los policías federales y los militares contra quienes existan denuncias creíbles de violaciones de derechos humanos; hacer cumplir la prohibición de utilizar aquellas declaraciones que se obtengan mediante tortura.
Asimismo, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales federales y trabajar con las autoridades de los estados y municipales para reforzar estos valores en las fuerzas policiales de los estados y municipales. Además consultar periódicamente a organizaciones de derechos humanos de México y a otras organizaciones de la sociedad civil para que formulen recomendaciones sobre la implementación de la Iniciativa Mérida.
Pero el documento dirigido a la secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, y otros altos funcionarios del gobierno estadounidense, manifiesta que “de acuerdo a la investigación llevada a cabo por nuestras respectivas organizaciones, México no cumple de manera efectiva ninguno de estos requisitos, especialmente los relacionados con el juzgamiento de abusos  por parte de militares y hechos de tortura”.
También establece que en cuanto a la investigación y el juzgamiento de los abusos militares, “basta recordar que desde 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 4 mil  denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas”.
Y agrega que estas violaciones a los derechos humanos han sido conocidas por el fuero castrense pues hasta la fecha no se ha reformado el Código de Justicia Militar, pese a las cuatro sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan a ello.
Tlachinollan informó ayer que la entrega de memorándum por parte de las organizaciones defensoras de  derechos humanos, se da a unas semanas de que el Departamento de Estado de Estados Unidos presente su tercer informe al Congreso estadounidense, en donde evaluará respecto al cumplimiento del Gobierno mexicano de los requisitos sobre derechos humanos mencionados en la Iniciativa Mérida.
Se informa que el memorándum con la información también fue enviado al subsecretario de Estado, William Burns; a la subsecretaria de Estado para la Democracia y Asuntos Globales, María Otero; a la Subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson; al Subsecretario de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Michael Posner; al Subsecretario para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, William Brownfield y al Embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, entre otras autoridades.
Las organizaciones que enviaron el documento son Amnistía Internacional; Human Rights Watch (HRW); Robert F. Kennedy Center for Human Rights; Latin America Working Group (LAWG); Washington Office on Latin América (WOLA); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.