Llama la CNDH a ombudsman estatales a mantenerse independientes de los gobiernos

Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), convocó a sus homólogos estatales a sumar sus esfuerzos para lograr autonomía e independencia de los gobiernos de las entidades.
Al inaugurar en Villahermosa el 42 Congreso Nacional Ordinario y la Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), urgió a un fortalecimiento y ejercicio responsable de la autonomía y atribuciones constitucionales para que los organismos defensores de derechos humanos consoliden su reconocimiento y legitimidad, así como para reafirmar el sistema no jurisdiccional para proteger las garantías individuales.
“La autonomía e independencia de nuestras acciones no pueden estar al arbitrio de uno u otro gobierno o autoridad, pues son un mandato constitucional y tienen que ser ejercidas plenamente en la práctica”, recalcó.
Por ello, Luis Raúl González pidió a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos articular los esfuerzos para que la autonomía que les confiere la Constitución sea una realidad que trascienda el ámbito normativo.
Destacó que ahora las cuestiones de derechos humanos han dejado de tener una dimensión local y tienen una internacional.
El ombudsman también exhortó a los presidentes de organismos defensores de derechos humanos a sentar bases para elaborar una diagnóstico nacional en la materia para ofrecer a la sociedad un informe concreto que sea un insumo útil para la toma de decisiones, como para el diseño de políticas públicas.
Por otra parte, el presidente de la CNDH pidió un consenso para un pronunciamiento en defensa del derecho a la educación de calidad.
“Sólo mediante la vigencia y ejercicio del derecho que asiste a todos los mexicanos de acceder a una educación de calidad y con los alcances y términos previstos por el artículo tercero de nuestra Constitución, podremos adquirir conocimiento y principios necesarios para que se desarrolle una cultura cívica y jurídica que propicie el que vivamos en un verdadero estado de derecho”, puntualizó.
“Todo interés particular o discrepancia debe ser tratado y resuelto por las vías institucionales pertinentes y los derechos de todas las personas deben ser defendidos y reconocidos, pero ello no es argumento para que se afecte o condicione el goce o ejercicio legítimo que los demás hagan de sus derechos, como lo es el derecho a la educación”. (Carlos Marí / Agencia Reforma / Villahermosa).