Considera la CNDH incompleta la investigación del caso Tlatlaya

*A un año de la ejecución extrajudicial de 12 personas, sólo ocho están incluidas en el proceso penal

Diana Baptista / Agencia Reforma

Ciudad de México

A un año de la ejecución extrajudicial de 12 personas en Tlatlaya, Estado de México, sólo ocho están incluidas en el proceso penal, señaló ayer Enrique Guadarrama, segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Indicó que el organismo busca justicia para todos los casos en el litigio de la PGR contra los militares inculpados.
“Se tienen acreditados 12 de los casos (de ejecución extrajudicial), y en tres se tiene la presunción de que se dieron en ese supuesto. El dato que tenemos es que el proceso se sigue por el homicidio sobre ocho de las personas, y es uno de los puntos en los que estamos haciendo seguimiento”, dijo en entrevista.
Como responsable del seguimiento a la Recomendación 51/2014, Guadarrama informó que la CNDH presentó tres denuncias y tres quejas ante la PGR, la Defensa Nacional y el gobierno mexiquense.
Respecto del avance en las averiguaciones contra militares y funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, señaló que se encuentran en trámite y ninguna ha concluido.
En cuanto a la reparación del daño provocado a las tres sobrevivientes, quienes presuntamente fueron torturadas por agentes de la Procuraduría estatal, apuntó que han recibido atención médica y psicológica, y que aún no puede darse por concluida.
“Insistimos en que esa atención que se dé a las víctimas tenga como resultado que, efectivamente, recuperen la parte psicológica, y no depende de un número determinado de terapias, debe ser la víctima quien determine que ya se siente bien”, agregó.
Asimismo, dijo, se trabaja en las indemnizaciones que recibirán las víctimas a través del gobierno estatal y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En referencia a hechos como los ocurridos en Tanhuato y Apatzingán, donde fallecieron civiles en supuestos enfrentamientos con fuerzas de seguridad, Guadarrama insistió en la necesidad de que los agentes del Estado respeten el uso proporcional y racional de la fuerza pública.