Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

Ortega: se desconfía de las instituciones porque está infiltrada la delincuencia

*Responde así el gobernador a los reclamos de los familiares de los dos médicos y dos profesionistas que rechazan la conclusión del fiscal de que ya están muertos

*Espera absoluta pulcritud en los estudios de la Fiscalía y la PGR  y que los resultados sean satisfactorios para los agraviados, dice

*Urge el Congreso a Godínez a buscar con vida a los cuatro desaparecidos

*Debe ser removido “por su ineptitud”, insisten los familiares

Ortega: la desconfianza de la sociedad, por la penetración del crimen en las instituciones

*Plantea el gobernador que se hará “un segundo, un tercero y un cuarto” análisis de ADN a los cuerpos de los dos médicos y dos profesionistas desaparecidos

Anarsis Pacheco Pólito y Oscar Ricardo Muñoz Cano

Chilpancingo

El gobernador Rogelio Ortega Martínez reconoció que la población guerrerense desconfía de las instituciones publicas desde que se dio a conocer que el crimen organizado las penetró.
“Desde el momento que se hace evidente que el crimen organizado penetró a las instituciones, desde el momento que sabemos que hay políticos corruptos la sociedad desconfía de las autoridades”, señaló.
Consultado al término de la presentación del libro Guerrero lo mejor, sobre la solicitud de los familiares de los médicos desaparecidos desde el viernes 19 de  junio para que la Procuraduría General de la República (PGR) realice el análisis de ADN a los cuerpos encontrados en la comunidad de Santa Bárbara, dijo que “si una instancia realizó un peritaje y no es satisfactorio para los familiares, entonces que se acuda a un segundo, a un tercero y un cuarto”.
Agregó que si a los familiares no les satisface un estudio, se deben de hacer todos los necesarios, y mencionó que de lo que se trata es de “siempre estar del lado de quienes tienen el duelo, la incertidumbre de quienes tienen el sentimiento de tener a familiares en situación de retenidos, secuestrados”.
Dijo que  la Fiscalía General del Estado (FGE) debe continuar “indagando” sobre los hechos, junto con la PGR, para dar resultados satisfactorios a los familiares.
El gobernador aseguró que respeta la independencia de la fiscalía, por lo que dijo que él solo lo que tiene que hacer es estar “del lado del pueblo, de lado de la sociedad acompañando y siendo solidario con los familiares”.
Dijo que respaldará a los familiares de los médicos y profesionistas desaparecidos en la ruta que ellos decidan y se les sugiera tomar, ya que mencionó que están siendo asesorados, por lo que espera que le digan cómo puede ayudarlos.
“En las rutas que ellos siguieran y en los procedimientos que sus propios asesores les indiquen, para que junto con los poderes Legislativo y Judicial podamos sugerir a la fiscalía”, explicó.
Ortega Martínez aseguró que estará pendiente del proceso que realicen la Fiscalía del estado y la PGR, que espera tengan absoluta pulcritud, y que los resultados sean satisfactorios para las familias agraviadas.
Señaló que como institución el trabajo que se debe de realizar diariamente es que la sociedad recupere la confianza en las instituciones y en los políticos.
“Por eso el trabajo que yo he realizado todos los días es escuchar mucho y dialogar mucho”, comentó.
Agregó que por ello durante su gobierno ha sido sumamente tolerante con todos los liderazgos sociales y ha mantenido un “diálogo abierto y permanente con la sociedad civil organizada”,  para recuperar  la confianza de los guerrerenses en las instituciones.
Durante la presentación del libro Guerrero lo mejor, la tarde de ayer en el auditorio Sentimientos de la Nación de la capital, el gobernador recalcó que los hechos que se suscitaron en Iguala son una prueba más para el pueblo de Guerrero y que las crisis son oportunidades.
“Yo espero que ahora que le entreguemos la estafeta al licenciado (Héctor) Astudillo podamos decir que de la tragedia de Iguala, de esta profunda crisis que vivimos como nunca se ha vivido en los últimos cien años… salgamos fortalecidos, muy unidos y en paz para que quienes vengan a gobernar lo hagan con entera vocación de servir al pueblo”, expresó.
Ante más de un centenar de personas que se dieron cita en el lobby del auditorio indicó que “yo le pedí a Héctor Astudillo que trabajemos ya en estos cuatro meses para que comencemos a atender ya lo que va a ser su equipo de trabajo y el nuestro y podamos solicitarle a la federación eso que ofreció el presidente de la República: un trato especial para los que menos tienen”.

Urge el Congreso al fiscal Godínez a buscar con vida a los cuatro profesionistas desaparecidos

*Critica el coordinador de los diputados del PRD, Bernardo Ortega, la ineficiencia de las autoridades del estado para garantizar la seguridad de la población

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

El pleno del Congreso Local aprobó por unanimidad un exhorto al Fiscal General del Estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, para agilizar y “profundizar de manera expedita” la búsqueda y localización con vida de dos médicos, un trabajador administrativo de la jurisdicción sanitaria 07 y un administrador de empresas empleado de un banco, desaparecidos desde el 19 de junio.
En la sesión nocturna de ayer, el presidente de la Comisión de Gobierno, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, subió a tribuna e hizo el exhorto a nombre del Poder Legislativo, luego de que el lunes familiares de los profesionistas desaparecidos se reunieran con diputados, a quienes solicitaron que llamaran a comparecer al fiscal del estado para que explique las inconsistencias en que ha caído en el caso.
Durante su intervención, Ortega Jiménez aseguró que ante la desaparición de estas cuatro personas, “las y los guerrerenses no podemos permitirnos en ningún momento y bajo ninguna circunstancia perder la capacidad de asombro y dejar que estos reprobables hechos se conviertan en parte de las estadísticas de lo que parecen ser hechos ordinarios en nuestro estado”.
Indicó que los médicos Marvin Hernández Ortega y Raymundo Tepeque Cuevas; el trabajador administrativo de la jurisdicción sanitaria 07, Julio César Mejía Salgado, y el administrador Osvaldo Ortega Saucedo, fueron víctimas de un hecho “que creemos que nunca nos va a pasar”.
Explicó que el incremento de los niveles de violencia e inseguridad, “producto de la descomposición del tejido social y la falta de una mayor eficiencia de las autoridades encargadas de administrar justicia”, han generado un clima de desconfianza en la población.
“Pareciera que la delincuencia ha rebasado materialmente a la autoridad local, en ese aspecto, el de la eficacia y responsabilidad institucional, debemos señalar que los familiares no cuentan con la certeza suficiente para mantener la esperanza de encontrarlos con vida, porque la autoridad no ha sido capaz de brindársela”.
Dijo que la exigencia de celeridad y eficiencia en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) es legítima, sobre todo por la presunción de que existen irregularidades en la labor de las autoridades responsables.
“Los familiares dicen que se han cometido deficiencias e irregularidades que alientan la presunción de un enrarecimiento de la investigación que en nada ha contribuido a la búsqueda de las víctimas y mucho menos a una averiguación real y transparente que conduzca al esclarecimiento de los hechos”.
Ante esta situación, Ortega Jiménez manifestó que “no podemos ser indolentes, las cuatro familias abatidas por la desaparición de sus familiares no merecen humanamente ser objeto del desinterés de ninguna autoridad”.
Por esta razón exhortó al fiscal Miguel Ángel Godínez para que, en pleno uso de sus facultades, impulse las acciones y procedimientos necesarios y suficientes para agilizar y profundizar “de manera expedita la tarea de búsqueda con vida de los cuatro profesionistas, ofreciendo certeza  y seguridad a los familiares”.
Se sumó a la exigencia de agotar todas las instancias para buscar a los cuatro desaparecidos y encontrarlos con vida, en lugar de que la autoridad pretenda declarar su muerte. El acuerdo fue aprobado por unanimidad.
Por separado, el Comité Ejecutivo Estatal del PRD manifestó su respaldo y solidaridad a “todos aquellos que han sido afectados por la ola de delincuencia e inseguridad que aqueja a nuestro estado,  particularmente  a familiares, amigos y compañeros de trabajo del personal de la Secretaría de Salud  de nuestro estado, quienes en días pasados fueron privados de su libertad”.
A través de un comunicado, el PRD aseguró que toda privación de la libertad o pérdida  humana es lamentable, por lo que anunció que se suma al movimiento y demandas de los trabajadores del sector salud.
El PRD exigió el esclarecimiento de la desaparición de los cuatro profesionistas, su presentación con vida y  “de los dos trabajadores que aún se encuentran en calidad de desaparecidos desde hace mas de dos años”, así como garantizar la seguridad de los trabajadores del sector salud y de toda la población guerrerense.
La dirigencia estatal del PRD indicó que es obligación del Estado mexicano garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, “la violencia es inadmisible venga de donde venga, y no debemos acostumbrarnos a ella. Nadie tiene el derecho de decidir sobre la vida de un ser humano”.

El fiscal debe ser removido “por su ineptitud” insisten familiares de los cuatro desaparecidos

*Que se contrasten los estudios de la Fiscalía con los de “otras instituciones e inclusive la posibilidad de los forenses argentinos o algún otro perito a propuesta de las familias”, demandan en un escrito ante el Congreso local. Reiteran su petición de una Fiscalía especial o que el caso lo atraiga la PGR

Redacción

Familiares de los dos médicos, un trabajador administrativo de la Jurisdicción 07 y un empleado de un banco que se encuentran desaparecidos desde el 19 de junio, entregaron una documento a la Comisión de Gobierno del Congreso local, donde rechazan la version de la Fiscalía General del Estado que determinó que los cuerpos presentados en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, el pasado sábado 27, sean de sus familiares.
En el escrito afirman que sólo al fiscal Miguel Ángel Godínez “no le quedó claro que nuestra postura es que los cuerpos no corresponden a nuestros familiares, que sus estudios deben ser contrastados con otras instituciones e inclusive la posibilidad de los forenses argentinos o algún otro perito a propuesta de las familias”.
En el documento demandan crear una Fiscalía especial “para atender los casos de nuestros desaparecidos o a propuesta del gobierno del estado y familiares”, que el Congreso local llame a comparecer al fiscal y que una comision de padres de los desaparecidos esté presentes para aportar elementos que contribuyan a la valoracion de su desempeño.
Este lunes, familiares de los cuatro desaparecidos, entre ellos el profesor Romualdo Hernández Alvinez, se reunieron con los integrantes de la Comisión de Gobierno en Chilpancingo, a quienes le manifestaron las opiniones que este martes concretaron en el escrito. El presidente y diputado del PRD, Bernardo Ortega Jiménez les pidió ese día formalizar su petición.
Otra de las demandas planteadas en el encuentro y que apareece en el escrito, es que el fiscal Miguel Ángel Godínez sea removido de su encargo “por su falta de profesionalismo, ineptitud y la falta de resultados contundentes”.
El documento fue entregado en las oficinas del diputado Ortega, quien no se encontraba para recibirlo.

El escrito

El documento detalla los antecedentes del viaje que Marvin Hernandez Ortega y Raymundo Tepeque Cuevas, quienes se desempeñan como medicos adscritos al hospital básico comunitario en el municipio  de Petatlán, en la Costa Grande, emprendieron el 18 de junio desde Acapulco hacia Chilpancingo, para hacer trámites ante la Secretaría de Salud para la regularizacion de sus plazas.
El documento es explícito en los detalles de la ropa que llevaban y en los objetos que portaban. Narra tamién la búsqueda a partir del 18 de junio, cuando éstos no regresaron a sus hogares, lo mismo que los de José Osvaldo Ortega Saucedo y Julio César Mejía Salgado.
Cuentan la búsqueda que comenzaron a hacer de los desaparecidos en los Semefos, los trámites para localizar y recuperar el auto en el que se trasladaron a la capital, la desatención que padecieron en los ministerios públicos y las reuniones que consiguieron con el fiscal Godínez, con el gobernador Rogelio Ortega y las gestiones ante la PGR para demandar la búsqueda.
Revelan las causas que los llevaron a rechazar los cuerpos de cuatro personas que fueron llevadas al Semefo de Chilpancingo, y de cómo la Fiscalía intentó manipular y engañar para presentarlos como los restos de sus familiares, con información falsa y errónea.

Las irregularidades

En el relato afirman que “fuimos sujetos de violacion a nuestro derecho de un debido proceso al negarse las diferentes agencias del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado a integrar la averiguacion por la desaparicion de nuestros familiares”.
Demandan que se acumulen en un sólo expediente todas las indagatorias y que se les proporcionen copias certificadas y simples del expediente, pues el que se les entregó está incompleto, no contiene los informes de los estudios del perfil genético, resultados del ADN “y omiten una serie de actuaciones que hemos hecho en el mismo”.
Destacan anomalías como “informacion contradictoria sobre el hallazgo de las credenciales de elector de Marvin Hernandez y José Osvaldo Ortega y la siembra de las credenciales en los cuerpos presentados, así como que la escena donde se identificó el automovil no se apegó a los protocolos correspondientes.
Señalan que de las operaciones de la Fiscalía, “a los familiares no se nos ha proporcionado informacion alguna, si han entrevistado a personal de las llamadas policias comunitarias, interrogatorios, recorridos, inspecciones de lugares, detenciones, líneas de investigacion; en una palabra, que se haya realizado una investigacion profesional, oportuna y eficiente”.
Denuncian una campaña mediática del fiscal para presentar la versión oficial como concluyente, por lo cual contestaron con este relato de hechos.
“Rechazamos contundemente que los cuerpos presentados por la Fiscalía el 24 de junio del año en curso sean de nuestros familiares” y por el contrario, dicen que reforzarán la búsqueda con vida de los desaparecidos.
Asimismo, demandan que se nombre un fiscal especial para atender el caso o se atraiga la demanda por la PGR.
Reiteran su petición de estudios forenses comparativos, e inclusive que se designe un perito en la materia en representacion de los familiares, “que nosotros mismos definamos”.

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