Interrumpen sesión de la Corte para exigir trato igualitario a cómplice en el caso Cassez

Agencia Reforma

Ciudad de México

La esposa de un secuestrador condenado a 113 años de cárcel interrumpió ayer la sesión pública de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, a la que reclamó por no liberar a su marido, pero sí haber beneficiado a la francesa Florence Cassez.
Se trata de la esposa de Hugo Martínez Gorostieta, cabecilla de la banda Los Wonders, desarticulada en 2008, que operaba en Tlalpan y Xochimilco, y se distinguía por mutilar dedos de sus víctimas para presionar a sus familiares.
El amparo directo en revisión de Martínez era el penúltimo de los 77 asuntos de la lista de la sesión, y cuando se dio lectura al resolutivo que desechó el recurso por improcedente, la mujer empezó a hablar en voz alta y a reclamar lo que ella consideró un trato diferenciado con Cassez, liberada en 2013 por la misma Sala de la Corte.
Aunque no estaba gritando, sí interrumpía, por lo que el Presidente de la Sala, Alfredo Gutiérrez, la dejó que siguiera reclamando y posteriormente reanudó la sesión.
La esposa de Martínez permaneció en la Sala y salió al final de la sesión, sin que tuviera que intervenir el personal de seguridad. Este tipo de incidentes son poco frecuentes en la Corte.
El caso de Martínez ya había sido revisado por los ministros en mayo de 2014, cuando se le concedió un amparo que tuvo por efecto eliminar su confesión, ya que la Corte determinó que elementos de la Policía Ministerial del DF incurrieron en múltiples irregularidades durante su detención, atrasaron indebidamente su puesta a disposición ante el Ministerio Público, y éste lo mantuvo incomunicado y sin defensa.
La Corte también ordenó eliminar reconocimientos que hicieron de Martínez una víctima y dos quejosos y pruebas obtenidas de un teléfono celular.
El expediente volvió al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que el pasado 18 de noviembre confirmó la condena de 113 años contra Martínez, 56 años y 8 meses por cada uno de los dos secuestros que se imputaron, ya que la Procuraduría capitalina aportó otras pruebas que permitieron sostener la acusación, mas allá de que la detención fue ilegal.
Martínez impugnó de nuevo ante la Corte, pero esta vez, los ministros consideraron que ya no había ningún tema de interpretación Constitucional que ameritara su intervención.
Cabe recordar que en el asunto Cassez, 3 de los 5 ministros de la Sala ordenaron su libertad por considerar que el montaje armado para difundir por televisión su captura, vició el juicio posterior en su contra, en el que fue condenada a 60 años de cárcel.