Familiar cuestiona la actuación del fiscal en el caso de los cuatro desaparecidos

Señor director:

Mucho agradeceré la publicación de la presente. Gracias.
El viernes 19 de junio de 2015, Marvin Hernández Ortega, José Osvaldo Ortega Saucedo, Julio César Mejía Salgado y Raymundo Tepeque Cuevas cuatro jóvenes profesionistas desaparecieron en la carretera federal 95, después de visitar a familiares en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero. Días después, se encontró el automóvil en el que viajaban, con disparos de calibre .22, en su mayoría intacto e incluso con las llaves puestas.
De inmediato, los familiares levantaron las denuncias ante las autoridades correspondientes, exigiendo también la localización inmediata de los cuatro profesionistas, y esto no solo de manera declarativa, sino con la exigencia del derecho que asiste a todos los ciudadanos.
El jueves 25 de junio, los familiares de las víctimas acudieron a las instalaciones del Semefo en Chilpancingo, a petición de la autoridad, por el hallazgo de cuatro cadáveres en Santa Bárbara, municipio de Acapulco, quienes probablemente serían los profesionistas desaparecidos.
La irregular y deficiente actuación de la Fiscalía General del Estado, en todas sus instancias, desde el tortuoso camino para interponer una denuncia hasta la hora de buscar el paradero de las víctimas una vez reportada su desaparición, la mala diligencia en la determinación de la identidad de los cadáveres encontrados en Santa Bárbara, la ausencia de información sobre el desarrollo de las investigaciones y el trato dado a los familiares durante el proceso de búsqueda de la verdad han provocado en ellos un gran sufrimiento y angustia.
El fiscal no debe olvidar que a partir de la desaparición de estos jóvenes es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares directos de estos profesionistas. El derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de sus familiares a obtener el esclarecimiento de los hechos delictivos así como las responsabilidades correspondientes, a través precisamente de la investigación y el juzgamiento de los responsables. Las afectaciones a los familiares directos continuarán integralmente, mientras persistan los factores de impunidad verificados en este caso, pues hasta ahora la Fiscalía no ha presentado un solo indicio que los lleve a dar con los probables responsables de estos delitos.
La Fiscalía tiene el deber de garantizar los derechos de las víctimas a través de la prevención e investigación diligente de la desaparición. Esto obliga al Estado a adelantar investigaciones serias y efectivas para determinar su suerte o paradero, identificar a los responsables y, en su caso, imponerles las sanciones correspondientes. El desconocimiento del destino de los cuatro profesionistas, su paradero o el de sus restos, se mantiene hasta el día de hoy, sin que haya habido una investigación efectiva para averiguar lo sucedido, lo que hace evidente el incumplimiento de este deber. Esto sería suficiente para afirmar que en este caso el Estado no ha garantizado efectivamente los derechos de sus ciudadanos.
La investigación de estos hechos es sólo un medio, no un fin en sí mismo, pero no por ello el deber de investigar debe ser emprendido como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, como lo han dejado ver los elementos de la Fiscalía mostrando el hastío de siempre y la negligencia que los ha caracterizado; los crímenes que se cometen en nuestra entidad no pueden ser sólo una estadística para quienes se encargan de la procuración de justicia.
Cada acto desplegado por la Fiscalía en el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica: dar con el paradero de Marvin Hernández Ortega, José Osvaldo Ortega Saucedo, Julio César Mejía Salgado y Raymundo Tepeque Cuevas. La determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura y enjuiciamiento y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos será la forma en que la Fiscalía rinda cuentas a los ciudadanos, principalmente a los familiares de las víctimas de los delitos que se cometieron ese negro viernes 19 de junio.
Que no olvide el fiscal que la impunidad es la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos, en este caso, de cuatro profesionistas que se dedicaban a brindar, cada uno desde su particular manera, servicios a las comunidades guerrerenses. El crimen y la impunidad con que éste opera es una realidad que al parecer todos vemos menos las instituciones. Que no lo olvide el señor Fiscal: nosotros los seguimos buscando.

Alejandro Paul Hernández Naranjo