Insuficiente la renuncia de los funcionarios estatales, señalan Tlachinollan y la Redgro

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachino-llan, Vidulfo Rosales Sierra, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, declararon ayer que no basta la renuncia del procurador de Justicia, la del secretario de Seguridad Pública y la del subsecretario de Prevención y Operación Policial. “Yo creo que con la renuncia de los tres funcionarios no se resuelve nada todavía, porque el asesinato de los dos estudiantes es un crimen de lesa humanidad, un crimen de Estado, por consiguiente, de acuerdo al derecho internacional y las leyes de nuestro país, debe cumplirse con la verdad, justicia y la reparación del daño”, dijo Rosales Sierra. Agregó que si bien los funcionarios renunciaron o fueron destituidos, “todavía no sabemos qué pasó, quién ordenó estos crímenes”. Dijo que por ello los responsables, además deben de llevarse ante la justicia, deben sancionarse conforme a derecho y debe haber una reparación del daño y un reconocimiento como estudiantes y como víctimas del delito, “porque hasta ahorita todavía no hay, si tú vas a la Procuraduría, los estudiantes siguen siendo delincuentes”. Dijo que eso en un Estado de derecho no debe de prevalecer por lo que debe llegarse más a fondo. Luego dijo que el Congreso “debe demostrar que hay equilibrio de poderes y si no va a iniciar un juicio político al gobernador, por lo menos debe llamar al procurador para que se esclarezca qué realmente pasó”. Añadió que alguien tiene que dar cuentas de estos hechos, “porque la ciudadanía debe de saber cuál fue el motivo de esta represión, por qué el asesinato, por qué la Policía Ministerial reaccionó de esa forma, qué órdenes tenía, de quien vinieron esas órdenes, de eso alguien tiene que responder en el Poder Ejecutivo”, indicó. Por su parte, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, dijo que quien debe ser enjuiciado es el gobernador, “al fin de cuentas es el que ejerce el Poder Ejecutivo en Guerrero, por lo tanto no basta con el despido de estos funcionarios”. Dijo que para poder resarcir el daño a la sociedad debe haber un juicio político a Ángel Aguirre, y adelantó que de preferencia se debe llegar hasta su inhabilitación como responsable intelectual de las dos muertes. “Yo creo que el despido o la renuncia no cubre la pérdida de dos vidas, y en este sentido a nosotros, como organismo de derechos humanos, no nos satisface esa respuesta, porque al fin de cuentas Alberto López Rosas ya estaba pensando en renunciar para participar como candidato a la senaduría de la república, entonces para nosotros esto le favorece para su renuncia e inmediatamente comenzar a buscar la candidatura, por eso nosotros decimos que no basta con esta renuncia porque esto no es el precio que se le puede poner a la vida de dos jóvenes”. Olivares Hernández demandó también la intervención del Congreso local para que realice una investigación al gobierno de Aguirre Rivero, pero dijo que también recurrirá al Congreso de la Unión para que, de ser posible, se realice un juicio político al gobernador directamente.