Piden ONG que el Senado ordene a la PGR indagar a mandos por lo de Tlatlaya

*También solicitan a senadores presionar al Ejecutivo para que emita un plan calendarizado con la finalidad de regresar al Ejército a sus cuarteles

Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México

Organizaciones no gubernamentales pidieron al Senado que exija a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar la cadena de mando de los militares involucrados en el caso Tlatlaya.
Durante un foro sobre las fuerzas armadas, convocado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, los activistas demandaron a los legisladores solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la revisión de las órdenes que ha dado a sus soldados, para “abatir delincuentes en la oscuridad”.
“Que el Senado le pida a la PGR investigar la cadena de mando, vinculada con quienes emitieron este informe”, aseguró Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Los integrantes de las organizaciones civiles pidieron al Senado presionar al Ejecutivo para que emita un plan calendarizado, con la finalidad de regresar al Ejército a sus cuarteles.
“La solución es establecer cuanto antes un plan de salida del Ejército, un plan del Ejército de regreso a sus cuarteles”, señaló José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
“El propio secretario de la Defensa dijo que la vocación del Ejército no es estar en las calles, construyamos un plan de salida, serio, programático, porque el regreso de los militares a los cuarteles es algo que se anunció desde que empezó el sexenio”, agregó Patrón.
Por otro lado, los defensores de derechos humanos advirtieron a los senadores sobre el riesgo de que el Congreso acepte legislar sobre la actuación de las fuerzas armadas, con la única intención de legalizar conductas que atentan contra los derechos humanos.
“Eso sería muy peligroso, no es el rol que les corresponde (a los militares), no es la seguridad pública del día a día. No debemos legalizar algo que no tiene un marco adecuado ni mecanismos de rendición de cuentas”, alertó Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional (AI).
“No se trata de dar un marco normativo para legalizar lo que ha puesto en riesgo a los derechos humanos”, coincidió Patrón.
El representante de AI aseguró que la presencia de los elementos castrenses no ha servido para disminuir los índices de delincuencia, inseguridad o impunidad.
“Se trata de saber si una política de mano dura, en donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay pesos y contrapesos, es efectiva para brindar mayor seguridad a la población en general”, abundó.
Quiroz lamentó que la PGR no haya avanzado en investigaciones relacionadas con el caso Tlatlaya o con el asesinato de estudiantes del Tec de Monterrey, cometido por militares hace ya cinco años.
Guevara Bermúdez aseveró que ante la impunidad, provocada por las propias instituciones, México requiere de colaboración internacional para poder juzgar a los elementos de las fuerzas armadas que han participado en violaciones a derechos humanos y delitos contra civiles.
“Que se busquen alternativas de cooperación internacional, por ejemplo, la Corte Penal Internacional o una comisión para combatir la impunidad, como lo que ha hecho Guatemala”, agregó.
Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), urgió al Congreso y al Ejecutivo a tomar medidas para profesionalizar de una vez por todas a las policías, para que puedan cumplir con sus funciones, hoy en manos de los militares.
El foro fue convocado y moderado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña.