Resistencia a la transparencia y burocracia en Sagarpa retrasan apoyo a productores, afirman

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la delegación de la Sagarpa hay resistencia a transparentar el ejercicio del presupuesto destinado a un programa de maíz y frijol, pese las irregularidades señaladas por líderes de organizaciones.
El director de la Universidad Campesina del Sur, Carlos García Jiménez, denunció que el delegado Carlos Alberto Hernández Sánchez se negó a aceptar la contraloría social que acordaron formalmente con los gobiernos federal y estatal el año pasado, y que reinstaló la semana pasada el delegado de Secretaría de Gobernación, Erick Castro Ibarra, en su presencia: “fue como negar a su jefe inmediato”.
Pese a que dijo que va a apoyarlos sin reconocer la figura ciudadana de control y vigilancia -que ya se incluyen en todos los programas federales-, tampoco les dio información sobre el presupuesto del programa de incentivos a productores de maíz y frijol, cuánto se ha ejercitó, en dónde, cuánto falta por aplicar y a quién se le va a distribuir.
A la fecha, productores de maíz están urgiendo la entrega de insumos agrícolas del Programa de Incentivos de Maíz y Frijol (PIMAF), particularmente del fertilizante químico, antes de que sea tarde para la siembra dentro del periodo de lluvias.
El dirigente del Grupo Sierra, Severo Oyorzabal, consideró que el funcionario tiene miedo y pretende dividir al Frente Popular para el Desarrollo del Estado de Guerrero, para evitar el seguimiento del programa, pero advirtió que les va a salir más caro.
“Están hablando con el Congreso Agrario Permanente (CAP), al rato con otra organización, pero está mal. Le digo al delegado que no tenga miedo, el mismo sabe que lo tienen amarrado de los calzones desde México, y de México no le cumplen”.

Paquetes incompletos e insumos caros

El consultor, Antonio Colín Ramírez, explicó que pidieron una controlaría del PIMAF, porque el año pasado los paquetes de 2 mil 500 pesos por hectárea llegaron incompletos.
Antes las irregularidades, dijo que van a fomentar que se levanten actas desde la comunidad, “para ir empujando esto como marea, hay resistencia en las dependencias, (porque) en este trayecto desde México llegan (los programas) con algunas condiciones de beneficios y en la medida que llegan a los pueblos, no llega completo”.
En consulta telefónica por separado, los tres expresaron su interés por reducir la corrupción.
García Jiménez señaló que desde la compra de los insumos del PYMAF hay irregularidades porque son muy costosos para ser ventas de mayoreo, y a las organizaciones les ponen mil trabas para entrar al programa: “prefieren dar apoyo a los que gritan, a los que se enojan y dejar al resto sin nada”.
Oyorzabal Díaz aclaró que el PYMAF es efectivo, pero los requisitos son excesivos y es pertinente analizar, corregir y verificar los padrones, gobierno y organizaciones, para dejar sólo a los verdaderos productores “porque entre la corrupción y la pobreza, hace que ocurran muchas cosas”.
Entre los requisitos piden copia de la CURP, constancia de domicilio, constancia de la sierra, carta de decir verdad, que no se recibe apoyos de otro programa, llenar cuatro formatos, uno por uno, “luego que no son cuatro, que son ocho”.
Y este año, “para que no nos metan gol”, las solicitudes no solo deben ir firmadas por el presidente del comisariado de Bienes Comunales, también del secretario y el tesorero del núcleo agrario, y el presidente del Consejo de Vigilancia.
“Una lata de todos los diablos y alguien tiene que hacerlo”, en este caso, los técnicos de organizaciones “que andan vueltas y vueltas a la comunidad”.

Casos de corrupción

Reconoció que hay quienes abusan, por ejemplo, señaló a un comisariado, del que se reservó el nombre, quien cobró 50 pesos por rubricar 2 mil constancias de su ejido, y el jefe de un Centro de Apoyo al Desarrollo Rural en Chihihualco “que ya no está”, le preguntó a un técnico que cuánto le daban por productores para hacer los trámites.
“33 pesos por productor, le dijo ‘aquí, a mi me vas a dar la mitad de lo que a ti te dan…’ es un abuso, también hay que irlo diciendo”.
Asimismo, indicó que el productor viaja dos, tres, cuatro veces a Chilpancingo a preguntar cómo va su trámite y no sale su pago, “le sale pagado el paquete”.
Por otro lado, señaló que el PIMAF incluye el pago de técnicos para el acompañamiento pero llegan tarde a la temporada de siembra y se retiran antes de la comprobación.
“Tendríamos que ser sumamente honestos y meter a los verdaderos productores y que cada productor ya tuviera su tarjeta de que es productor y no esté haciendo tanto canijo trámite”.
Otro tema es de de los proveedores, y en la Sierra está surtiendo una empresa de Sinaloa que no tiene idea de cómo llegar a las cabeceras municipales.
Insistió en que la contraloria social no es contra el delegado, sus funcionarios o contra todo el sistema, “pero hay que cambiar desde abajo y no peleando, con paz y armonía… el delegado piensa que es puro fregar y fregar, no es eso, vamos viendo tanto lo negativo en la dependencia como en los productores, los que son nada más, los cazadores de proyectitos hay que empezar a depurarlos”.