Los siete policías comunitarios presos en Ayutla también fueron absueltos por jueces federales, dice su abogado

Los siete integrantes de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso presos en Ayutla fueron absueltos de delincuencia organizada, en la modalidad de secuestro, en marzo de 2014, igual que la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García, y de portación de arma de fuego en diciembre de 2013 por jueces federales de Acapulco y Chilpancingo.
Los jueces los reconocieron como autoridades que imparten seguridad y justicia adheridos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y por lo tanto no se configuraron los delitos en su contra, pero siguen en prisión debido a las denuncias de secuestro en materia del fuero común, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Téliz García. Añadió que los procesos en el estado siguen en la etapa de presentación de pruebas a casi dos años de su detención, el 21 de agosto de 2013.
Ellos son, el coordinador de la Casa de Justicia y sobreviviente de la masacre de El Charco, Bernandino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, además del consejero Arturo Campos Herrera, detenido en diciembre del mismo año.
Dijo que el primer Tribunal Unitario en Chilpancingo resolvió a favor de Bernandino García en marzo de 2014, acusado de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro. Los demás fueron absueltos del delito de portación de arma de fuego por la Jueza Tercera de Distrito en Acapulco el 28 de diciembre de 2013, a partir de la presentación de actas de asambleas y credenciales de la organización.
Por separado, el juez del Tribunal Unitario resolvió el caso de Arturo Campos y consideró que tampoco se configuró el delito de delincuencia organizada y ordenó su libertad.
Sin embargo, en los juzgados de primera instancia del fuero común se tendrá que agotar el procedimiento de presentación de pruebas, interrogatorios y careos, para que los jueces determinen su situación legal.
Las pruebas son resoluciones del Tribunal Unitario y del Juzgado de Distrito, actas de asamblea que demuestran que los detenidos fueron nombrados, coordinador, consejeros y policías comunitarios, y sus credenciales.
Mencionó que el 27 de mayo la CRAC emplazó al gobernador Rogelio Ortega Martínez a liberar a los presos políticos, aunque primero se habló del traslado a sus municipios de origen, salvo Nestora Salgado que a petición de sus familiares fue llevada de una prisión federal en Tepic, Nayarit, a una del fuero común en el Distrito Federal.
Antes de las elecciones, el 4 de junio, se trasladó a los primeros del penal de Acapulco al de Ayutla. El 6 de junio Arturo Campos y Gonzalo Molina de la Policía Comunitaria de El Fortín en Tixtla llegaron del penal del Altiplano en el Estado de México, a la prisión de Acapulco.
Su traslado a Ayutla y a Chilpancingo, respectivamente, fue al siguiente día de la elección de gobernador, diputados locales, federales y alcaldes, es decir el lunes 8 de junio.
Hasta esa fecha sus expedientes en Acapulco fueron turnados a juzgados en Ayutla, y no se ha respetado el acuerdo asumido por el gobernador porque no ha aceptado ninguna ruta jurídica para que los presos obtengan su libertad a la brevedad posible, denunció.
Añadió que hay otro expediente en Tlapa, en el que 43 personas los acusan de secuestro, una de las causas donde también aparece Nestora Salgado. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).