Contender por la alcaldía de Tixtla, propone el gobernador al movimiento normalista

*Por denuncias del INE, las órdenes de aprehensión federales contra líderes populares de Ayutla, explica Rogelio Ortega. La violencia sólo terminará cuando se legalicen las drogas, insiste

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

El gobernador Rogelio Ortega Martínez también invitó a las organizaciones sociales que respaldan el movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, a que se sumen al proceso electoral extraordinario que se celebrará en Tixtla y contiendan para gobernar ese municipio.
Sobre la violencia en Acapulco, que dejó un saldo de 8 muertos el domingo, insistió en que la despenalización de las drogas es una alternativa para resolver ese problema, “terminar con las prohibiciones de los narcóticos, regular los narcóticos, para que termine ese negocio ilícito del narcotráfico que es el que produce la situación de violencia en Guerrero”.
También confirmó que existen dos órdenes de aprehensión del orden federal en contra de líderes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en Ayutla, por el intento de toma de una instalación del Instituto Nacional Electoral (INE) durante las protestas que se desarrollaron en aquel municipio para exigir la presentación con vida de los normalistas desaparecidos.
Consultado ayer por reporteros después de apadrinar a una generación de egresados de la primaria 5 de Mayo en la comunidad de Petaquillas, el mandatario aseguró que la elección extraordinaria que se celebrará en Tixtla es una oportunidad para que las organizaciones que no permitieron la instalación de casillas el pasado 7 de junio en ese lugar, se sumen a ese proceso democrático.
“Nosotros los que tenemos que hacer es trabajar al lado de todos los actores, de todos los líderes, trabajar con ellos para que podamos llegar a acuerdos positivos, para que la elección que se aproxima se realice en armonía, se realice en paz y ahí tiene el movimiento popular la oportunidad de participar, de ganar la elección y de ser gobierno en Tixtla”.
-¿Se corre el riesgo de que en la elección extraordinaria se repita lo que pasó el 7 de junio? -preguntó este reportero.
—Espero que no, es una gran oportunidad que tiene el movimiento popular para ir en una ruta de legalizar su proceso de legitimidad, de la reivindicación que hacen de constituirse como autoridades municipales.
Apenas el domingo, en declaraciones a El Sur, el aspirante del PRI a la alcaldía de Tixtla, Saúl Nava Astudillo, llamó a las organizaciones sociales a que también participen en la contienda por la presidencia municipal de Tixtla.
Del desconocimiento que hizo el Comité Promotor del Consejo Municipal Popular a los acuerdos que hicieron maestros con el gobierno del estado para la entrega del ayuntamiento, situación que fracturó al movimiento, el gobernador dijo que no se meterá en ese asunto.
“Es asunto de ellos, yo no me meto, soy respetuoso, yo no voy a donde no me invitan, donde están los conflictos sí voy personalmente a atenderlos, coadyuvo y trabajo todos los días para resolver las grandes problemáticas que tiene el estado de Guerrero”, dijo.
Respecto a la postura de las organizaciones, de que no participe el Ejército en el acto conmemorativo del natalicio del general Vicente Guerrero el próximo 9 de agosto, el Ejecutivo aseguró que la conmemoración se llevará a cabo no sólo en Tixtla, sino en todo el estado, pero no quiso responder si participarán las fuerzas castrenses en el desfile de ese municipio.
“La semana altamiranista se realizó con otro formato, de otra forma, ahora vamos a celebrar el aniversario de nuestro prócer en todo el estado de Guerrero, en Tixtla, con las modalidades a las que nosotros como institución tenemos que llegar en acuerdo con toda la gente”, señaló.

Insiste en despenalizar las drogas

Consultado respecto al problema de violencia que priva en Guerrero, principalmente en Acapulco, donde el domingo fueron ejecutadas ocho personas, insistió en que la despenalización de las drogas, así como la aplicación de políticas públicas “de gran calado”, son la alternativa para resolver esta situación.
“¿Qué es lo que tenemos que hacer?, políticas públicas de gran calado, las educativas, la del empleo y fundamentalmente la de terminar con las prohibiciones de los narcóticos, regular los narcóticos, para que termine ese negocio ilícito del narcotráfico que es el que produce la situación de violencia que vive el estado de Guerrero”, sostuvo.
Reiteró también que el problema de inseguridad no es reciente, incluso recordó que en el 2011 él pensaba en abandonar el estado por este problema, como lo hicieron médicos y abogados, amigos suyos, quienes cerraron sus negocios.
“No estamos en el 2011, afortunadamente. No quiero decir con esto ni desconocer que la delincuencia organizada hace de las suyas todos los días, es grave la situación que enfrentamos, pero sería peor si no hubiera un despliegue de 12 mil elementos del Ejército en lo que se llama Operativo Tierra Caliente, desde Altamirano hasta Zumpango”, dijo.
Además recordó que hay mil 200 gendarmes, así como la presencia de las corporaciones policiacas de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de los municipios, aunque reconoció que “ni así se puede derrotar al crimen organizado”.
De las acciones inmediatas para atender este problema, mencionó que está la coordinación entre todas las instancias de gobierno, incluido el Ejército y la Marina Armada para inhibir y contener la violencia .

Órdenes de aprehensión contra líderes de Ayutla

De la advertencia de miembros del MPG en Ayutla, en el sentido de que liberarán el ayuntamiento de ese lugar hasta que se cancelen las órdenes de aprehensión en su contra por el cierre del inmueble, Ortega Martínez dijo que sí existen órdenes de aprehensión, pero del orden federal.
Explicó que por el cierre del ayuntamiento no existe ninguna acción legal de ese tipo, y las que existen son contra líderes del movimiento por el intento de toma de una instalación del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque no precisó la fecha ni el hecho concreto.
Mencionó que al tratarse del INE, las órdenes de aprehensión son del orden federal, pero aseguró que ya tuvo acercamiento con las autoridades correspondientes a quienes pidió que las retiren.