García Jiménez

BAJO EL ALA DEL SOMBRERO

*Contralorías ciudadanas, contrapeso al uso indebido de recursos públicos

El derecho a saber, ¡hagámoslo valer! …y el deber de informar, ¡también!

“¿Y para qué quieren saber?”, “¿Qué no están satisfechos con los beneficios que ya reciben?”, “La información que solicitan no es pública”, son algunas de las respuestas recurrentes de muchos funcionarios públicos ante las solicitudes de información que hacen los ciudadanos cuando quieren saber acerca de los programas públicos de su interés, o del desempeño y actividades de los funcionarios públicos que supuestamente los representan.
Por mucho tiempo se creyó que los asuntos públicos eran competencia exclusiva de los funcionarios públicos o de la llamada clase política; y que los ciudadanos solo debían participar como representados o benefactores de aquellos. En la práctica unos y otros se han creído ese engaño, dando cabida a que el clientelismo, la corrupción, la discrecionalidad y la impunidad sean acciones públicamente aceptadas como “normales”.
Y esto sucede a pesar de que tanto en la constitución política federal y estatal, como en una diversidad de leyes secundarias (Acceso a la información pública, Participación social, Función pública, Planeación, Servidores públicos, etc.), y reglas de operación de programas públicos, ya es un lugar común la obligatoriedad de los sujetos obligados (organismos de los tres poderes del Estado) de transparentar la información de interés público, y de facilitar la participación de los ciudadanos en los procesos de consulta, planeación y evaluación de los asuntos públicos.
Sin embargo, hoy día son recurrentes las noticias de ciudadanos que se organizan para exigir más transparencia en el ejercicio de gobierno, cuentas más claras sobre los programas públicos, que los funcionarios escuchen sus propuestas y necesidades, y que los órganos de participación ciudadana dejen de ser una simulación. Estas exigencias han venido configurándose en lo que ya empieza a reconocerse como contralorías ciudadanas.
Saber acerca del presupuesto que los ayuntamientos reciben para realizar obra pública y cómo se distribuye a comunidades y colonias, o cuánto cobran del erario público cada uno de los funcionarios, o qué criterios usan los funcionarios para distribuir fertilizante o despensas; se está volviendo una demanda movilizadora que ha dado pie a que ciudadanos y organizaciones en distintas partes del estado operen como verdaderas contralorías que evalúan los programas públicos, denuncian irregularidades y hacen propuestas de mejora.
Estas contralorías, surgidas bajo la iniciativa de autoridades comunitarias y organizaciones sociales, han sido más eficaces en materia de vigilancia y recomendaciones que la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría General del Estado o las sindicaturas municipales.
En Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez, Ometepec, Apango, Coyuca de Catalán, Chilpancingo, las noticias dan cuenta de que los contralores ciudadanos –generalmente movilizados contra la autoridad–, han logrado transparentar y evidenciar irregularidades en el Ramo 33, en el Programa de Concurrencia, en el Programa de fertilizantes, en el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf), entre otros. También, mediante denuncias públicas, ciudadanos organizados han puesto en tela de juicio los afamados Plan Nuevo Guerrero, Cruzada Nacional Contra el Hambre y el Fondo Nacional Contra Desastres. Y en algunos casos, como en Atoyac, han logrado que la autoridad municipal reconozca la participación de los Comisarios y representantes de organizaciones sociales en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun); y que éste –tal como se menciona en la Ley de Planeación estatal–, sea un órgano en donde se evalúe la obra pública y se planifique el desarrollo del municipio.

Control ciudadano de lo público

La Contraloría Ciudadana o Social es definida por la Secretaría de la Función Pública como “un mecanismo de participación ciudadana para la rendición de cuentas con base en el acceso a la información; es necesaria como alternativa de empoderamiento de los beneficiarios e imprescindible para la construcción de una ciudadanía activa y vigilante del adecuado uso de los recursos públicos”.
En otros términos –desde la visión ciudadana–, es el conjunto de acciones que permiten acceder a información sobre programas públicos, vigilar o monitorear su funcionamiento, evaluar sus resultados y proponer modificaciones. Es lograr la participación de los pobladores en el control de los programas y recursos públicos, evitando así, los abusos y actos de corrupción.
La Contraloría Ciudadana no surgió de la nada. Su mecanismo de funcionamiento se basa en las leyes vigentes y en la tradición comunitaria de nombrar comités de vigilancia para fiestas patronales, para controlar el desempeño de autoridades comunitarias, o para asegurar que una obra social se realice adecuadamente; y esto por costumbre se organiza en la asamblea comunitaria, y desde ahí se vigila y controla.
Las acciones de contraloría ciudadana, que la prensa ha empezado a registrar, incorpora de manera complementaria los conceptos: derecho a saber, monitoreo de programas públicos, y reactivación de órganos de participación social. Es decir, no basta solamente saber sobre los presupuestos públicos, es necesario monitorear su aplicación y, en su caso, denunciar y corregir en los espacios institucionales que permiten la participación ciudadana y que están reconocidos por la ley, tales como: los Coplademun, los cabildos municipales, los consejos municipales para el Desarrollo Rural, entre otros.
En la actual etapa de transición de poderes –municipales, estatal y en el legislativo–, la transparencia y la rendición de cuentas son temas de primer orden. Sin acciones de contraloría ciudadana, no se puede decir que se entregará un Guerrero en paz y armonía, ni se podrá avanzar hacia un Guerrero con orden y paz. La contraloría ciudadana es un ingrediente sociopolítico vital en la construcción de la gobernabilidad y el desarrollo que hoy por hoy Guerrero necesita.
A pleno sol: ¿Cuánto cobran indebidamente la mayoría de los diputados locales por no presentarse a sesiones del pleno, ni a reuniones de comisiones, ni a despachar en la sede del Congreso Local? Si consideramos que el pueblo de Guerrero paga un estimado de tres mil pesos diarios a cada diputado, entonces: ¿cuánto dinero deberían devolver al erario público todos los diputados faltistas? ¿Para cuántas escuelas, calles pavimentadas o proyectos productivos alcanzaría esa recuperación de cobros indebidos? …Ojalá no tarde en llegar la contraloría ciudadana a la Cámara de Diputados.

*Bajo el ala del sombrero, un espacio de análisis y propuestas para la transformación del campo desde la visión y acción de los actores sociales rurales.

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