Niega abogada de afectados por el Macrotúnel que se cedieran terrenos al gobierno estatal

Las pruebas entregadas por las autoridades para demostrar el pago a los ejidatarios de El Cayaco son depósitos a una persona ajena al ejido, asegura Jenny Sánchez Rodríguez

Mariana Labastida

La apoderada legal de los ejidatarios de El Cayaco, Jenny Sánchez Rodríguez, negó que el ejido haya cedido terrenos al gobierno del estado como lo informó el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado.
Sánchez Rodríguez indicó que las pruebas entregadas por el gobierno del estado para demostrar el pago a los ejidatarios son depósitos a una persona que desconocen como ejidatario, y denunció que han recibido denuncias anónimas y que tienen una averiguación previa en su contra por las acciones para impedir la obra del Macrotúnel.
En conferencia de prensa en el restaurante California de la Costera, acompañada de otro de los representantes de los ejidatarios, el ex comisariado municipal Crispín Castillo; el comisariado actual Miguel Castillo y el ejidatario Agripino Ávila, la apoderada legal del ejido El Cayaco aclaró que los inconformes no impidieron el paso al personal de la Secretaría de Protección Civil para el bombeo del agua del interior del túnel, sino que pidieron el permiso del juez por la suspensión de los trabajos que les fue otorgada.
En declaraciones a reporteros el pasado 11 de julio, el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, informó que el gobierno del estado no le debe nada a los ejidatarios de El Cayaco y que tenían pruebas de que la asamblea ejidal cedió los derechos, y calificó como un chantaje el pagarle a los inconformes lo que piden por el uso de las tierras.
Y agregó que de ser necesario se usaría la fuerza pública para entrar a hacer el bombeo del túnel, que podría estar en riesgo de colapsarse, y que los daños podrían ascender a los 500 millones de pesos.
“Mentira lo que él dice, no estamos incurriendo en ningún delito, hemos sido respetuosos de la ley y cuando fueron de Protección Civil les pedimos que mostraran la orden del juez, jamás dijimos que no les daríamos permiso, es mentira, una vez más el gobierno miente, tenemos una suspensión y no estamos violentando la ley”, enfatizó Jenny Sánchez.
La abogada explicó que el gobierno del estado argumentó que las tierras fueron cedidas, que hubo una modificación del plano, y solicitó al juez octavo de distrito, Alejandro Vargas, la autorización para el bombeo del agua del interior del túnel. La resolución se declaró improcedente la modificación del plano y la revocación de la suspensión de los trabajos que les otorgó con anterioridad a los ejidatarios.
Agregó que los que estarían faltando a la ley serían las autoridades si entran con la fuerza pública a la zona.
Sánchez Rodríguez expuso que el propio gobierno del estado entregó como pruebas al juzgado documentos que dicen que son títulos de propiedad, que no es así, y estados de cuenta de depósitos hechos por 20 millones de pesos a una persona que no es ejidataria ni representa al ejido, que tienen prueba de ello y están recolectando más. “Es una manera cínica de decir que le robaron al ejido”.
Indicó que en lugar de investigar quién es la mujer a la que se le depositó el dinero, el gobierno del estado sigue “pisoteando los derechos de los ejidartarios, quieren que la empresa ICA (encargada de la construcción del Macrotúnel) siga enriqueciéndose a costillas de los ejidatarios, que se preocupe por esclarecer quién se llevó el dinero del ejido de El Cayaco”.
También las autoridades estatales argumentaron que se han entregado 33 millones de pesos al ejido, lo cual, aseguró Jenny Sánchez, no es así, e indicó que lo que se ha pagado al ejido ellos lo reconocen pero que no es esa cantidad, además con el procedimiento de amparo han descubierto que los terrenos pagados se hicieron por montos diferentes y los más altos a personas que ni siquiera son ejidatarias.
Por seguridad, la representante legal no dio una cifra de lo que se le debe al ejido, pero informó que se hace una avalúo porque la empresa constructora agarró más área de la que se estableció en un inicio.
“No es posible que haya tanta falta de respeto a los derechos humanos de mis representados, no estamos chantajeando ni limosneando nada, exigimos lo que por derecho le corresponde a los ejidatarios, estamos exigiendo el derecho del pago de las tierras y lo estamos haciendo por la vía legal”.
Reiteró que hay representantes legales de los ejidatarios y no le pueden pagar a “cualquiera” si no está debidamente representados”.
Jenny Sánchez denunció que ella y el ex comisariado Crispín Castillo han recibido amenazas anónimas y tienen averiguaciones previas por representar el movimiento.
Expuso que no confían en el gobierno de Rogelio Ortega “porque ya sabemos cómo se las gasta”, y que esperan que el gobernador electo, Héctor Astudillo Flores, intervenga cuando tome protesta o el gobierno de Enrique Peña Nieto para que se deje de “pisotear” los derechos de los ejidatarios.