Persisten amenazas contra familiares de Hernández Cardona y Nicolás Mendoza, denuncian

Alejandro Guerrero

Iguala

Organismos internacionales de derechos humanos denunciaron ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, las amenazas e intimidaciones que reciben familiares del asesinado líder de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, y del sobreviviente Nicolás Mendoza al número telefónico de seguridad que les entregó la dependencia federal.
Por separado, vía telefónica la hija de Arturo Hernández, Soledad Hernández Mena, y la regidora del PRD en Iguala, Sofía Mendoza Martínez, confirmaron que han sufrido de acoso, intimidaciones y amenazas a través de números privados que les llaman a sus teléfonos particulares.
En el caso de la regidora, dijo que le han llamado al número telefónico de “seguridad” que le fue entregado como parte de las medidas cautelares por la propia Secretaría de Gobernación federal.
La regidora Sofía Mendoza y viuda de Hernández Cardona informaron que a través de una carta firmada por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (Lawgef, por sus siglas en inglés) y Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras organizaciones de derechos humanos, denunciaron ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que los familiares del dirigente asesinado Arturo Hernández Cardona, y del testigo sobreviviente, Nicolás Mendoza Villa, son hostigados y reciben amenazas a pesar de tener medidas cautelares.
En la carta con fecha 21 de julio, se le da a conocer al funcionario federal que la familia del asesinado activista de la UP y de Nicolás Mendoza “siguen sufriendo hostigamiento en represalia por su búsqueda de justicia y su relación con el caso” del asesinato de Hernández Cardona.
Se le recuerda que el primero de diciembre de 2014, a más de un año del asesinato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para ellos; “sin embargo, las amenazas y hostigamiento han persistido”.
Sofía Mendoza y Soledad Hernández cuentan con un botón de pánico y un número de seguridad enlazado con la Segob y la Policía Federal.
Ayer la regidora Sofía Mendoza cuestionó el hecho de que se le llame de números no oficiales al número de seguridad, “cuando se supone que es de seguridad y que sólo la Secretaría de Gobernación y la compañía de telefonía lo tienen”.
La regidora consideró que esas llamadas son para ver si utilizan el botón de pánico.
Por separado, la hija de Hernández Cardona, Soledad Hernández, confirmó que a ella a través de su número personal le han hecho varias llamadas de un número que aparece como privado y una de las llamadas inmediatamente después de haber contactado a la PGR.
Además dijo que ha sufrido hostigamiento e intimidación en su domicilio.
El pasado 20 de julio, Soledad Hernández pidió al alcalde Silviano Mendiola una investigación y explicación sobre un hombre ejecutado y hallado el 17 de julio en la colonia Guerrero Azteca, que fundó su padre Arturo Hernández y lo cual considero como una “amenaza” para ella.
En la misiva enviada a Osorio Chong se relata que el 14 de mayo pasado, Mendoza Martínez recibió un botón de pánico con un número telefónico seguro y secreto, pero en ese mismo número ha recibido llamadas no oficiales, “lo que pone en cuestión quién tiene acceso a esta información y si el botón sería una medida segura en momentos de emergencia”.
Señala en la carta que el 30 de mayo, ella y un grupo de activistas fueron al lugar donde Hernández Cardona fue asesinado, y hallaron la cruz que ella había dejado ahí, rota, y una grabación con el llanto de un niño.
Asimismo, denuncian ante Osorio Chong que la hija del activista asesinado sigue sin la escolta porque, según la Procuraduría General de la República (PGR), no califica como familiar de la regidora porque es hija de un anterior matrimonio de Hernández Cardona.
En el caso del sobreviviente y testigo, Nicolás Mendoza Villa y su familia, señalan que su hermano Francisco fue asesinado a balazos y localizado con las orejas cortadas en Chichihualco el 27 de abril pasado, “lo que ha aumentado la vulnerabilidad de la familia y ha sido interpretado como otra amenaza”.
Indican que el gobierno estatal dotó de una guardia de cuatro personas y un automóvil para toda la familia, que consta de siete miembros con horarios y actividades diferentes, lo que es insuficiente; además de que inusitadamente su proceso judicial se desarrolla en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, por lo que ellos no pueden tener acceso al expediente.