Exigen organismos internacionales al gobierno proteger a familiares de Hernández Cardona y Nicolás Mendoza

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Luego de las amenazas e intimidaciones que han recibido familiares del asesinado líder de Unidad Popular (UP) de Iguala, Arturo Hernández Cardona, y el sobreviviente de la misma organización, Nicolás Mendoza Villa, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF por sus siglas en inglés), enviaron una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que le piden garantías de seguridad y una investigación de los hechos.
En la carta le expresan al funcionario federal su preocupación por el clima de hostigamiento que han estado recibiendo los familiares de Hernández Cardona y el sobreviviente Mendoza Villa.
“Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda de Hernández, Soledad Hernández Mena, hija de Hernández, así como Mendoza Villa y su familia siguen sufriendo hostigamiento en represalia por su búsqueda de justicia y su relación con el caso de Hernández Cardona”, le dicen al funcionario federal.
Asimismo, le expresan “algunas preocupaciones por el manejo del proceso judicial de este caso” que se sigue por el asesinato del dirigente de UP y dos de sus compañeros de la misma agrupación
“Le escribimos respecto al caso de Arturo Hernández Cardona, un líder de la organización Unidad Popular (UP) en Iguala, Guerrero quien fue encontrado muerto el 3 de junio de 2013 junto a otros dos activistas de esta organización tras su presunta desaparición forzada, tortura y ejecución por parte de autoridades locales, incluyendo el entonces presidente municipal José Luis Abarca Velázquez”, le recuerdan a Osorio Chong.
El documento añade: “nos dirigimos a usted para expresar nuestra preocupación por la integridad personal de los familiares del Sr. Hernández y por la de Nicolás Mendoza Villa, un sobreviviente del ataque contra miembros de la UP y testigo en este caso, así como su familia”.
Agregan que el 1 de diciembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares en beneficio de Sofía Lorena Mendoza Martínez, Nicolás Mendoza Villa y sus respectivas familias (MC 185/13) debido a que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo.
Y después cuestionan: “Sin embargo, a pesar de estas medidas, las amenazas y el hostigamiento contra estas personas persisten”.
Le informan que el 14 de mayo de 2015 Mendoza Martínez recibió un botón de pánico al orden de las medidas cautelares de la CIDH.
“Le informaron que es un número seguro y secreto, sin embargo, la Sra. Mendoza Martínez ha recibido llamadas no oficiales a este número, lo que pone en cuestión quién tiene acceso a esta información y si el botón sería una medida segura en momentos de emergencia”, dicen.
También denuncian que el 30 de mayo de 2015, Mendoza Martínez y un grupo de activistas fueron al lugar donde se encontró el cuerpo de Hernández Cardona para conmemorar el segundo aniversario de su desaparición; en este lugar encontraron quebrada la cruz que la señora mandó poner y junto a ella una caja que contenía la grabación del llanto de un niño, por lo que Mendoza Martínez y su familia se sienten amenazados, dice el escrito.
El documento afirma que Hernández Mena sigue sin la escolta permanente que solicitó la CIDH dentro de las medidas cautelares en su beneficio.
Indica que la Procuraduría General de la República (PGR) argumenta que ella no califica como familia de la señora Mendoza Martínez porque es hija del primer matrimonio de Hernández Cardona.
“Mendoza Villa y su familia viven en un clima de riesgo y vulnerabilidad que está aumentando, sobre todo a partir del asesinato de su hermano Francisco Mendoza, quien fue encontrado muerto a balazos y con las orejas cortadas en Chichihualco, Guerrero, el 27 de abril de 2015”, denuncian los dos organismos internacionales en el escrito enviado a Osorio Chong.
Agregan que esta muerte ha sido interpretada como una amenaza contra Mendoza y su familia.
“El gobierno ha proporcionado a la familia Mendoza Villa guardia permanente que consta de cuatro integrantes y un automóvil, pero como la familia Mendoza Villa constituye siete miembros (quienes tienen diferentes horarios y actividades), esta protección ha sido insuficiente”, advierten.
Respecto al proceso judicial, cuestionan que se esté llevando a cabo en el Juzgado Penal Federal Primero con sede en Matamoros, Tamaulipas, cuando los hechos ocurrieron en Iguala, lo que dificulta que las víctimas y sus representantes puedan tener acceso de manera regular al expediente.
“Consideramos que la persecución, amenazas y hostigamiento contra la familia del señor Mendoza Villa y de la señora Mendoza Martínez son el resultado de la omisión del gobierno estatal y federal al no actuar de manera urgente en implementar las medidas de protección requeridas para garantizar la seguridad de estas personas”, denuncian WOLA y LAWGEF.
Concluyen: “Ante esta situación, le solicitamos respetuosamente que el gobierno tome de manera inmediata las acciones necesarias para cumplir con la implementación de las medidas cautelares de la CIDH y asegurar la integridad física y personal de Nicolás Mendoza Villa y su familia, y de Sofía Lorena Mendoza Martínez y su familia, incluyendo Soledad Hernández Mena”.
También le piden que garantice la investigación sobre las amenazas y hostigamientos para llevar a los responsables ante la justicia y prevenir su posible repetición.