Acusa el fiscal al Semefo de alterar datos de los cuerpos que atribuye a los cuatro desaparecidos

Acusa el fiscal a médicos del Semefo de alterar datos de los cuerpos que atribuye a los cuatro desaparecidos

*Eso causó la confusión de los familiares, que negaron que los cadáveres sean de los plagiados, asegura Godínez. Ante diputados, dijo también que “los policías me manipularon la escena del crimen y también lo estoy investigando”. Insiste en que los cadáveres sí corresponden a los dos médicos y dos profesionistas desaparecidos el 19 de junio

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) citó a comparecer al secretario de Salud del gobierno estatal, Edmundo Escobar Habeica, por irregularidades que cometió el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) en el caso de los tres trabajadores de Salud y un acompañante desaparecidos la noche del 19 de junio pasado.
Ayer el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz dio un informe ante los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso, reunión que era un compromiso que realizó ante el pleno en su comparecencia en mayo pasado.
La reunión inició hora y media más tarde de la hora citada que fue a las 9 de la mañana, porque a la sala José Francisco Ruiz Massieu sólo había llegado el presidente de la comisión, el panista César Que-vedo Inzunza, y finalmente a las 10:30 inició cuando llegó el secretario y vocal, Bernardo Ortega Jiménez y Nicanor Adame Serrano.
Godínez informó que como parte de una investigación que se realizan a personal del Semefo por la alteración en las medidas de los cuerpos de los dos médicos y dos profesionistas desaparecidos, citó a comparecer al secretario de Salud.
Pero Escobar no acudió a la Fiscalía y compareció por escrito, y el fiscal dijo que “no vamos a permitir que juegue con los sentimientos de las víctimas, de los agraviados, y estoy analizando el delito pertinente para el médico forense que me alteró la medida de los cuerpos y generó una confusión en las víctimas (familiares), me puso que medía 1.89 cuando medía 1.75 y 1.75 cuando medía 1.79, es lógica la confusión de los familiares”.
Responsabilizó a los médicos forenses por la confusión sobre los datos de los cadáveres, y dijo que “alteraron la medida de los cuerpos, ¿con qué fin?, lo estamos investigando, los policías me manipularon la escena del crimen y también lo estoy investigando”.
En ese caso dijo que continúan abiertas las investigaciones para detener a los responsables del múltiple homicidio.
También dijo que está investigando “a todo el cuerpo de seguridad pública que estaba trabajando en el área, toda vez que ya no está trabajando en el área y tres policías de ellos se quedaron con un celular (de las víctimas)”.
Precisó que la Procuraduría General de la República (PGR) aún no le ha enviado los resultados de las pruebas de ADN que tomó de los supuestos cuerpos de los trabajadores de Salud desaparecidos, pero la Policía Científica Federal y el informe confirman que los cuerpos localizados sí corresponden a los desaparecidos el 19 de junio.
Dijo que en la reunión pasada en el Congreso local, los familiares de los desaparecidos denunciaron que un Ministerio Publico no les quiso recibir la denuncia de la desaparición de sus familiares porque estaban fuera de su territorio (no precisó donde se dio la negativa), y dijo que en ese caso se giró una circular y que el responsable de la omisión quedará con responsabilidad jurídica.
Informó que desde el 23 de junio han declarado ocho policías del estado, se han asegurado celulares y  solicitado “dictámenes diversos en relación a éstos, y han comparecido a declarar comisariados ejidales y comisario municipal”.
Informó de 70 diligencias, en-tre las que destacan testimonios de familiares, informes, dictámenes periciales, inspecciones y solicitudes de colaboración.
También dijo que desde septiembre de 2013, cuando se creó la Agencia Especializada del Minis-terio Público en Búsqueda de Per-sonas No Localizadas, se han abierto 118 averiguaciones previas y recibido por incompetencia de las agencias del MP 164, encontrándose en trámite 282 indagatorias, de las que se han resuelto 144.
Afirmó que 190 cuentan con perfil genético para confrontar con la base de datos de la Coordinación General de los Servicios Periciales de la Fiscalía, de personas privadas de la vida y que se encuentran en calidad de desconocidos.
En la reunión, el fiscal informó que viajó a Colombia y a Corea para reunirse con especialistas en delincuencia organizada y tecnología, y pretende que vengan al estado a capacitar a agentes y peritos, aunque adelantó que primero se debe depurar al personal “para que no capacite a corruptos”.

Caso Chilapa

El fiscal reiteró que en Chilapa hay una disputa de grupos del crimen organizado que se disputan el territorio y que son los responsables de las desapariciones de personas.
Recordó que el 9 de mayo ingresaron personas armadas, quienes se ostentaron como policías comunitarios de ocho localidades, manifestando que tenían el propósito de realizar “una limpia de las personas que trabajan para el grupo delictivo Los Rojos”, permaneciendo en la cabecera municipal cinco días y al retirarse entregaron armas y vehículos que habían tomado de la Policía Municipal y durante dicho lapso “realizaron diversas detenciones de civiles sin aparente causa, lo que dio origen al inicio de 10 averiguaciones”.
Asimismo, presentó estadísticas de la incidencia delictiva en el estado de 2010 a 2014, y la correspondiente a enero-mayo del 2015, en delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, violación, extorsión, robo y lesiones, e informó que 2011 fue el año en el que hubo mayor incidencia delictiva.
En el periodo de 2010 a mayo de 2015 se han cometido un total de 202 mil 996 delitos, de los cuales 13 mil 323 corresponden a homicidio entre doloso y culposo; 18 mil 72 son de lesiones; 558 secuestros; mil 709 violaciones; 37 mil 960 delitos de robo en general; 20 mil 895 averiguaciones previas iniciadas por vehículos robados y 541 por extorsión.
Acapulco, por su densidad poblacional, representa el mayor porcentaje en todos los delitos.
Al área de Control de Procesos Penales se solicitaron 27 mil 660 órdenes de aprehensión, de las cuales se han librado un total de 21 mil 577 y se negaron 6 mil 083.

Pide 525 plazas nuevas

En su informe a la Comisión de Justicia, el fiscal informó que la FGE cuenta con una plantilla de personal de 2 mil 710 empleados, entre directivos, técnicos, operativos y administrativos, los cuales dijo que no son suficientes para cubrir las necesidades del servicio que se proporciona a la población, sobre todo tratándose de los requerimientos en materia de recursos humanos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
Precisó que la Policía Minis-terial cuenta con 897 integrantes, de los cuales 38 son coordinadores de zona; 37 coordinadores de grupo y 444 agentes, personal insuficiente, insistió.
Además de que existen 183 comisionados y 195 incapacitados de manera total y permanente, de éstos, 18 son coordinadores de zona, 24 coordinadores de grupo y 153 agentes, quienes no pueden ser considerados como parte del “estado de fuerza”, porque no desempeñan actividad alguna, sin embargo, se les cubre su salario.
Para que esos espacios puedan ser cubiertos, tendrían que otorgarles el finiquito legal, pero la Fiscalía no tiene dinero, dijo.
En Servicios Periciales, la FGE tiene un total de 231 peritos especializados en 20 diferentes materias como criminalística de campo, medicina legal, química forense, genética, avalúo y contabilidad, entre otras, “los que resultan insuficientes para cubrir la demanda de dictámenes o informes que son solicitados por los Agentes del Ministerio Público”, en ese caso dijo que requieren incrementarlos en un 100 por ciento.
En síntesis, de los 2 mil 710 empleados, 542 corresponden a Ministerios Públicos, 897 a la Policía Investigadora Ministerial, 231 peritos, y mil 40 directivos y administrativos, requiriéndose de manera adicional, mínimamente de 525 plazas nuevas en todas las áreas para cubrir las necesidades en materia de recursos humanos.
De los recursos materiales, informó que hay un total de 45 vehículos oficiales, distribuidos en igual número de Agencias del Ministerio Público, “que se encuentran deteriorados por el uso y se requiere renovar dicho parque vehicular y adquirir 50 unidades nuevas para el servicio”.
En total la Fiscalía tiene 403 unidades vehiculares y se requieren al menos adquirir 150 más, incluyendo las de las agencias del MP.
Del mobiliario y equipo de las agencias del Ministerio Público, Coordinaciones Regionales y de Zona de la Policía Investigadora Ministerial y las Coordinaciones Regionales de los Servicios Periciales, informó que “se encuentra en pésimas condiciones, por llevar el mismo más de seis años de servicio y se requiere de manera urgente su renovación”.
Señaló que el presupuesto destinado para papelería, consumibles de cómputo y material y artículos de oficina y de limpieza, es insuficiente y hay un desabasto frecuente.
Sobre inmuebles dijo que la Fiscalía tiene 85, de los cuales 9 son propios, uno fue donado por el ayuntamiento de Coyuca de Catalán, tres son prestados por los municipios de Tecpan, Atoyac y de Zihuatanejo, y 72 son rentados; en el último caso, dijo que tienen retrasos de hasta seis meses en el pago de las rentas, lo que ha ocasionado el cierre de algunos.
Otro de los problemas económicos y por falta de personal que afecta a la Fiscalía es el nuevo sistema de justicia penal.
Dijo que aunque su aplicación es gradual opera con limitaciones en los distritos judiciales de zona Norte, Costa Grande y Costa Chica y así será a partir del 5 de agosto en la Montaña y el 8 de octubre en Centro y el 1 de junio de 2016 en Tierra Caliente y Acapulco.
Para cubrir gastos de operación, equipamiento, mobiliario e infraestructura en la región Norte dijo que solicitó 5 millones de pesos pero sólo le fueron autorizados 3.3.
Para las cuatro regiones restantes, donde se tiene que aplicar el nuevo sistema en 2015, se han solicitado recursos por 57.4 millones de pesos para la construcción de centros integrales de Justicia y de Atención Temprana, edificios y bodegas de evidencia entre otros conceptos, 170 millones de pesos pero no son liberados hasta ayer.
El fiscal informó que desarrolla un programa de combate a la corrupción, del que dijo que en el órgano de control interno en el periodo 2010-2015, se encuentran en trámite, por irregularidades o por actos de corrupción, 774 procedimientos administrativos disciplinarios, correspondiendo 309 a Mi-nisterios Públicos; 322 a coor-dinadores y agentes de la Policía Ministerial; 45 a peritos; cinco a fiscales regionales; 5 a Directores Generales; y los 88 restantes corresponden a diversas categorías de servidores públicos.
Adelantó que enviará al Con-greso la propuesta de crear un órgano especializado de combate a la corrupción, como un órgano desconcentrado.

Expediente contra Zamora Muñoz

Informó también de los antecedentes penales del fiscal de Delitos Electorales en el estado, Jesús Zamora Muñoz, y dijo que la FGE buscó al funcionario para que aclarara su situación legal pero no acudió, por lo que se integró “el expediente respectivo, mismo que le haremos llegar a esta soberanía para los efectos procedentes”.
Zamora fue designado el 14 de junio de 2012 como fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales, por un periodo de cuatro años, y Godínez dijo que en sus antecedentes está que fue detenido y puesto a disposición de un juez del Distrito Federal.
Dijo que éste actuó en auxilio de un juez de Ciudad Juárez, Chi-huahua, en el proceso 93/2013 por los delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada y homicidio cometido en agravio de Saúl Becerra Reyes.
El fiscal dijo que desconoce la situación jurídica actual de Jesús Zamora, y que han llevado una relación institucional.