Consignan a ex convicto por el multihomicidio en la Narvarte; ya informó sobre sus cómplices: PGJDF

*Daniel Pacheco Gutiérrez, de 41 años de edad, aceptó que estuvo en el apartamento poco más de una hora, junto con los otros dos presuntos culpables

Antonio Nieto y Yáscara López / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Procuraduría de Justicia acusó de los cuatro feminicidios, el homicidio y robo en un departamento de la colonia Narvarte a un ex convicto.
Anoche, en un comunicado, la dependencia informó que fue consignado Daniel Pacheco Gutiérrez, de 41 años de edad.
Los indicios anexados al expediente FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 son una huella dactilar suya encontrada dentro del departamento donde ocurrió el crimen, y al menos dos videos que lo ubican en tiempo y lugar, uno de cámaras del gobierno del DF y otro de un domicilio cercano.
Pero el hurto se le acreditó debido a que en los dos videos se le aprecia jalando una maleta, la cual contenía por lo menos alhajas y una laptop propiedad de Esbeydi, habitante del lugar que se fue a trabajar antes de los asesinatos.
El procurador Rodolfo Ríos externó que el hombre aceptó haber estado dentro del apartamento poco más de una hora, junto con dos cómplices, de los cuales supuestamente ya proporcionó información.
El viernes de la semana pasada fueron asesinados en un departamento de Luz Saviñón cinco personas: tres mujeres que ahí habitaban el lugar (Nadia, Yesenia y Mile), la mujer que hacía la limpieza (Alejandra) y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
Héctor Pérez, abogado de la familia de Nadia Vera, informó que sostuvo una reunión con el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido, quien afirmó que la hipótesis del crimen relacionada con el trabajo de la activista y del fotógrafo no será atenuada si se encuentran elementos suficientes.
Además, dijo, Garrido precisó que se acreditó lesiones infamantes, degradantes y de incomunicación a las cuatro mujeres, y a una más el abuso sexual.
“Buscamos que no se desdeñe el móvil de venganza por la actividad política de Nadia o periodística de Rubén, así como checar el protocolo de feminicidio que se aplicó”, apuntó.

Reconocen a la joven víctima colombiana

Ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó mediante un comunicado que la víctima colombiana es Mile Virginia Martín.
Conminó a la PGJDF a establecer las causas del homicidio y judicializar a los responsables.
La mujer, de 31 años de edad, habría llegado a México en 2010 en busca de oportunidades para ejercer el modelaje, y la última vez que viajó a Colombia fue a finales de 2012.
El cuerpo de Mile continúa en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), ya que en México no tiene parientes que puedan reclamarlo.
Cuestionado sobre el protocolo aplicado a los cadáveres que llegan al Incifo, Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, dijo que deben resguardarlos y aplicar diversos estudios.
“El procedimiento marca que tenemos que resguardarlo, como hemos resguardado y tenemos el caso patético de San Fernando Tamaulipas, del que tardamos año y medio en entregar todos los cuerpos”, señaló.

Las filtraciones profundizan las dudas hacia la PGJDF: ONG

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de derechos humanos acusaron que las filtraciones de la investigación por el feminicidio de Yesenia Quiroz, Nadia Vera, Mile Virginia Martín y Alejandra Negrete, así como del asesinato del fotoperiodista de la revista Proceso, Rubén Espinosa, profundizan la incredulidad sobre las pesquisas por parte de las autoridades judiciales.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, entre otras organizaciones civiles, criticaron que desde el día del crimen, el pasado 31 de julio, circula información contradictoria de los hechos por parte de fuentes oficiales.
En un comunicado, dijeron que esa información afecta los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas. Por ello, externaron su preocupación de que los datos ventilados ante la opinión pública también lleguen a los probables responsables, que aún están prófugos.
La investigación, advirtieron los grupos civiles, propicia un inadecuado manejo de la información, además de que desacredita, discrimina y estigmatiza a las víctimas por su nacionalidad, sexo, ocupación o hábitos.
En caso de no corregirse, advirtieron, esta situación profundizará la desconfianza hacia la Procuraduría General de Justicia el Distrito Federal (PGJDF), y la incredulidad respecto de lo que pueda concluir la investigación.
Por esta razón, las organizaciones defensoras llamaron a las autoridades a ajustar su trabajo de investigación con bases en los estándares mínimos en materia de derechos humanos.
Las autoridades judiciales, agregaron, deben cumplir los protocolos de investigación para que se garantice un mínimo de credibilidad en los resultados y para que se evite poner en riesgo o vulnerar la seguridad de las víctimas indirectas, así como de las personas testigos del caso.
También precisaron que la información sobre el avance de la indagación debe ser difundida, primero a las víctimas indirectas y después a los medios de comunicación, para que la sociedad tenga información certera sobre el caso.
“Las filtraciones son reflejo del incumplimiento del Estado para garantizar el acceso a la justicia”, advirtieron.
Asimismo, exigieron a las autoridades judiciales una investigación seria, imparcial y transparente que agote todas las hipótesis del caso.
Las organizaciones exigieron cumplir los protocolos para la investigación de los casos de feminicidio y se incorpore la perspectiva de género, ante las características de violencia perpetrada contra las víctimas.

Piden en Veracruz la intervención de la PGR

Por su parte, el Colectivo Jus-ticia Pro Persona y el Centro de Derechos Humanos Toaltepe-yolo AC, de Orizaba, Veracruz, pidieron la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) en el caso, con base en las denuncias que Rubén Espinosa y Nadia Vera hicieron públicas con el señalamiento directo al gobierno de Javier Duarte.
En un comunicado, las organizaciones civiles señalaron que ante la mala actuación de las autoridades de la PGJDF, la PGR debe ejercer con prontitud su facultad de atracción para conocer de todos los delitos del fuero común conexos con el homicidio de Espinosa Becerril, garantizando la integralidad de las investigaciones y la debida diligencia mediante la aplicación de la perspectiva de género y de derechos humanos.
Enfatizaron que la competencia de la PGR es obligatoria, por mandato constitucional, no obstante, ésta se ha negado a conocer de los hechos de la colonia Narvarte y ha permitido que sea la PGJDF quien realice la investigación.
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le exigieron investigar las graves violaciones a derechos humanos que, señalaron, son fundamentos de la Queja interpuesta hoy en dicha instancia cuyo número de folio es el 77201.
También pidieron que la CNDH y la PGR informen de sus acciones en torno al caso y les permitan el acceso a la investigación del mismo.
Una petición más de los activistas consiste en informar de las medidas de protección implementadas para garantizar la seguridad, vida e integridad de los periodistas de Veracruz, así como de todas aquellas víctimas directas, indirectas y potenciales; y que se informe sobre las diligencias realizadas en la investigación, vinculadas con el trabajo periodístico de Rubén Espinoza, desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos delictivos.
Finalmente, enfatizaron que se “abstenga de filtrar información pretendiendo centrar la investigación únicamente en una línea y adelantar conclusiones dejando de lado el posible móvil político y el involucramiento de agentes del Estado de Veracruz”. (Agencia Proceso / Ciudad de México).