Se destruyeron evidencias de la desaparición de los 43, señala el Grupo de Expertos

* Videos de la intervención policial contra los normalistas enviados a la Pre-sidencia del Tribunal Superior de Justicia fueron destruidos, revelan

*Entre las irregularidades de la investigación destacan que a 10 meses de los hechos en Iguala apenas se analiza ropa de los estudiantes hallada en un autobús

*Rechazó el gobierno su petición de entrevistar a 26 militares, informan

Destruyeron un video de la desaparición de los normalistas, denuncian expertos de la CIDH

*Fue grabado por cámaras del Tribunal Superior de Justicia en Iguala y enviado “a la Presidencia” del Poder Judicial. Después de 10 meses, apenas se analiza ropa de los estudiantes hallada en un autobús, mencionan entre las irregularidades de la investigación

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció la posible destrucción de una videograbación que da cuenta de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que grabaron cámaras del Tribunal Superior de Justicia en Iguala.
En un comunicado sobre los avances y limitantes en el trabajo de apoyo y seguimiento a los ataques del 26 de septiembre, consideraron grave que en el expediente del caso se haya dado cuenta del hallazgo de ropa de algunos de los normalistas desaparecidos, que no fue utilizada como evidencia hasta la intervención de los expertos.
Por otro lado, informaron que las autoridades aceptaron hacer nuevos peritajes incluyendo otra autopsia al cuerpo normalista desollado del rostro, Julio César Mondragón, con la participación de peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), experto en este tipo de lesiones.
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, los expertos Alejandro Valencia, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox leyeron el informe previo a la conclusión de su periodo de labores, que termina en dos semanas. Adelantaron que hay posibilidades de darle seguimiento a su tarea con un periodo adicional, porque aún no está concluida la investigación.
En el informe que difundieron en Internet, el GIEI expresa su preocupación por la pérdida de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia sobre la carretera federal México-Acapulco.
“Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del Tribunal. Sin embargo parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”, expone.
De la ropa encontrada alrededor de un autobús en el que viajaban los normalistas de Ayotzinapa -que se mencionaron en el informe anterior-, detallaron que el 29 de junio el GIEI encontró en el expediente que el 27 de septiembre de 2014 se había llevado a cabo una diligencia de recogida y resguardo de ropa de algunos de los normalistas desaparecidos.
Los padres ni sus representantes legales tuvieron acceso a esta información, “tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma. En opinión del Grupo, este hecho es grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la importancia que tiene para los familiares”.
El  29 de junio el GIEI pidió a la PGR que la ropa fuera examinada por sus peritos y del EAAF para procesarla, fotografiarla y tomar las muestras genéticas correspondientes, y resguardarla de forma adecuada.
Se informó que la diligencia fue el 29 y 30 julio, y las muestras tomadas de forma conjunta por los peritos del EAAF y de la PGR serán enviadas al laboratorio de Innsbruck para su análisis genético.
De la atención a las víctimas indicaron que el sábado 16 de agosto los expertos tuvieron una reunión de preparación con los familiares, para revisar la ropa y determinar si pertenece a alguno de sus hijos, “debido al fuerte impacto psicológico que ello supone tanto tiempo después de los hechos”.
Del expediente que a la fecha tiene 115 tomos, indicaron que han pedido peritajes independientes de tipo forense sobre las autopsias y sobre los casos de lesiones en detenidos, sobre la telefonía, la dinámica del fuego en el contexto del basurero y las escenas del crimen, para contar con pruebas que ayuden a esclarecer los hechos.
A petición de la PGR, se informó que el grupo intervino para que los normalistas dieran su declaración ante el Ministerio Público federal, para incluir eventos y testimonios que no estaban en el expediente, “dichas declaraciones cumplen todos los preceptos legales y fueron organizadas por la PGR, llevadas a cabo con fiscales, testigos y abogados, con presencia del GIEI”.

Niega el gobierno a los expertos entrevistar a 26 militares activos la noche del ataque

*Solicitan una segunda autopsia al cuerpo del joven desollado con la participación de antropólogos forenses argentinos

Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigan  el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos confirmaron la negativa del gobierno de Enrique Peña Nieto de acceder a los testimonios de 26 militares del 27 Batallón de Infantería que estuvieron activos la noche de los ataques 26 de septiembre en Iguala mediante entrevistas directas.
En conferencia de prensa, Claudia Paz, Carlos Beristáin, Alejandro Valencia y Francisco Cox lamentaron la respuesta del gobierno de Peña Nieto, y señalaron que las observaciones sobre el factor militar en la desaparición de los 43 estudiantes serán incluidas en el informe final que se dará a conocer el 6 de septiembre próximo, informó la Agencia Proceso.
El domingo 16 en la respuesta definitiva los representantes de Peña Nieto instruyeron al GIEI a formular las preguntas por escrito, entregarlas al Ministerio Público y que “derivado de las características de esta diligencia, en ella sólo estará presente la autoridad ministerial y quienes deban desahogar la posiciones que sean formuladas”.
Ante esa respuesta, explicó Francisco Cox, los miembros del GIEI decidieron no entregar preguntas, “porque no tendríamos el control ni la posibilidad de repreguntar” y dar a conocer los cuestionamientos durante su próxima evaluación.
El experto chileno reconoció que el obstáculo para acceder a los militares ha derivado en una “diferencia de opinión fuerte con el gobierno en cuanto cuáles son nuestras atribuciones y lo que es el marco de la legalidad de cumplir nuestro mandato, consideramos que tenemos una visión una interpretación distinta del convenio a la que tiene el gobierno”.
Los expertos informaron que a cinco meses de su trabajo 48% de las solicitudes de información a la PGR han sido atendidas; en 12% no han podido acceder por considerarse información inexistente; 13% se ha entregado de forma parcial y 27% está pendiente de ser abastecida.
Lamentaron que a cinco meses de la solicitud, el gobierno mexicano se resista a que los expertos  investiguen a los militares.
En cuanto al normalista que encontraron desollado, Julio César Mondragón Fuentes, se informó que el médico forense de la universidad del País Vasco, Francisco Etxeberría, consideró que sus lesiones no se evaluaron adecuadamente, según el informe y en las fotografías que proporcionaron las autoridades, y que presume que el estudiante fue atacado por perros.
El GIEI solicitó una segunda autopsia al cuerpo de Julio César Mondragón, que se debe realizar con las participación de peritos independientes del EAAF. Ya cuentan con la autorización de su familia.
De las medidas de no repetición indicaron que el grupo hizo un estudio detallado del anteproyecto de la futura ley sobre personas desaparecidas, y entregó al gobierno un conjunto de recomendaciones.
Entras las recomendaciones está el proceso de consulta y participación de las víctimas y organizaciones que tienen experiencia al respecto, “el propio GIEI hizo una consulta con un numeroso grupo de organizaciones de víctimas para brindar recomendaciones adecuadas a la realidad del país, que serán parte de su informe”.
Recordaron que el GIEI fue creado el 12 de noviembre de 2014 en respuesta a la petición de los familiares de los estudiantes y el Estado mexicano, y el 2 de marzo comenzó su periodo de operación que concluye el 2 de septiembre de 2015 con la opción de “extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes”.
A dos semanas de concluir el primer plazo acordado, se informó que la CIDH ha entablado diálogos con el Estado y los representantes de las víctimas sobre la posible ampliación del tiempo de su mandato para completar su trabajo.
“En todo caso el GIEI ha mostrado su disponibilidad señalando la necesidad de adecuar la modalidad en términos del tiempo de presencia en el país y del énfasis de su trabajo. El GIEI y representantes ya pidieron la ampliación del mandato ante la CIDH”, agrega.
Los padres, ayer informaron que hicieron lo propio ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que el gobierno mexicano autorice ampliar el periodo de trabajo del grupo de expertos. (Redacción).