Gaspard Estrada

¿Conseguirá Dilma Rousseff mantenerse en el poder hasta 2018?

Las masivas manifestaciones (900 mil personas, según el periódico Folha de São Paulo) que se llevaron a cabo en las principales ciudades de Brasil el pasado domingo fueron el centro de atención de la prensa internacional durante los últimos días. Para la mayoría de estos medios, la inmovilidad política de la presidenta Dilma Rousseff (con apenas 8 por ciento de aprobación en las más recientes encuestas de opinión) parece llevarla irremediablemente hacia su renuncia al cargo, o hacia la apertura de un proceso de impeachment por parte del Congreso brasileño.
Efectivamente, el primer semestre de este año ha sido marcado por un deterioro del cuadro político nacional a raíz de la desarticulación política de la coalición parlamentaria del gobierno, propiciada por iniciativas políticas erróneas de la presidenta. Por otro lado, después de muchas idas y venidas, la principal formación política de oposición, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), decidió unirse a los manifestantes. El PSDB no solo incitó a los brasileños a manifestarse mediante spots en la televisión transmitidos durante las últimas semanas, sino que marcó su presencia física en las calles por la vía de la participación de su presidente, Aécio Neves (que disputó la Presidencia de la República contra Dilma Rousseff en 2014), en las protestas del pasado domingo. Finalmente, la oposición decidió intentar darle una salida política a la insatisfacción popular con el gobierno liderado por el Partido de los Trabajadores (PT), al pedir abiertamente la revocación del mandato de la presidenta.
Sin embargo, a pesar de la gran resonancia de esta demanda, hoy en día es poco probable que se sustente dentro del Congreso brasileño, al menos en el corto plazo. Durante las últimas semanas, la presidenta y su equipo han tratado salir del aislamiento político en el que se encontraban, en particular en el Parlamento. La decisión, hace pocos días, del presidente del Senado, Renan Calheiros, del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de presentar una “Agenda Brasil” al gobierno federal, ha contribuido a sacar de la defensiva a la presidenta Rousseff. Esta plataforma de reformas, que en los hechos tradujo una reaproximación política entre el Senado y el Poder Ejecutivo, ha permitido al gobierno respirar, cuando se encontraba cada día más debilitado frente al Poder Legislativo (en particular, ante el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha), a la oposición, a la impopularidad en las calles y a los hechos políticos ligados al escándalo de corrupción en Petrobras. Este respiro no fue gratuito: esta agenda de reformas tiene un claro corte conservador (flexibilización de los derechos laborales, aumento en el costo de los servicios públicos de salud, entre otros), contrario a las banderas históricas del PT. Sin embargo, en estos tiempos de crisis, es probable que la presidenta haya decidido ganar tiempo al aceptar recibir esta agenda, mientras su gobierno reconstruye su base de apoyo en el Congreso.
Además de este apoyo, otros actores políticos han dado señales implícitas o explícitas de querer mantener a la presidenta en el poder, a pesar de su impopularidad crónica y de la falta de crecimiento económico. La Corte Suprema decretó que el proceso de revisión de las cuentas públicas –que podría llevar a un pedido de revocación de mandato– sólo podrá someterse al pleno del Congreso (incluyendo al Senado), y no únicamente a la Cámara de Diputados, lo cual contribuyó a debilitar al presidente de esta última. Por otro lado, las principales cúpulas empresariales brasileñas, a pesar de su escasa simpatía hacia el gobierno de Rousseff, han decidido oponerse públicamente a un proceso de revocación de mandato, al temer que la pérdida del grado de inversión del país por las calificadoras de riesgo afecte todavía más la actividad productiva del país. Finalmente, el principal grupo audiovisual privado del Brasil, Globo, sorprendió a propios y extraños, al dar un giro editorial brusco en favor del gobierno de Dilma Rousseff, al llamar a la “conciliación nacional” en lugar de pedir la renuncia de la presidenta, al tiempo que su cobertura de las protestas del pasado domingo fue extrañamente inferior a la de manifestaciones anteriores (marzo y abril del 2015). Es posible que, al ver que la estabilidad del país comenzaba a verse amenazada, los principales actores de poder hayan decidido darle una tregua al gobierno de la presidenta.
* Analista del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC).