Marcial Rodríguez Saldaña

Once meses de 43 normalistas desaparecidos

Ayer 26 y hoy 27 de agosto, se cumplen once meses de la más grave violación a los derechos humanos que se haya cometido en las últimas décadas en nuestro país, ocurrida en Iguala, Guerrero, en contra de seis personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente –entre ellos tres estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos ubicada en Ayotzinapa, municipio de Tixtla–, y de la desaparición forzada de 43 alumnos de esta institución, de los cuales hasta la fecha se desconoce su paradero.
1.- La postura del gobierno de Peña Nieto frente a estos hechos –desde que se suscitaron y hasta la fecha– ha sido muy deplorable. Hay que recordar que en los primeros días que ocurrieron los asesinatos y desapariciones forzadas, Peña se desentendió de este asunto como si se tratara de algo irrelevante, diciendo que era un tema que le correspondía resolver al gobierno del estado, sin embargo, como resultado de la fuerte presión de la opinión pública nacional e internacional y de las organizaciones defensoras de derechos humanos en México y en el mundo y la movilización popular, cambió de opinión y decidió que su gobierno realizara la investigación a través de la Procuraduría General de la República (PGR).
2.- La poca importancia que Peña Nieto le ha dado a este asunto se ha ido constatando en distintos momentos, como el que habiendo un justo reclamo de los familiares de las personas acribilladas, compañeros, ciudadanos y organizaciones solidarias para que se actuara con rapidez y se pusiera todo el poder del Estado para buscar a los 43 estudiantes desaparecidos, Peña en vez de ocuparse directamente del asunto, haya decidido irse de viaje a China y luego que fuese hasta el 29 de octubre del 2014, a más de un mes de ocurridos los hechos que se dignara en recibir a los padres de los alumnos desaparecidos, asumiendo una postura muy formalista y adoptando una ausencia total de sensibilidad.
3.- Después, en el transcurso de la investigación de los hechos, en una visita que realizó el 4 de diciembre del 2014 al municipio de Coyuca de Benítez, Peña Nieto llamó a no quedarse atrapados en este asunto, a “superar” y a “olvidar” el caso de los 43 normalistas desaparecidos, hasta que determinó que el asunto fuese cerrado, pues le ordenó al procurador general de la Republica, en ese entonces Jesús Murillo Karam, que el 28 de enero del 2015 informara a la opinión pública que había llegado a una supuesta “verdad histórica” consistente en que los estudiantes desaparecidos habían sido calcinados en un basurero en la comunidad de Cocula; esto a pesar de que los investigadores del laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria, habían sostenido que no podrían confirmar si los restos que les entregó el gobierno de México pertenecían o no a los estudiantes desaparecidos.
4.- Sin embargo, los investigadores forenses argentinos han desmentido versiones del gobierno de Peña Nieto, ya que señalaron que no podían asegurar que los restos que entregó el gobierno mexicano al laboratorio de Austria, hubiesen sido recogidos en el basurero de Cocula. Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humamos (CIDH), ha expuesto en sus informes que la investigación debe mantenerse abierta, que el gobierno debe seguir buscando a los estudiantes, que deben continuarse las diligencias –entre ellas entrevistar personalmente a los militares destacamentados esos días en Iguala– a lo cual Peña se negó rotundamente, por lo que la averiguación de los hechos se mantiene inconclusa y ello constituye un serio obstáculo al esclarecimiento de las desapariciones.
5.- Los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, junto con sus compañeros alumnos, colectivos sociales, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, estudiantes universitarios y ciudadanos en ejercicio de sus plenos derechos, convocaron ayer, a once meses de esta tragedia infausta, a la XV acción global que incluyó protestas en las embajadas extranjeras en México, marchas en distintas partes del país y en la capital de la república, para exigir al gobierno de Peña Nieto que se castigue a todos los responsables materiales e intelectuales de estas graves violaciones a los derechos humanos y que entregue con vida a los alumnos desaparecidos, acciones con las cuales debemos ser incondicionalmente solidarios hasta que haya plena justicia.

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