Ernesto Villanueva

Órgano garante de transparencia, sí cumple

He dicho que los órganos de transparencia de los poderes públicos son instancias que dependen del poder y su propósito no es ayudar a garantizar el derecho a la información, sino antes bien, a dejarla a buen recaudo de ojos distintos a los de casa. Hoy, debo reconocerlo, para mi sorpresa el órgano garante sí cumple y con creces. Me refiero al órgano de transparencia del poder Legislativo de San Luis Potosí. Veamos.
Primero. El Consejo de Transparencia del Congreso del Estado de San Luis Potosí es noticia porque hace bien su trabajo. Eso debería ser en una democracia la regla de comportamiento, pero en la mayor parte de casos similares se privilegia la política sobre el interés de los gobernados. Ahora, hay una de cal por muchísimas de arena en este vilipendiado tema de la transparencia y rendición de cuentas. En efecto, el Consejo de Transparencia decidió hacer una auditoría de resultados y jurídica al propia Congreso del Estado. En principio, encontró que de las iniciativas de ley que hay en el Congreso 157 debido a su fecha de ingreso cumplen más de 6 meses pendientes. Por esta razón y conforme al artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se encuentran vencidas, habida cuenta que no se presentaron peticiones de primera o segunda prórroga como prevé la ley. También el Consejo tuvo conocimiento de graves irregularidades en los procesos de contratación, con información incompleta que impide su debida revisión. Lo mismo pasa con el personal del Congreso que cobra bajo la figura de sueldos asimilables por Tiempo Determinado. Esta información se conoce a posteriori y no en tiempo real como lo ha solicitado el Consejo de referencia. No escapa al órgano garante el abultado aumento en los altos mandos que no se justifican con el costo de la vida y la inamovilidad salarial para los mandos operativos.
Segundo. Por si lo anterior no fuera suficiente, el Consejo ha descubierto que la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado ha incurrido en graves violaciones constitucionales, fundamentalmente la de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 constitucional que dispone que todo acto de autoridad para tener vida jurídica debe estar debidamente fundado y motivado. Todo esto viene a cuento porque por razones metajurídicas el Congreso a destinado a apoyos personales la cantidad de 19 millones, 75 mil, 263 pesos, durante el 2014 y en el primer trimestre del 2015 ya llevaba gastado tres millones, 414 mil, 366 pesos. Estos recursos públicos se han destinado a donativos, material de construcción, gastos médicos, deportivos, ayuda para festejos, realización para evento y hasta para gastos funerarios. Con un claro razonamiento jurídico, el Consejo determinó que esos apoyos no están previstos ni en la Constitución Política del Estado ni en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, razón por la cual la Junta de Coordinación Política carece de atribuciones para hacer este tipo de pagos.
Tercero. Deja un buen sabor de boca que haya personas que sí cumplen su labor al margen de intereses políticos o partidistas. Se trata de Rodolfo Narro Loris, José Ángel Medina Narváez, Laura Alicia Lara Nájera y Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, quienes deben sentir orgullo de ajustar su conducta exclusivamente al mandato de la Constitución y de la Ley. Además de lo anterior los consejeros no cobran un centavo de los gobernados. Por el contrario, en casi todos los casos esos órganos le cuestan cada vez más a los mexicanos para saber cada vez menos. ¿Cómo explicar que en SLP no cuenta un peso y se dan grandes resultados y en los demás casos cuesta varios millones de pesos y constituye un dique al derecho a saber? Antes estos hechos, el reconocido jurista José Mario de la Garza Marroquín, quien desde hace varios años se ha convertido en un efectivo defensor del interés público y fue el artífice de la primera ley de transparencia en SLP, ha decidido apoyar esta causa mediante un litigio estratégico para que se respete la Constitución y la ley que diputadas y diputados del congreso potosino han decido ignorar al amparo de la inmunidad, que en realidad es impunidad, de que no va a ver consecuencias negativas para ello.

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