El “esclarecimiento inmediato y efectivo” del multihomicidio de la Narvarte, exigen a Peña

*Más de 700 mil ciudadanos y 640 periodistas de 192 países del mundo firman un desplegado en el que demandan al presidente que garantice una “investigación sin contemplaciones de los funcionarios estatales y municipales” involucrados en el asesinato del foto reportero Rubén Espinosa y cuatro mujeres

Agencia Proceso

Ciudad de México

Al cumplirse el primer mes del multihomicidio de la colonia Narvarte, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y escritores y periodistas nacionales e internacionales reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto y al Gobierno del Distrito Federal la violencia contra comunicadores y exigieron el “esclarecimiento inmediato y efectivo” del crimen del fotorreportero Rubén Espinosa y las cuatro mujeres.
En un desplegado a cuatro planas publicado en el diario El Universal, con el título “#NoNosCallarán”, 640 periodistas y más de 700 mil ciudadanos de 192 países del mundo demandaron al Ejecutivo garantizar una “investigación sin contemplaciones de los funcionarios estatales y municipales que, en cada caso, se puedan haber visto involucrados”.
Además, solicitaron realizar una investigación inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas y “el compromiso efectivo de su gobierno para garantizar la libertad de expresión en México”.
Firmado desde el pasado 15 de agosto, el desplegado está respaldado por las organizaciones internacionales de defensa de la prensa PEN América y AVAAZ, así como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
En él, los periodistas, escritores, artistas, creativos y ciudadanos de todo el mundo manifestaron a Peña Nieto su “indignación” por los ataques a los reporteros en México porque ello atenta contra el derecho a la información de la sociedad entera.
También consideraron que el asesinato del colaborador de Proceso y la agencia Cuartoscuro, Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, así como de Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Milena Virginia Martín –las víctimas encontradas en el departamento de la colonia Narvarte el pasado 31 de julio–, “ha sido un parteaguas”. La razón: la Ciudad de México “era considerada uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodístico”.
En el texto, los firmantes recordaron al presidente priista que desde el año 2000 “decenas” de reporteros han sido víctimas de homicidio y que otros 20 continúan desaparecidos y que la “abrumadora mayoría” de esos delitos siguen en la impunidad.
Peor aún, destacaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dicho que en varios de los ataques están involucrados funcionarios públicos, lo que calificaron como “censura a tiros”.
Los denunciantes recriminaron a Peña Nieto que en México las estadísticas de impunidad en los casos contra periodistas “son alarmantes”. Según la CNDH, 89% de los asesinatos permanecen sin resolver y las autoridades obstaculizan sus investigaciones.
Por último, los firmantes nacionales e internacionales recriminaron a Peña Nieto que los reporteros mexicanos “viven en peligro mortal. Las organizaciones criminales, los funcionarios de gobierno corruptos, y un sistema de impartición de justicia incapaz siquiera de determinar la responsabilidad de los asesinos son causa de la extrema vulnerabilidad de los reporteros”.

PGJDF violó protocolos internos, dice Artículo 19

Por separado, la organización internacional Artículo 19 –que funge como abogado coadyuvante de la familia del fotoperiodista–, difundió el “Informe sobre investigaciones de PGJDF en el asesinato de Rubén Espinosa”.
En su página de internet, aseguró que en la investigación de la PGJDF hubo “violación de protocolos internos” y faltas a la normatividad con la filtración de información sobre el caso “de manera ilegal y dolosa” a medios de comunicación y “en perjuicio de las víctimas, de la opinión pública y de la libertad de prensa”. Dijo que las filtraciones buscan desviar y manipular la atención pública del caso y entorpecer la indagatoria, lo que atenta contra el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
El informe de Artículo 19 acusa a la PGJDF de ser omisa en investigar a fondo la línea sobre la labor periodística de Rubén Espinosa en Veracruz y los antecedentes de agresiones, hostigamientos y amenazas que sufrió.