La crisis de inseguridad en Guerrero, por la impunidad casi total, advierte ONG mundial

*Por falta de voluntad política las autoridades no persiguen ni castigan a culpables de asesinatos, desapariciones y narcotráfico, señala James Goldston de Open Society Justice Initiative. Se reportaron 19 mil 434 homicidios ante las instancias judiciales entre 2005 y 2014, además de fosas no investigadas, “que sugieren firmemente que el número real de homicidios es mucho más alto”, advierte. La Fiscalía a menudo es responsable de tortura, y los poderes Legislativo y Judicial son subordinados o cómplices del Ejecutivo, menciona como fallas estructurales. México no ha cumplido la sentencias de la Coidh y envía un mensaje de impunidad, reprocha

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La impunidad casi total en homicidios, desapariciones y narcotráfico es producto de la falta de voluntad política para perseguir y castigar el delito, y el primer requisito para un cambio es que autoridades del más alto nivel reconozcan esta crisis, sentenció el director Ejecutivo de la organización Open Society Justice Initiative, James Goldston, quien hoy presentará el informe Justicia fallida en el estado de Guerrero, en Chilpancingo.
En consulta telefónica, el defensor opinó que cuando el nuevo gobernador asuma la administración estatal y se renueve el Congreso local en una semanas, será una oportunidad para cambiar el curso, y confió que este informe sirva a las nuevas autoridades para reformar el esquema de impartición de justicia.
Del panorama para el siguiente gobierno mencionó tendrá que lidiar con que Guerrero tiene la tasa de homicidios más alta del país y de ciudades de América Latina, con 48 homicidios por cada cien mil habitantes.
En general, se reportaron 19 mil 434 homicidios ante las instancias judiciales entre 2005 y 2014, “impactante para un estado con una población de sólo 3.4 millones de habitantes”, además de fosas comunes y clandestinas no investigadas descubiertas a partir de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, “que sugieren firmemente que el número real homicidios es mucho más alto”.
Aunque el panorama es difícil, consideró que sí es posible un cambio, “políticamente ha habido falta completa de voluntad política para perseguir y castigar a los responsables, eso tiene que cambiar, el primer requisito para el cambio sería un reconocimiento público al más alto nivel del gobierno de Guerrero de la crisis” ante la impunidad.
Goldston quien tiene estudios sobre la justicia en África, Asia, parte de Europa y Medio Oriente, explicó que la organización a la que pertenece trabaja en México desde hace diez años, desde que se utilizan militares para combatir a la delincuencia organizada.
El caso de Guerrero atrajo su atención por la ola de violencia que experimenta y la impunidad visible tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Entre los problemas estructurales del sistema de justicia, señaló la relación de policías con el crimen organizado, que la Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene capacidad técnica para resolver las crisis y a menudo es responsable de tortura, no tiene un sistema eficiente de protección de testigos y el Poder Judicial no es independiente del Ejecutivo.
“Es un problema muy difícil es cierto, pero hemos visto en otros lugares que se puede atacar este tipo de conflictos, si se mira Guatemala un país muy pequeño y pobre, hemos visto progreso en la lucha contra la impunidad para crímenes muy graves, con el coraje de una fiscal, la persistencia de organizaciones de víctimas y de derechos humanos, con la asistencia de una organización o comisión internacional que pudiera asistir en la investigación de crímenes, en Guatemala ha habido un progreso”, ejemplificó.
Asimismo, señaló que se puede aprender de las experiencias de Perú, Argentina, Chile, que han superado obstáculos de justicia.

Las propuestas

Aunque la situación no va a mejorar de un momento a otro, consideró que la aplicación de acciones concretas como el nombramiento de un vicefiscal para tomar responsabilidad en casos de violaciones de derechos humanos y atrocidades (crímenes de terrible crueldad), integrar equipos mutidisciplinarios para buscar a los desaparecidos, garantizar servicios periciales independientes del Ejecutivo y la Fiscalía, modificar la ley y crear una comisión con amplia participación civil que supervise a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), podrían mejorar la situación.
Además, propuso incluir definiciones claras para el delito de tortura y desaparición forzada, porque existen 54 casos de tortura documentados por la Codehum entre 1994 y 2014, y a la fecha no hay un señalado ni consignado en la entidad.
Agregó que se debe de reestructurar a la policía de Guerrero y reclutar personal con capacidad técnica para desempeñar efectivamente su trabajo.
Aunque el presidente Enrique Peña Nieto declaró hace dos días que la incidencia del delito disminuyó 35 por ciento en las “demarcaciones más conflictivas”, Goldston opinó que los indicadores de violencia en Guerrero, “son inaceptables para los que viven ahí y es responsabilidad de autoridades de Guerrero y del país identificar la situación”.
Del uso de militares en tareas de seguridad pública, dijo que “lo que sabemos de todas partes el mundo es que sí hay impunidad, el uso de las fuerzas militares crea riesgo”.
Asimismo, señaló que en la entidad existe una violación sistemática de derechos humanos por las fuerzas armadas, como en otras partes del país, y desde 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ha emitido seis sentencias contra México, cuatro sobre casos de violaciones en Guerrero”.
Recordó que México no ha cumplido dichas sentencias, y está enviando un mensaje de impunidad.

Las “atrocidades de índole política”

El informe de Open Society Justice Initiative hace un análisis sobre los retos políticos y estructurales para investigar, perseguir, sancionar y reparar casos de atrocidades y violaciones masivas de derechos humanos.
Establece que para que fueran posibles “atrocidades de índole política” como han ocurrido en Guerrero, era condición que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ahora Fiscalía General del Estado, fuera un apéndice del poder Ejecutivo con débil presencia y capacidad de abogados defensores.
Que el poder Judicial también depende del Ejecutivo, como ejemplo indicó que un secretario general de Gobierno (Jesús Martínez Garnelo), pidió licencia de la presidencia en la Judicatura local para ocupar un puesto de subalterno del gobernador.
Asimismo, el Congreso local omitió actuar como contrapeso del Ejecutivo, “en 2014 fue cómplice de la irregular neutralización por parte del ex gobernador Ángel Aguirre de la única institución estatal que denunciaba la impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos: la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero”.
En estas circunstancias, la tortura y abusos por parte de autoridades estatales son comunes. Entre 2008 y abril de 2014 la Codehum recibió 101 quejas por presuntos hechos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por agentes estatales.
Por lo tanto, no sorprende “la impunidad casi absoluta por casos de violaciones graves a derechos humanos y atrocidades cometidas por la policía y por funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito, en parte porque los funcionarios públicos a cargo de investigarlos forman parte de las mismas instituciones implicadas”.
Aunque el nuevo esquema de justicia penal acusatorio establece nuevos principios de presunción de inocencia y procedimientos para la depuración de funcionarios implicados en abusos, no operó porque la reforma entró en vigor en medio de la crisis política por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa.
El investigador y director del organismo internacional de derechos humanos, también fue coordinador de procesamientos y abogado litigante principal en la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, y director general de los derechos humanos de la Misión a Bosnia-Herzegovina de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y fiscal en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde se centró en el crimen organizado. Su informe se presentará hoy a las 11 de la mañana en el hotel Paradise.