Anuncian reunión entre comisiones de senadores y los expertos sobre el caso Ayotzinapa

Agencia Reforma

Ciudad de México

Las comisiones de Derechos Hu-manos y de Relaciones Exteçriores Organismos Internacionales del Senado se reunirán con los especialistas de la Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer, de primera mano, la investigación sobre el caso Ayotzinapa.
Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sostendrán un encuentro con los legisladores federales el próximo miércoles a las 11:00 horas.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, consideró que tras las revelaciones realizadas por los especialistas que contradicen la “verdad histórica” de la PGR, es necesario llamar a cuentas al ex Procurador, Jesús Murillo Karam.
“Y no solamente al ex procurador sino también a los funcionarios que junto con él o bajo su responsabilidad estuvieron dirigiendo todas estas investigaciones. Lo primero que se tiene que hacer es llamar a cuentas”, dijo.
La vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, pidió sancionar a los funcionarios responsables de la investigación.
“Sancionar el desempeño de los funcionarios públicos que manipularon, que omitieron, que ocultaron deliberadamente información y que inventaron una verdad llamada histórica con medidas que son inverosímiles”, expresó.
Por su parte, la bancada del PAN en el Senado aseguró que informe de los expertos de la CIDH afecta la credibilidad y confianza en el Gobierno.
“Una vez más, exigimos justicia y castigo a los responsables. El informe pone de relieve la dimensión del conflicto: 180 víctimas directas, seis ejecuciones, 40 heridos, 43 desaparecidos, 80 perseguidos y 700 familias afectadas por el miedo”, señalaron.
En tanto, Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, acusó a la PGR de eliminar evidencias en el caso Ayotzinapa, con la finalidad de mantener en la impunidad a los funcionarios estatales y federales involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.
En conferencia, el legislador federal aseguró que la decisión también tuvo como finalidad proteger al Ejército, para que sus elementos no formaran parte de la indagatoria.
“Hubo una decisión política para que la PGR eliminara evidencias que vincularan a integrantes, a servidores públicos del Gobierno del Estado de Guerrero y del Gobierno federal, hubo una decisión política para hacer a un lado las evidencias que vincularan al Ejército mexicano en estos acontecimientos”, denunció.
Según Barbosa, la investigación presentada por la PGR se enfocó, únicamente, a constituir responsabilidades contra policías y delincuentes de bandas criminales, pero sin afectar a funcionarios de mando de las policías Municipal, Estatal y Federal.