Tlachinollan

Tormentas e indolencia gubernamental

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

El 13 de septiembre de 2013 la lluvia inclemente devastó a los pueblos de Guerrero. Desde aquellos días funestos la tragedia del desastre se ensañó contra las familias pobres del estado. Más de cuatro días un fenómeno meteorológico de enormes proporciones, originado por la conjunción de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, golpeó el territorio mexicano causando graves afectaciones a nuestra entidad. Una de las zonas más afectadas fue La Montaña, la región con los índices más altos de marginación de todo el país.
La indolencia de las autoridades y la desfachatez con la que actuó el gobernador Ángel Aguirre Rivero, propiciaron un desenlace fatal. En las comunidades de La Montaña no se recibió un solo aviso gubernamental sobre lo que se avecinaba. Prevaleció el descuido, la descoordinación y la carencia de medidas preventivas que amortiguaran el desastre. Protección Civil quedó desbordada y fue incapaz de auxiliar a la población, porque no cuenta con personal ni equipo especializado para prevenir situaciones degraves riesgos colectivos.
Las montañas expulsaban las enormes cantidades de agua que habían absorbido. La neblina impedía visibilizar la destrucción de pueblos vecinos; las toneladas de lodo cerraron intempestivamente los precarios caminos por donde transitan los pueblos, quedando por varias semanas incomunicados.
Ante una inadecuada y tardía respuesta que fue denunciada en su momento, las comunidades damnificadas de La Montaña se organizaron para hacer frente a la emergencia conformando un Consejo de Comunidades Damnificadas (CCDM) que permitiera unir las voces de cientos de familias que se enfrentaban una vez más, no sólo a la contingencia ante un desastre natural, sino al juego perverso de utilizar políticamente la ayuda humanitaria que llegaría a la región a cuenta gotas.
Durante estos dos años CCDM se ha consolidado como un esfuerzo organizativo de las comunidades, que a partir de sus propias formas de organización interpelan con dignidad al Estado mexicano para demostrar la capacidad de articulación y propuesta de los pueblos indígenas. Lograron armar una propuesta viable para hacer frente a la hambruna, que por siglos sigue siendo al flagelo de las familias pobres de La Montaña. No sólo se movilizaron para hacer visible su malestar por la desatención gubernamental sino para demandar respuestas concretas a una propuesta inédita, de diseñar un plan extraordinario y gratuito de abastecimiento de granos básicos denominado Que Llueva Maíz en la Montaña.
El Consejo fijó como prioridades inmediatas el abastecimiento urgente de alimento y medicamento a las comunidades incomunicadas y a los campamentos de desplazados, así como la rehabilitación de los tramos carreteros afectados, viviendas destrozadas y redes de distribución de agua potable destruidas. De igual forma, el Consejo se propuso desde un inicio sostener una interlocución directa con las autoridades federales, evitando que éstas continuaran privilegiando la relación con presidentes municipales e intermediarios, evitando así que excluyeran a las comunidades de la elaboración del recuento de daños y en el diseño de las acciones requeridas ante la emergencia.
Los programas implementados en la región de La Montaña en respuesta a los desastres naturales carecieron desde un inicio de una perspectiva de derechos y de interculturalidad. Fue una respuesta en automático que consistió en ampliar la instalación de comedores comunitarios con el apoyo del Ejército, dentro del programa de la Cruzada Contra el Hambre, en un número limitado de comunidades, y al mismo tiempo, se hicieron repartos discrecionales de granos en un número limitado de municipios, sin buscar la participación directa de las comunidades.
Por otra parte, el 7 de noviembre de 2013, se anunció un programa de reconstrucción de la entidad con el Plan Nuevo Guerrero (PNG), centrado en obras de infraestructura, sin especificar qué tipo de proyectos de reconstrucción se consideraban para la región de La Montaña.
A pesar de que el Plan incluyó proyectos específicos de combate a la violencia contra la mujer y la extensión a otras comunidades de la cruzada contra el hambre, no fueron respuestas apropiadas para este tipo de contingencias, ni para la reducción de nuevos riesgos. Las acciones se llevaron a cabo sin que las comunidades supieran claramente qué acciones estaban consideradas en cada comunidad y municipio; con la agravante de que por meses las autoridades de los distintos niveles de gobierno se dedicaron a censar las comunidades por sus daños, con diferentes formatos, en diferentes fechas y sin coordinación entre instituciones y niveles de gobierno.
De acuerdo con la información oficial, el PNG estableció la inversión de 37 mil 425.4 millones de pesos para todo el estado en el 2014, de la cual, se destinó una inversión de 4 mil 302 millones 419 mil 601 pesos para los 19 municipios de La Montaña, con 2 mil 298 acciones; es decir el 11.4 por ciento del total del presupuesto anual del PNG. Nada se sabe sobre las obras que se hicieron con estos recursos en estos dos años. Lo real es que la gente sigue viviendo en las techumbres derruidas, ingeniándoselas para cruzar los ríos ante los puentes caídos, luchando contra el hambre ante la devastación de sus tierras de cultivo y la baja productividad de sus parcelas, que están ávidas de lluvia.
Hasta la fecha las comunidades damnificadas continúan sin conocer los resultados de los censos de viviendas dañadas y de infraestructura en cuanto a los servicios básicos. Los funcionarios son reticentes a informar a las familias damnificadas y a sus autoridades, qué empresas son las contratadas para la construcción de sus viviendas. Es claro el contubernio que existe con los funcionarios de gobierno, por el trabajo de mala calidad que realizan en la región, porque no concluyen las obras y porque reducen las acciones programadas. Ante el engaño de las autoridades y el atraco de las empresas constructoras, varias familias no tuvieron otra alternativas que cortar adobes para levantar con sus propias manos y recursos, sus casas. Lo peor de todo es que el personal de la Sedatu, en lugar de registrar a estas familias que perdieron sus viviendas e incorporarlas a su sistema, las ignoró, porque según ellos ya cuentan con vivienda nueva.
Una de las cuestiones más preocupantes ha sido el número de comunidades desplazadas. En su momento el propio gobierno estatal estimó que éstas se elevaban a 215 en el estado, y se estimaba urgente la realización de estudios geológicos que, en diálogo y consulta con las comunidades, permitieran determinar si se precisaba su reubicación o bien si era conveniente realizar obras en las comunidades para contrarrestar el reblandecimiento de los suelos. Sin embargo, los resultados de algunos de estos estudios sólo se conocieron después de un año. Hasta la fecha hay comunidades que enfrentan graves riesgos y que requieren una reubicación total, pero lamentablemente no cuentan con el estudio técnico de las instancias competentes. Varias poblaciones se han resignado a reubicarse en laderas cercanas a su centro poblacional con el riesgo de sufrir otra avalancha.
Ante esta realidad plagada de irregularidades y de manejo discrecional de los recursos económicos, los pueblos de La Montaña han tenido que bregar a contrapelo de las autoridades encargadas de la reconstrucción. A dos años de las tormentas los funcionarios manifiestan que ya no hay fondos para la reconstrucción, por lo mismo, los pueblos tienen que resignarse a vivir en la precariedad ancestral.
Las comunidades de La Montaña han mostrado su temple y han logrado generar iniciativas que buscan llenar los vacíos de la inacción gubernamental. Las 185 comunidades indígenas que integran el CCDM, se dieron a la tarea de realizar su propio censo sobre las afectaciones de sus viviendas. Dicho censo arrojó como resultado un total de 4 mil 351 familias en condición de damnificadas. Con esta información de campo se ha pedido que la Sedatu coteje la información oficial para que subsanen estas deficiencias y reparen los daños de las viviendas que no contabilizó.
Ante la presión ejercida por el Consejo, la Sedatu se vio obligada a cruzar la información oficial con la del Consejo hasta el mes de marzo de 2015. Fue tres meses después cuando se decidieron a realizar las verificaciones en campo. De julio a la fecha apenas han podido recorrer tres municipios de los 13 que conforman el Consejo. El tortuguismo gubernamental sigue siendo un lastre para las comunidades damnificadas, que tienen que cargar con la ineficiencia de las instituciones.
A la distancia vemos que no hay un programa ni un plan de acción gubernamental que responda integralmente a la necesidad de reconstrucción de la región de La Montaña, ni que permita la participación de las comunidades como parte de su reconstrucción, con excepción de la implementación del proyecto sin precedentes que ha sido impulsado por el CCDM Que Llueva Maíz en la Montaña.
La firma que se realizó entre las autoridades federales y el Consejo en febrero de 2014, significó un gran logro en el proceso de organización de las comunidades de la región de La Montaña. Según los acuerdos, se creó un programa extraordinario y excepcional con perspectiva de derechos y pertinencia cultural. Los granos se comenzaron a distribuir en marzo de 2014 directamente a las comunidades, sin intermediarios, respetando el rol que juegan las autoridades tradicionales. El mecanismo aseguró la participación de la comunidad y la transparencia en la entrega de los granos.
Las cuatro primeras entregas han sido posibles gracias a los esfuerzos realizados por el Consejo, que en diversas reuniones ha informado a las comunidades sobre los derechos y obligaciones con respecto a la aplicación del programa. El Consejo también ha reunido el censo de los beneficiarios; ha acordado las mejores rutas para la entrega y ha establecido compromisos de todas las comunidades a través de actas asambleas comunitarias en las que cada comunidad beneficiaria del programa se ha comprometido a llevar a cabo diferentes trabajos  de reconstrucción en respuesta a la entrega de granos básicos.
El programa es la única propuesta de reconstrucción que hasta la fecha ha sido puesto en marcha con participación de las comunidades indígenas; sin embargo su implementación ha tenido una serie de retrasos injustificados por parte de las autoridades, por lo que el Consejo continúa priorizando sus acciones para que se concluyan las seis entregas y se evalúe su implementación como fue acordado. Es necesario enfatizar que este programa debe consolidarse como un modelo de participación real de los pueblos que puede ser extendido a un programa integral de reconstrucción. Esta es  la batalla que viene.