Se plantan en Palacio de Gobierno civiles que irrumpieron armados en Chilapa

*Marchan y protestan con ellos también vecinos de los municipios de Tecoanapa, Tixtla y Chilpancingo que demandan financiamiento de proyectos productivos y material para la construcción de casas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Comisarios de 36 comunidades del sur de Chilapa integrantes de la autodenominada Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia AC, que en mayo irrumpieron en la cabecera municipal para capturar al jefe de la banda de Los Rojos, marcharon ayer en la capital y emplazaron al gobierno del estado a que resuelva un pliego petitorio que le entregaron desde diciembre del año pasado.
Una de las peticiones contenidas en su pliego es la seguridad en las 36 comunidades, donde han ocurrido unos 10 levantones desde mayo.
Unos 300 inconformes de esas localidades, y vecinos de los municipios de Tecoanapa, Tixtla y Chilpancingo que demandan proyectos productivos y material para la construcción de casas, marcharon ayer del monumento a Las Banderas al Palacio de Gobierno, donde instalaron un plantón, y bloquearon el acceso principal al inmueble y el encauzamiento del río Huacapa frente a la sede del Poder Ejecutivo estatal.
A las 2 de la tarde comenzaron a bloquear los accesos laterales del edificio para evitar la salida de los trabajadores y ciudadanos que acudieron a realizar trámites; pero unos 30 policías antimotines replegaron al grupo que impedía el paso por el lado de la tienda Soriana, y permitieron la salida sin mayores consecuencias.
El abogado de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, Jesús Escobedo González informó que desde diciembre del año pasado, antes de que las comunidades de Chilapa se organizaran contra la inseguridad provocada por el crimen organizado y los abusos de las policías estatal y federal, y del Ejército mexicano, entregaron un pliego petitorio dirigido al gobernador Rogelio Ortega Martínez.
En el documento, fechado el 11 de diciembre de 2014, los comisarios exponen el problema de inseguridad por el que están atravesando, y exigen respuesta a otras demandas de proyectos productivos y material para la construcción de vivienda, pero no tuvieron respuesta.
Los comisarios de las 36 comunidades del sur de Chilapa, sin embargo, explotaron en mayo pasado, debido a que a pesar de sus denuncias ante el gobierno del estado, los levantones, asesinatos, cobro de derecho de piso y extorsiones aumentaron en sus comunidades.
El 9 de mayo, unos 300 civiles armados encabezados por los comisarios de las 36 localidades entraron a la cabecera municipal en busca de Zenén Nava Sánchez El Chaparro, presunto líder de la banda de Los Rojo que controla la plaza de Chilapa y a quien los habitantes de las localidades, principalmente El Jagüey, San Ángel y Xiloxuchicán, acusan de ser el responsable de la violencia que viven.
Los civiles armados se retiraron de Chilapa el 14 de mayo con la promesa de los gobiernos estatal y federal de que actuarían contra el grupo criminal y garantizarían la seguridad en sus pueblos.
Sin embargo, a más de cuatro meses de su irrupción, la inseguridad sigue igual en esos pueblos, denunció el abogado Escobedo González. Aseguró que en los últimos cuatro meses han sido levantados al menos 10 vecinos, pero no quiso dar mayores detalles, porque dijo que sus familiares tienen temor, y que por eso no han presentado la denuncia formal ante las autoridades.
Informó que tampoco el servicio de transporte se ha restablecido de las comunidades a la cabecera municipal porque el crimen organizado sigue exigiendo cuota a los transportistas, que temen ser levantados.
Por otra parte, denunció que la Policía Federal y el Ejército incumplieron el acuerdo de que detendrían al líder de Los Rojos que controla la plaza en Chilapa, como se comprometieron cuando abandonaron la cabecera municipal.
Por el contrario, los nahuas de las comunidades denunciaron durante el plantón que el Ejército y la Gendarmería, en sus recorridos por esos pueblos, solamente cometen atropellos contra los habitantes y han pretendido desarmar a los policías comunitarios.
Escobedo González, aseguró que a cuatro meses de que irrumpieron en Chilapa, la Policía Comunitaria Por la Paz y la Justicia ha sido “legalizada” y ya cuenta con su permiso expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Informó que actualmente los policías sólo se encargan de la seguridad en los pueblos, pero emplazaron al gobierno estatal y federal a que den muestras de voluntad y resuelvan el problema de la inseguridad y la violencia, de lo contrario, el 12 de octubre instalarán retenes en las carreteras que conducen a la cabecera municipal para que funcione el servicio de transporte y los vecinos puedan viajar a la cabecera municipal sin temor de ser víctimas del crimen organizado.
Con los comunitarios desarmados de Chilapa también marcharon ciudadanos de los municipios de Tecoanapa, Tixtla y Chilpancingo que piden al gobierno estatal proyectos productivos y material para vivienda.
Escobedo González informó que tras la protesta de ayer, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado les programó una mesa de trabajo para el próximo martes 22 de septiembre, con representantes de las dependencias responsables de desahogar el pliego petitorio pendiente; principalmente con los de las secretarías de Seguridad Pública, de Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Rural.
Mientras la comisión encabezada por el abogado y el comandante de la Policía Comunitaria de Xoloxuchicán, José Apolonio Villanueva, se encontraban en la secretaría de Gobierno, unos 30 policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, replegaron a unos 50 de los manifestantes que mantenían un bloqueo en el acceso lateral, frente a la tienda Soriana.
Desde las 2 de la tarde, los manifestantes bloquearon los accesos laterales del Palacio para presionar a las autoridades a dar respuesta a los integrantes de la comisión que entraron en su representación.
Sin embargo, el incidente sólo llegó a los empujones durante el altercado. La policía estatal intervino debido a que ya había desesperación de los empleados y ciudadanos que entraron a hacer trámites y que querían salir del inmueble, algunos, incluso, salieron por debajo de las rejas.
Los manifestantes se retiraron del plantón a las 5 de la tarde.