Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

El PRD no mete “las manos al fuego” por alcaldes señalados de nexos con el narco, dice Cesáreo

*El PRI se deslinda y señala que la PGR es la instancia responsable de encontrar o no vínculos con el crimen. El PAN niega que el alcalde de Tepecoacuilco tenga relación con Guerreros Unidos

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

Mientras el presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, indicó que el partido “no mete las manos al fuego” por los alcaldes perredistas que son señalados de tener nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, el del PRI, José Parcero López, indicó que solamente la PGR puede dar por cierto que existe un vínculo entre alcaldes del tricolor y ese cártel.
En tanto, el dirigente del PAN, Óscar Silva Abarca, dijo que Acción Nacional respalda al alcalde panista de Tepecoacuilco, Antonio Galarza Zavaleta, y negó que el edil esté relacionado a esa célula delictiva.
El 30 de octubre de 2014, apareció en Iguala una manta atribuida a El Cabo Gil, en la que se mencionan, entre otros, a los ex alcaldes priistas de Taxco, Salomón Majúl González, ahora diputado federal; de Huitzuco, Norberto Figueroa Almazo, y de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana; así como a los perredistas de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares; de Iguala, José Luis Abarca; de Apaxtla, Efraín Peña Damasio, y al panista de Tepecoacuilco, Antonio Galarza Zavaleta, todos con sus directores de la policía municipal, de tener nexos con Guerreros Unidos.
Al respecto, el sábado en Iguala, el gobernador Rogelio Ortega Martínez pidió que se investigue “a profundidad” a los funcionarios señalados en la narcomanta firmada por el capo, en la que evidenció supuestos nexos con el cártel responsable del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dijo que el presunto lugarteniente de la agrupación criminal recibió protección de policías municipales, lo que evitó su captura durante los 11 meses que estuvo prófugo por su implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Consultados vía telefónica sobre esta situación, los líderes partidistas respaldaron la propuesta del mandatario estatal.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Celestino Cesáreo, indicó que el partido “no mete las manos al fuego” ni por Ignacio Valladares, ni por Peña Damasio.
Dijo estar de acuerdo con el gobernador, en el sentido de que sean investigados y se aplique la ley en caso de que alguno haya incurrido en acciones ilegales, pero aclaró que las investigaciones deben ser dirigidas a todos los que sean sospechosos, sin importar el partido al que pertenezcan.
Además, llamó al gobernador a que también las autoridades estatales inicien una investigación en ese sentido y no deje esa responsabilidad solamente al gobierno federal.
A pregunta expresa, Cesáreo Guzmán dijo que ni Peña Damasio ni Ignacio Valladares le manifestaron que fueran víctimas de presiones u hostigamientos por parte de Guerreros Unidos, pero insistió en que el PRD “no mete las manos al fuego por nadie”.
Por su parte, el dirigente del PRI, José Parcero, dijo que solamente la Procuraduría General de la República (PGR) puede determinar si realmente existió protección por parte de los alcaldes para ese grupo de la delincuencia organizada.
Indicó que el PRI cree en las instituciones del Estado mexicano y aseguró que la postura del tricolor es que los hechos violentos que sucedieron en Iguala, los días 26 y 27 de septiembre, sean investigados y esclarecidos.
Sobre los señalamientos de la narcomanta, en la que se acusa de tener vínculos con Guerreros Unidos al diputado federal Salomón Majul, ex alcalde de Taxco, donde fue detenido El Cabo Gil, Parcero López insistió en que solamente las autoridades que tienen a su cargo la investigación de los hechos de Iguala, pueden dar por hecho o no esa presunta relación.
Comentó que desde que asumió el cargo de delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y después de dirigente estatal, ninguno de los tres alcaldes priistas le informaron que fueran víctimas de presiones o amenazas de Guerreros Unidos.
Aseguró que en el tricolor existe disciplina y transparencia en la afiliación de sus militantes, además de que el partido ha dejado claro a los priistas, que ocupan cargos públicos, que deben sujetarse a la ley y responder ante los reclamos de la sociedad.
– ¿El PRI mete las manos al fuego por esos tres alcaldes que fueron señalados? – preguntó este reportero.
– El PRI tiene estatutos claros, hay que esperar a que las autoridades determinen cualquier indicio, nosotros no protegemos a nadie, pero que investiguen a quien tengan que investigar, hasta donde pegue, hasta el fondo – respondió.
Luego insistió en que debe ser la PGR la que determine si existió o no protección de las autoridades municipales a ese cártel.
Agregó que no se opone a que las autoridades investiguen a los alcaldes del PRI o de otro partido.
En tanto, Óscar Silva, secretario general del PAN con funciones de presidente, a diferencia del PRD, dijo que Acción Nacional “sí mete las manos al fuego” por Antonio Galarza Zavaleta, alcalde de Tepecoacuilco de quien su nombre también apareció en la manta.
Indicó que existe el respaldo total del partido al edil y negó que este tenga algún tipo de relación con ese u otro grupo delictivo que opera en la región Norte de Guerrero.
Dijo que Galarza Zavaleta nunca se ha acercado al partido para manifestar algún tipo de presión por parte de la delincuencia organizada, y se sumó a la postura del gobernador de que el edil panista sea investigado.
Sin embargo, pidió que Rogelio Ortega también sea investigado, toda vez que “en los últimos 54 años ha sido el peor gobernante en Guerrero”, y denunció que existieron irregularidades en los recursos ejercidos en la Secretaría de Desarrollo Económico, “no hubo transparencia en esa dependencia, es necesaria una auditoria”.
Indicó que el PAN está en la exigencia de que se llegue a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala, y lamentó que la impunidad sea uno de los problemas que más aquejan al estado.

468 ad