Marcial Rodríguez Saldaña

Ayotzinapa-Iguala: un año y 43 desaparecidos

Este 26 y 27 de septiembre se cumplirá un año de la violación a los derechos humanos más grave que se tenga memoria en nuestro país en las últimas décadas, consistente en el asesinato de seis personas, entre ellas tres alumnos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos ubicada en Ayotzinapa municipio de Tixtla, Guerrero, y la desaparición de 43 estudiantes de esta institución educativa, hechos cometidos en la ciudad de Iguala.
1.- Los ataques a la libertad personal, las detenciones arbitrarias, las amenazas, las torturas, las lesiones, los crímenes –privación del derecho más esencial del ser humano como es la vida– y la desaparición forzada, constituyen un cúmulo de las más graves violaciones perpetradas en contra de jóvenes mexicanos que es lo más valioso que tiene la patria, hoy teñida con su sangre, y que como hechos abominables han conmovido a la conciencia nacional e internacional, las cuales han acompañado en estos doce meses a los padres de familia de las víctimas, quienes con todo el derecho exigen justicia.
2.- Un año ha sido insuficiente para que el gobierno de Peña Nieto haya podido esclarecer los hechos, para dar certidumbre a los familiares en cuanto el paradero de los 43 estudiantes sujetos de desaparición forzada, toda vez que la supuesta verdad histórica de que los jóvenes desaparecidos fueron incinerados en el basurero de Cocula, ha sido desmentida por el perito contratado por los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
3.- Las conclusiones contrastantes entre la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) por órdenes de Peña Nieto y el GIEI, en cuanto a la hora en que ocurrieron los crímenes y la desaparición forzada y la supuesta incineración han deslizado la versión de que Peña Nieto fue engañado –esto para eximirlo de responsabilidad– pero esto no puede ser así ya que quien detenta la representación del Poder Ejecutivo y la jefatura del Estado es sólo Peña Nieto, los demás son sus subordinados que obedecen sus órdenes, pero además Peña Nieto ya había sido gobernador del Estado de México y por más que sus asesores y funcionarios le dijeran que era un tema local, Peña debió por sí mismo asumir este asunto como una prioridad de su gobierno.
4.- La realidad es que a pesar de que todas las autoridades municipales, estatales y federales estuvieron informados de la grave situación de inseguridad que existía en Iguala, de la colusión entre la policía y el crimen organizado y de que esos días el 26 y 27 de septiembre del 2014 se estaba asesinando a estudiantes, de que se les estaba sometiendo a torturas y desaparición forzada, Peña Nieto no intervino para que con la fuerza del Estado se desarticularan las estructuras delincuenciales y dejó correr las horas y los días que eran claves para poder impedir estas graves violaciones a los derechos humanos, por ello, es directamente responsable al no haber actuado para evitar que se cometieran y que durante todos estos meses han mantenido a la nación en una crisis moral, social, política y humanitaria.
5.- Hoy 24 de septiembre, Peña Nieto se va a dignar en recibir por segunda ocasión en un año a los padres de familia de los estudiantes asesinados y sujetos de desaparición forzada. ¿Qué les va a decir? Que acepten la supuesta verdad histórica de que sus hijos fueron calcinados en el basurero de Cocula, que superen este drama como pidió hacerlo a lo largo de este año en varios de sus discursos, que se van a hacer más dictámenes periciales en el basurero. Lo cierto es que debido a la errónea investigación de la PGR a la cual Peña Nieto le dio toda la validez, a su propia actitud de considerar este problema como un tema local, de no darle desde el primer momento la dimensión que requería, Peña Nieto ha perdido toda credibilidad y autoridad moral para resolver este asunto.
6.- A un año de las agresiones, de que fueron lesionados de gravedad varios estudiantes que hoy padecen las secuelas, de los seis asesinatos y de la desaparición forzada de los 43 alumnos de Ayotzinapa, el gobierno de Peña Nieto se ha visto incapaz de realizar una investigación imparcial, de dar confianza, certidumbre a los padres de familia, quienes han dado una muestra de dignidad estoica al luchar sin denuedo por la presentación con vida de sus hijos. Es posible como ha ocurrido hasta ahora que continúe una postura burocrática del gobierno, pero la lucha ejemplar de los familiares, de ciudadanos y de todas las organizaciones sociales solidarias debe continuar hasta lograr la presentación con vida de los 43 estudiantes, que se castigue a todos los responsables incluido Peña Nieto, se conozca la verdad de todos los hechos y haya plena justicia.

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