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Hay 30 órdenes de aprehensión contra egresados de Ayotzinapa que protestaron en 2011 y 2014, denuncian

La PGR y la FGE actúan contra normalistas que participaron en las protestas para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel de Jesús Echeverría, en la Autopista del Sol, informa el comité de egresados

 

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El representante del Comité Estudiantil de egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa, Izcóatl Benito Coronado informó que hasta la fecha hay 30 órdenes de aprehensión liberadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), contra quienes protestaron en diciembre de 2011 y 2014 para exigir el esclarecimiento de atentados a estudiantes de la institución.
En conferencia de prensa en el plantón popular magisterial del Zócalo, Benito Coronado, acompañado de los integrantes del Comité Estudiantil de egresados, Andrés Zuloaga García y Óscar González Palacio, y de los miembros de la comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) opositora, Antonia Morales Vélez y Arturo Nava Torres, declaró que hace dos años llegó a la dirección de la Normal Rural de Ayotzinapa un oficio que incluía las órdenes de aprehensión.
Según Benito Coronado, las órdenes de aprehensión fueron giradas contra los dirigentes estudiantiles de la Normal Rural de Ayotzinapa que se movilizaron en 2011 para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel de Jesús Echeverría, el 12 de diciembre de ese año en la Autopista del Sol.
Explicó que, el pertenecer a la Normal Rural de Ayotzinapa ampara a los estudiantes durante las movilizaciones, pero no a los egresados; sin embargo, no especificó cómo supieron de las órdenes de aprehensión que giró la FGE.
Se negó a dar los nombres de los afectados por las órdenes de aprehensión, con el argumento de que se tiene que proteger a los normalistas acusados, pero dijo que se desconoce los delitos que se les imputan en el oficio.
El fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz declaró el miércoles que ha buscado acercarse a los normalistas de Ayotzinapa para conocer si ellos se adjudican “el ataque” del lunes a la Fiscalía, “porque eso es un delito, no es una manifestación”, dijo.
Al respecto, Benito Coronado aseguró que no ha habido ningún acercamiento a las autoridades para hablar sobre el tema, y criticó que se desperdicie tiempo buscando a los responsables de acciones contra instituciones gubernamentales, en lugar de que se avance en la investigación del paradero de los 43 normalistas detenidos y desaparecidos.
Dijo que se programó una reunión el 6 de octubre con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, en la ciudad de México, en la cual participarán egresados de Ayotzinapa, quienes someterán a discusión las órdenes de aprehensión y exigirán que se anulen.
Añadió que los egresados de Ayotzinapa abandonaron el Curso Integral de Consolidación a las Habilidades Docentes, que tenía como objetivo capacitar a los normalistas para que volvieran a presentar la evaluación de ingreso al Servicio Profesional Docente, en octubre, hace cinco días porque se enfocarán en la jornada de acciones para exigir el esclarecimiento de los ataques en Iguala, a un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
Por último, anunció que hoy, a las 12 del día habrá una marcha en demanda del esclarecimiento de los ataques en Iguala, como parte de las acciones del aniversario de su desaparición forzada.
Por su parte, Antonia Morales dijo que el Movimiento Popular Guerrerense tendrá un foro el 8 de octubre, al cumplirse un año de la instalación del plantón popular magisterial en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, con el que se exigió la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa el año pasado.
Manifestó que, en la actualidad, no sólo están movilizados los cetegistas y normalistas en el estado, sino también los burócratas, quienes exigen el pago del bono sexenal, por lo que espera que el gobierno estatal actúe para resolver las demandas de todos los sectores.

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