Pidieron padres de Ayotzinapa a Peña una Comisión Internacional contra la Impunidad como la de Guatemala

Su objetivo, investigar y coadyuvar en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los    derechos humanos, conflicto de interés y macrocriminalidad. “Nuestro país se convierte en una inmensa fosa clandestina”, dicen en el documento que entregaron al presidente el jueves

Redacción

En el documento que leyeron y entregaron al presidente Enrique Peña Nieto en la reunión del jueves, los familiares de los normalistas desaparecidos demandaron que solicite a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su colaboración para crear una instancia internacional contra la impunidad como la que funcionó en Guatemala.
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos le pidieron al presidente que en su visita a las Naciones Unidas, prevista para el domingo, “requiera formalmente” la colaboración de la ONU “para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México, que investigue y coadyuve en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, conflicto de interés y macrocriminalidad”.
Expusieron en el escrito que la comisión debe ser “similar” a la que funciona en Guatemala porque no confían en las instituciones nacionales.
“Presidente: no confiamos en sus instituciones y en su gobierno, que dolosamente buscaron engañarnos, pero el anhelo de abrazar nuevamente a nuestros hijos hoy nos hace estar aquí para exigirle una vez más que los encuentre, que los encuentre ya”, le dijeron al presidente.
También le pidieron que en su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, “reconozca la legitimidad de nuestra lucha, la convicción del Estado mexicano para acatar el Informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y su disposición para profundizar la cooperación internacional en el fortalecimiento del Estado de derecho”.
De acuerdo con al agenda del presidente, Peña Nieto participará mañana domingo en la Cumbre de la Equidad de Género de la ONU; ese mismo día se reunirá con el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, para después participar en la Cumbre de Cambio Climático.
Y el lunes Peña Nieto participará en el debate general de la Asamblea General de la ONU.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada el 12 de diciembre de 2006 por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala; es un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado para erradicar la impunidad en los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad.
La comisión todavía está en funcionamiento en Guatemala y su trabajo abarca también temas de corrupción gubernamental.
La crisis del país requiere acciones de fondo, señalan

En la carta de ocho puntos, los familiares exponen que son necesarias “acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que vive México”.
Indican que durante este año que llevan movilizados para exigir la presentación con vida de sus hijos “hemos aprendido que nuestros 43 hijos no son los únicos desaparecidos, nuestro dolor es tan generalizado como las desapariciones. Decenas de miles de familias buscan a sus seres queridos mientras nuestro país se convierte en una inmensa fosa clandestina”.
“La crisis que vive nuestro país es de tal magnitud que se requieren acciones de fondo. El GIEI es un paso en la dirección correcta; es necesario profundizar ese camino. Por eso, en el marco de su visita a las Naciones Unidas a partir de este domingo 27 de septiembre, en donde incluso se reunirá con el Secretario General Ban Ki-Moon, demandamos que requiera formalmente y por la colaboración de la ONU para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México, que investigue y coadyuve en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, conflicto de interés y macrocriminalidad”.
“Los pactos de impunidad que subsisten en México son tan fuertes, que sólo mediante una iniciativa de esta magnitud podrán ser revertidos. Para dar forma a esta iniciativa, se precisa una consulta amplia entre las víctimas, la sociedad civil, la academia y las instituciones estatales”, plantean.
“Es momento de comprometerse con su país entero y efectuar cambios de gran calado”, reclaman.
En el texto le recuerdan a Peña Nieto su discurso del 21 de agosto en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, cuando dijo que “los mexicanos hemos ido perdiendo algo fundamental para crecer como sociedad y como país: la confianza. La confianza en el gobierno federal, en los gobiernos locales, en el Congreso federal y en las Legislaturas de los estados, en el Poder Judicial de la Federación y en el Poder Judicial de las distintas entidades”.
En el documento también piden que los familiares de los desaparecidos deben ser escuchados y a partir de sus exigencias ajustar las leyes y políticas a la búsqueda de los desaparecidos, y advierten que “de lo contrario, el clamor de las familias que buscamos a quienes nos faltan lo seguirá a donde vaya y en donde esté, incluso después de que termine su mandato”.
“Mientras no conozcamos con pruebas irrefutables el paradero de nuestros hijos; mientras las víctimas no seamos tratadas con dignidad; mientras los asesinos no sean detenidos y castigados; mientras los narcopolíticos sigan gobernando; mientras no haya verdad, nuestra legítima búsqueda de justicia marcará su administración y a su nombre se asociará el de Ayotzinapa como símbolo de la impunidad y la corrupción que reina en el país. Mientras no sepamos dónde están nuestros hijos, nuestro grito seguirá resonando en todo el país: vivos se los llevaron, vivos los queremos”, manifiestan.
El documento está firmado por el Comité de Padres de Familia de los 43 normalistas, los familiares de los normalistas heridos, los familiares de los normalistas ejecutados extrajudicialmente y el comité estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Otras peticiones

Los otros siete puntos que los padres de los normalistas desaparecidos plantearon en la carta son la demanda de “que como jefe del Ejecutivo reconozca que nuestra lucha es legítima y exprese públicamente, de manera clara, que la investigación está abierta. Ya no queremos escucharlo decir que debemos superar este dolor y seguir adelante, como si la verdad hubiese sido esclarecida, cuando se nos pretende engañar con mentiras y falsedades”.
Otra de las peticiones es que Peña Nieto “públicamente se comprometa a cumplir el Informe del GIEI. Demandamos que se acate, no que se analice”, y que el resumen ejecutivo del informe del GIEI sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y que se haga una amplia edición del mismo. Además que el trabajo del GIEI se prorrogue durante un año más.
Otra de las peticiones es que se replantee la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: “una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar”.
Dentro de este apartado piden que la investigación ya no sea llevada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) sino por la oficina de procuradora Arely Gómez González y a cargo de un fiscal avalado por el GIEI, que haga suyo el peritaje de los expertos internacionales y “agote todas las líneas de investigación, incluyendo las relativas al Ejército y a los políticos corruptos de Guerrero”.
Una más de las exigencias que le hicieron al presidente fue “que se instale una mesa para la planeación de operativos regionales de búsqueda y que se use a la brevedad la tecnología recomendada por el Grupo de Expertos desde su primer informe, incluyendo lo relacionado con la telefonía, la georreferenciación de los puntos de búsqueda y el empleo de la técnica LIDAR para el uso de georradares aéreos”.
Otras de las solicitudes fueron que haya trato digno a las víctimas, porque sigue habiendo fallas en la atención de los heridos y de las familias de los fallecidos; respeto a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y cese a los intentos de criminalización de los normalistas; y mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a sus derechos.
En la carta los padres de los normalistas también reprocharon a Peña Nieto su “indiferencia”, “omisión” y “negligencia” por no actuar en las primeras semanas después de la desaparición de los 43 estudiantes.
También se quejaron de que “lo que su gobierno sostuvo como la verdad histórica no era más que un engaño construido sobre pruebas hechas a modo y sin independencia”.