Ataja el embajador de México ante la OEA que se vaya a formar una comisión contra la impunidad

El embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Emilio Rabasa Gamboa, desestimó la posibilidad de crear una Comisión Internacional contra la Impunidad en México, inspirada en el modelo guatemalteco que llevó a la destitución y detención del presidente Otto Pérez Molina a inicios de septiembre pasado.
Durante una conferencia de prensa, el jurista declaró que por cuestiones de soberanía e incompatibilidades con el marco constitucional, el Senado no autorizaría a un fiscal “nombrado por un poder internacional”.
Desde abril de este año, la atención internacional se concentró en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que opera bajo un mandato conjunto del gobierno guatemalteco y de la ONU. La razón: coadyuvó con las autoridades del país centroamericano en desmantelar la red de defraudación aduanera llamada “La Línea”.
En agosto pasado, la CICIG y el Ministerio Público guatemalteco señalaron al entonces presidente Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, como supuestas cabezas de la red criminal. La revelación generó una ola de protestas espontáneas que desembocaron en la destitución del mandatario y el encarcelamiento de ambos.
Desde entonces, la idea de crear una comisión similar permeó en México y se hizo realidad el pasado jueves 24 de septiembre, cuando los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa entregaron a Enrique Peña Nieto una lista de ocho exigencias.
Entre éstas, los padres pidieron al presidente que aprovechara su visita a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York –el pasado fin de semana– para solicitar la implementación de una instancia internacional que apoye el combate la corrupción y la impunidad en México. Sin embargo, esta petición, igual que las demás, quedó en letra muerta.
El embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa aclaró este jueves que la visita del grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que inició el pasado lunes y concluirá mañana–, no fue por la desaparición de los normalistas, sino que cumple con la invitación que le turnó el gobierno mexicano para revisar el estado general de los derechos humanos en México.
Y subrayó que la misión de la CIDH no tiene el fin de “desestabilizar al país”, pues simboliza la “apertura” de la administración al escrutinio internacional. (Agencia Proceso / Ciudad de México).