México está sumido en una “grave crisis de derechos humanos”, sentencia la CIDH

Tras una gira intensa por el Distrito Federal, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Coahuila y Nuevo León, el pleno de la organización internacional da su respaldo irrestricto a las primeras conclusiones del GIEI para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Agencia Proceso

Ciudad de México

México está sumido en una “grave crisis de derechos humanos” caracterizada por “una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a la víctimas y a familiares”, consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al término de su visita de cinco días en el país.
Tras una gira intensa por el Distrito Federal, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Coahuila y Nuevo León –que incluyó reuniones con autoridades federales y estatales, legisladores y autoridades del poder judicial–, el pleno de la CIDH dio su respaldo irrestricto a las primeras conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El resultado del grupo, dijo “dista de las hipótesis bajo la cual se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento”. Por ello, hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para “permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería”.
En conferencia de prensa, la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, resaltó que los representantes del organismo constataron “en terreno” las afectaciones de “la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales” de forma desproporcionada en grupos vulnerables como personas en extrema pobreza, migrantes, desplazados internos, menores, defensores de derechos humanos, periodistas, indígenas y lesbianas, gay, bisexuales y transgénero.
Ante decenas de familiares de víctimas de desaparición que portaban las fotos de sus seres queridos, la funcionaria –nacida en Trinidad y Tobago y de habla inglesa–, informó en español las primeras conclusiones de la visita, en consideración a los familiares de los afectados.
“La violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a derechos humanos. La violencia y el amedrentamiento busca acallar las voces que más necesita México”, dijo Belle Antoine.
Luego, citando a “una alta autoridad” que se reunió con los comisionados, añadió: “A los mexicanos nos hacen falta verdades sobre nuestra propia historia y nuestras propias tragedias”.
Al recordar que la masacre estudiantil de 1968 es paradigmática por la impunidad en la que se encuentra, el informe preliminar de la CIDH recuerda que las graves violaciones a derechos humanos, “son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas”.

“Como en la guerra sucia”

En la lectura de un avance de lo realizado por la delegación de la CIDH –integrada además por James Cavallaro, Felipe González, Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, así como el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza, la secretaria ejecutiva adjunta, Abi. Mershed y el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza–, Belle Antoine se refirió a la situación “alarmante” de las desapariciones en México.
Dijo que son atribuidas a la delincuencia organizada pero también a “la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de las mismas”.
El documento resalta el paralelismo en el que se encuentran los casos actuales con los registrados durante la llamada “Guerra Sucia”, debido a los “altos niveles de impunidad”.
Agrega que “las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples”, además de que muchas no se denuncian “debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor de sufrir represalias. Y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias”.
Cuando se refirió a los primeros avances del GIEI, la presidenta de la CIDH urgió al Estado mexicano a “esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes”.
A la PGR le demandó “adoptar cuanto antes las medidas solicitadas por el GIEI; trasladar la responsabilidad de la investigación a la Subprocuraduría de Derechos Humanos; designar, en consulta con el GIEI, un nuevo Fiscal Especial a cargo de la investigación; renovar a todos los miembros del equipo y reorientar la investigación a fin de seguir las líneas del informe del GIEI”. Cabe recordar que el resultado que expuso el Grupo resultó distinto a la “verdad histórica” que presentó la PGR.
En el primer avance de lo que será el informe final, que se presentará el próximo año en la sede de la OEA, el documento define como “ejecuciones extrajudiciales” los casos de Tlatlaya, ocurrido en el Estado de México; y los registrados este año en Atatzingán y Tanhuato, Michoacán.

Si bien los comisionados reconocieron avances legislativos en materia de derechos humanos, advirtieron que hay “una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas”.
Algunas de las personas reunidas con los comisionados repitieron una y otra vez que “la procuración de justicia es una simulación”.
El pleno de la CIDH consideró en su informe preliminar que para “romper con la impunidad histórica” cabría “esclarecer y deslindar responsabilidades relacionadas con los crímenes y graves violaciones cometidas en el pasado”.
Para “resolver las causas estructurales de la falta de acceso a la justicia”, es necesario, dijo, abatir “la infiltración de grupos del crimen organizado en muchas policías de los diferentes niveles de gobierno, en especial a nivel municipal”.

“El gran dilema… superar impunidad”: Álvarez Icaza

La brecha entre la legislación de derechos humanos y su aplicación es tan grande que la necesidad de una comisión contra la impunidad es una idea que está cobrando fuerza en el debate público en México, consideró Emilio Álvarez Icaza.
“Fue una expresión que encontramos en todos lados. Nos lo dijeron fuerte, bajito, quedito, documentado y como clamor. Es así, esa discusión está en el debate público. El modelo del grupo de expertos ha tenido un extraordinario impacto en México. Nos lo dijo el Gobierno, nos lo dijo el Congreso, las víctimas nos lo dijeron de una manera demoledora, cómo les había recuperado la esperanza”, indicó en entrevista el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Ahí hay una ruta que México tendrá que analizar. Si en su caso llegase la solicitud a la Comisión, lo va a analizar”.
En el marco de la presentación de las observaciones preliminares de la CIDH sobre su visita al país, estimó que ha llegado el momento de que México vea hacia el interior y genere procesos que le ayuden a superar la impunidad estructural.
Refirió que la Comisión ubica a México como un país con avances legislativos notables, pero advierte también que la distancia entre ese marco y su aplicación sigue siendo enorme.
“La convicción a la que llega la Comisión, de escuchar a las cientos de víctimas, sino es que miles, tiene que ver con una simulación. Se le expresó así al Gobierno mexicano, el gran dilema es cómo superar esa tensión estructural de impunidad, que acerque la política pública a través de los ordenamientos a nivel territorial”, expuso.
Álvarez Icaza dijo observar mucho más avance en el gobierno federal que en las procuradurías estatales, donde, dijo, hay un abandono total, corrupción, indolencia de amenaza de parte de los aparatos de seguridad e indiferencia.
Cuando los casos no se resuelven a nivel estatal, abundó, se van al federal, que entra en tensión porque su capacidad instalada está rebasada.
Lamentó que 15 estados no tengan tipificación sobre tortura y que sólo tres cuenten con legislación especial en materia de desaparición forzada.
Resaltó que la visita de la Comisión no abarcó un espectro amplio de violaciones a los derechos humanos, sino que se centró en las más graves: desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura.
“México tiene leyes muy buenas, tiene muy buena voluntad, muy buena cooperación, pero hay una realidad que duele. Cuando fuimos a buscar las fosas clandestinas en Iguala, que nos dicen ‘señor aquí encontramos 18 cuerpos, y los encontramos porque vemos una hondonada, enterramos una varilla y con el olor’. Van 104 cuerpos que encuentran ellos. Fue muy fuerte”, comentó.
Cuestionado sobre el hecho de que el presidente Enrique Peña Nieto no se reuniera con los integrantes de la CIDH, señaló que fue una decisión del Gobierno mexicano.
“Se solicitó pero no recibimos confirmación. Era deseable, es una práctica de la Comisión, pero la principal preocupación está en la agenda y en los mensajes que se mandan. Será el Ejecutivo el que tendrá que explicarlo”, apuntó.
En la reunión que sostuvieron ayer los comisionados con la canciller Claudia Ruiz Massieu y otros funcionarios del gobierno federal, indicó, se expusieron las observaciones preliminares, a lo que se respondió con los avances en la materia, a su vez que resaltó la cooperación y la apertura a la visita. (Con información de Agencia Reforma).