Pide Tlachinollan que el gobierno acepte la actuación internacional ante la crisis de derechos humanos

*El director del organismo, Abel Barrera, lamenta que el gobierno federal se cierre a esa posibilidad. Es evidente la impunidad, la corrupción en las instituciones del Estado y la falta de mecanismos para contener la violencia, argumenta

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vino a corroborar que en Guerrero y en el país existe un problema grave de violación a los derechos humanos, el gobierno federal intenta “reducir a su mínima expresión” esta situación descalificando el informe de este órgano, manifestó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Consultado vía telefónica, el director de Tlachinollan, que lleva la defensa de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, indicó que en el ámbito internacional es evidente el nivel de impunidad y corrupción que existe en las instituciones del Estado mexicano, así como la falta de mecanismos para contener la violencia en el país.
El viernes en la Ciudad de México, la CIDH que preside Rose Marie Belle Antoine, informó que el país está sumido en una “grave crisis de derechos humanos” caracterizada por “una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a la víctimas y a familiares”.
Este diagnóstico se da luego de que una gira intensa por el Distrito Federal, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Coahuila y Nuevo León, que incluyó reuniones con autoridades federales y estatales, legisladores y autoridades del Poder Judicial.
Además, el pleno de la CIDH dio su respaldo irrestricto a las primeras conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al respecto, Abel Barrera indicó que la postura de la CIDH corrobora la situación a la que se enfrentan familias no sólo de Guerrero, sino del país, a la hora de exigir justicia, pues se encuentran con instituciones corrompidas que en consecuencia hacen que prevalezca la impunidad.
“Creo que los mexicanos y las mexicanas nos hemos dado cuenta de que es muy difícil, por no decir imposible, acceder a la justicia con las propias instituciones que tenemos encargadas de procurar y administrar justicia, que no llega para la gente pobre y quienes han tenido familiares desaparecidos”.
Respecto a la necesidad de crear una comisión contra la impunidad, como lo planteó el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, y que los padres de los 43 normalistas desaparecidos le solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto, indicó que es una propuesta importante que debe ser atendida.
Comentó que es importante la intervención de organismos internacionales para resolver los problemas que enfrenta el país en materia de derechos humanos, y como ejemplo habló del GIEI que en seis meses evidenció los errores y deficiencias en la investigación que la Procuraduría General de la República (PGR) realiza por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Ese es un ejemplo de cómo en seis meses se puede reencauzar una investigación, se pueden dar pautas para la reestructuración de esa indagatoria, y por esa misma razón se está pensando en crear una instancia internacional que pueda ayudar, colaborar, es decir, se necesita siempre la asistencia, como ya se dio ahora y en otros países como Guatemala”.
Indicó que cuando las instituciones del país no son capaces de atender y hacer justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos o de desaparición forzada, se requiere asistencia internacional, a la cual se puede acceder legalmente sin problemas, sin embargo dijo que para ello debe existir voluntad política del gobierno mexicano.
También criticó la respuesta que dio el gobierno federal a la conferencia de prensa de la CIDH, en voz del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, quien rechazó que se viva en el país una grave crisis de derechos humanos.
“Descalificó a los pocos minutos el informe (de la CIDH), quieren reducir a su mínima expresión un problema tan grande que ya los ha desbordado, que a nivel nacional es muy evidente el problema estructural de impunidad, de corrupción de falta de mecanismos para contener la violencia y sobre todo por la colusión que hay con el crimen organizado, eso es lo más grave”.
Sobre la petición de un sector de organizaciones civiles para que opere en México una figura internacional de investigación de los presuntos casos de impunidad, como en Guatemala, el viernes, Campa advirtió que la cooperación internacional que el Sistema Interamericano prevé y que México reconoce es la cooperación para fortalecer a las instituciones, en un trabajo coordinado.
“Nos parece que en el caso de México, la historia también acredita que las soluciones del país las tenemos que encontrar los mexicanos; soluciones en donde vengan de fuera a resolvernos, sustituyendo a los mexicanos, siempre son salidas fáciles y que conducen al fracaso”, explicó el funcionario federal a los medios luego de la conferencia de la CIDH.
Al respecto, el director de Tlachinollan dijo que se deben tomar las experiencias de otros países, y el gobierno federal no debe cerrarse a esa posibilidad, “ese mensaje (de Campa) es lamentable, ya vimos lo que se puede lograr con expertos independientes y con la ayuda internacional”.
Dijo que si México se ha abierto al mundo para proyectar las reformas estructurales, pese a la inconformidad social, debería la federación aceptar la contribución de los organismos internacionales “sobre todo porque en este momento, no sólo en Guerrero, si no en todo el mundo, hay inconformidad y una exigencia de justicia permanente por el caso de los 43 jóvenes desaparecidos”.
Barrera indicó que lo manifestado por Roberto Campa responde “al sector duro del gobierno”, con la intención de no permitir la participación de instancias que ayudarían “a romper este muro contra la impunidad”. “Esta cerrazón responde más a mantener el control de las instituciones para proteger intereses que no necesariamente son los de las víctimas”, dijo.
Finalmente, se sumó al llamado de la CIDH al gobierno de Enrique Peña Nieto para permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos de los hechos violentos en Iguala entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería.