Humberto Musacchio

De SoPRIana, Monex y otras trapacerías

México, ya se sabe, es un país de muchas leyes y muy poca… justicia. Reformas van y reformas vienen, pero siempre hay quienes encuentran la manera de eludir o violar la ley frente al disimulo o la complicidad de las autoridades o bien, con apoyo en las múltiples contradicciones de nuestro sistema jurídico.
Por su monto, su diversidad y su cinismo, es escandaloso el caso de la compra de votos por parte del PRI (los que hayan podido comprar el PRD o el PAN resultan una insignificancia cuantitativa, pero son también punibles). No es esa la única falta detectable en el proceso, pues las casas encuestadoras, al darle 15 y hasta 20 puntos de ventaja a Enrique Peña Nieto, tuvieron un efecto disuasivo entre los votantes adversos al priista, para quienes tan amplia diferencia le quitaba sentido al acto de votar.
Ese mentiroso despliegue de números–finalmente la presunta ventaja fue de seis puntos– fue percibido por buena parte del electorado y por los periodistas ajenos a la resignación, la consigna o el cochupo. Pero en esos momentos en que se requería una actuación enérgica del IFE, sus dirigentes optaron por la indolencia y se acogieron a una interpretación estrecha y comodina de la ley.
El asunto de la compra de votos es otro aspecto ante el cual el IFE se mostró indiferente, pese a que múltiples voces le advertían que estaba en curso la gigantesca operación. El Instituto debió actuar a tiempo, advertir a los actores que la compra-venta del voto es un delito que se llama cohecho y tomar medidas para impedirlo. Pero narcotizados por sus sueldazos y sus prebendas, los señores del IFE prefirieron cerrar sus ojitos, taparse los oídos y cerrar la boca.
Nuevamente el árbitro electoral pretende ser ajeno al asunto, pese a que, por lo menos, la compra de votos viola groseramente los topes de campaña –el PRI gastó varias veces la cantidad autorizada– y ha sido pisoteado el principio de equidad que debe estar presente cuando los ciudadanos eligen a quienes habrán de representarlos y gobernarlos.
Con agilidad de quelonio en tierra firme, el IFE ya prometió que alguna de sus múltiples dependencias investigará lo que haya que investigar, pero no promete resultados antes de que el Tribunal Electoral haga la declaración de presidente electo. En el colmo del cinismo, algún funcionario del IFE declaró que tal vez en enero tenga resultados.
Por supuesto, las autoridades se amparan en el artículo 99 de la Constitución, según el cual las impugnaciones y resoluciones procederán “solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos  o la toma de posesión de los funcionarios elegidos”.
Así, pues, para los señores del IFE, la Fepade y el Tribunal lo mejor es dejar que el tiempo transcurra y que la inconformidad se vaya olvidando. De este modo, pese a que hay razones suficientes para anular la elección, lo previsible es que los cuerpos encargados de garantizar “certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad” se hagan un sayo con esos principios rectores y bailen un alegre zapateado sobre la Constitución.
Y asistiremos a la coronación de Enrique el Hermoso y, si bien nos va, oootra vez se reformarán la Constitución y las leyes, si no es que optan por dejarlas como están para que el PRI continúe con sus trapacerías y los árbitros con su abulia cómplice hasta que, harta de tantas burlas, la sociedad estalle. Parece que eso quieren.