Carlos García Jiménez

BAJO EL ALA DEL SOMBRERO

*Del dicho al hecho…

*El primer acto de corrupción que un funcionario público comete es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias.
Anónimo.

Transparencia, contraloría social y participación ciudadana en asuntos públicos son expresiones de un nuevo estadio evolutivo de la democracia que en muchos países del mundo se conoce como gobierno abierto. En Guerrero, obligados por la crisis de gobernabilidad que padecemos o por la mera intención de estar a la moda, la mayoría de los ediles que recién tomaron posesión del cargo, incluyeron estos conceptos en sus discursos oficiales; lo mismo ya sucede en los actos protocolarios de entrega-recepción del Ejecutivo estatal.
Si bien dichos conceptos innovadores aún no se entienden bien a bien, y aún estamos lejos de que se materialicen en acciones de gobierno, al menos ya están presentes en el discurso público, y –para información de muchos– desde hace algunos años están en papel, en las propias leyes mexicanas.
Hoy día esos conceptos resultan innovadores precisamente porque si de algo se caracterizan los tres ámbitos de gobierno en nuestro país es precisamente que manejan de manera discrecional y centralizada la información de interés público; no permiten la fiscalización ciudadana del presupuesto ejercido ni de la gestión de gobierno, y no consideran ni promueven la participación informada de los ciudadanos en la planeación, monitoreo y evaluación de resultados de los programas públicos.
El modelo de gobierno abierto tiene sus antecedentes en Nueva Zelanda, un país oceánico (una isla al sureste de Australia) de escasos 4 millones de habitantes, con altos niveles de bienestar social, sin corrupción, sin violencia, sin analfabetas, sin pobres, y con un gobierno legítimo y eficaz en su funcionamiento; experiencias similares se han desarrollado recientemente en municipalidades de varios países de Europa y Estados Unidos. La necesidad de avanzar hacia estos estándares de calidad de vida y de gobierno convocó en el 2011 a la mayoría de los países del mundo a suscribir la Alianza para el Gobierno Abierto.
Dicha alianza es una iniciativa multilateral dirigida a propiciar cuatro compromisos concretos de parte de los gobiernos: “promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza”.
Se dice fácil pero la mayoría de los gobiernos (incluido los de México) no ha cumplido esos compromisos. El concepto mismo de gobierno abierto y el plan de acción del gobierno mexicano para concretarlo es algo que desconoce el propio gobierno y la opinión pública.

Gobierno abierto en el marco de la ley

Aunque el marco legal ya permite a los ciudadanos acceder a la información pública, obliga a los funcionarios a rendir cuentas y permite la participación social en las instancias de toma de decisiones, sin embargo, en la práctica los avances son apenas incipientes debido a la preexistencia de
abruptas estructuras institucionales y formas de ejercicio gubernamental –presidencialistas, discrecionales y autoritarias– que impiden que estos preceptos se institucionalicen.
El artículo 6 constitucional establece claramente que “toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial… que reciba y ejerza recursos públicos o realiza actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública… En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.
La contraloría social se sustenta en el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social: “el Gobierno federal, los de las entidades y los municipios garantizarán el derecho de los beneficiarios y de la sociedad a participar de manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social”. En este sentido la Secretaría de la Función Pública define la contraloría social como “un mecanismo de participación ciudadana para promover la rendición de cuentas con base en el acceso a la información”.
Y la participación social está reconocida en las leyes federal y estatal de desarrollo social, de planeación, de fomento de las organizaciones de la sociedad civil, de desarrollo rural sustentable, entre otras (¡hasta existe en Guerrero una ley propiamente de participación ciudadana!). De tal forma que están reconocidos en la ley diversos espacios de participación social que si funcionaran como debieran, de otro Guerrero estaríamos hablando.

Hacia acciones prácticas

En un estado como Guerrero, en el que históricamente la relación gobierno-gobernados ha sido polarizada, y en donde la presión social y la dádiva gubernamental son las herramientas predominantes para conseguir objetivos en uno y otro extremo, el uso de estas herramientas democratizadoras se presenta como algo ajeno a los usos y costumbres.
No obstante, en años recientes, organizaciones sociales guerrerenses han incursionado en el ejercicio de acceso a la información pública, en la formación de contralorías sociales y en acciones de incidencia en programas públicos. De esta forma, han abordado y logrado modestos resultados en el seguimiento de la obra pública municipal, incentivos agrícolas (Pimaf y agroincentivos), ejercicio del presupuesto rural, entre otros. A pesar de que estos ensayos no se han consolidado ni se han asumido como una acción ciudadana sistemática, representan una experiencia innovadora de intervención social en los asuntos públicos; son un pequeño paso en la vía ciudadana que busca la instauración de gobiernos abiertos.
A la luz de estas experiencias, considerando el contexto de ingobernabilidad que padecemos, y a propósito del actual periodo de renovación de poderes del Estado –tanto del Legislativo como de los gobiernos municipales y el estatal–, el paradigma de gobierno abierto, hoy más que nunca resulta pertinente. He aquí algunas acciones mínimas:
–Que los gobiernos municipales y el estatal asuman los cuatro compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto, y hagan públicas las acciones concretas que a la brevedad aplicarán para ello.
–Que en los municipios se instalen, de acuerdo con lo que establece la ley, los cabildos abiertos o públicos, los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun), los Consejos Consultivos de Comisarios Municipales, los consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable (Comunders), los consejos de Seguridad Pública, los Comités de Cuenca, entre otros.
–Que los ciudadanos, autoridades comunitarias y organizaciones de la sociedad civil se asuman como contralores ciudadanos ejerciendo su derecho a saber acerca de las obras públicas municipales, y los programas productivos y sociales; y señalen en tiempo y forma las irregularidades detectadas tanto en los órganos institucionales de control como en las instancias de participación social.
Asumir con verdadera voluntad política e inclusión social alguna de estas acciones, es dejar atrás la fase discursiva y pasar del dicho al hecho… y en consecuencia, avanzar hacia el nuevo Guerrero que todavía no acaba de nacer.

A pleno sol…

Acción Ciudadana Contra la Pobreza realizó en todo el país, en este 2015, la campaña cero lista de espera (en los servicios públicos de salud) para medir de manera independiente los principales indicadores de acceso efectivo a la salud: surtimiento completo de medicinas, tiempos de espera para realización de estudios médicos, cirugías y otros tratamientos complejos, permanencia de gastos de bolsillo y otras posibles irregularidades que se presenten en los establecimientos de salud. Conoceremos en breve los resultados de esa campaña.

Bajo el ala del sombrero, un espacio de análisis y propuestas para la transformación del campo desde la visión y acción de los actores sociales rurales.

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