Hay apertura a las recomendaciones, afirma la procuradora en su comparecencia ante senadores

Agencia Reforma

Ciudad de México

Al comparecer ante senadores, la procuradora general de la república, Arely Gómez, afirmó que hay apertura y disposición del Gobierno federal a las recomendaciones en materia de derechos humanos.
“La apertura y disposición a adoptar aquellas recomendaciones que alinean nuestra actuación con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como su implementación con acciones concretas que garanticen efectos duraderos, han adquirido un interés central en nuestra agenda”, abundó.
La víspera, el Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra’ad ald Hussein, externó su preocupación porque el Gobierno Mexicano ha sido intolerante ante las crítica internacional en materia de derechos humanos.
Gómez enlistó tres recomendaciones del Alto Comisionado que, dijo, ya están siendo atendidas: fortalecer a la Procuraduría para que las violaciones de derechos sean debidamente investigadas; ampliar la capacidad de investigación y atender las recomendaciones del grupo de expertos de la CIDH.
“Por supuesto que las he adoptado (recomendaciones), trabajo con ellos (GIEI), y seguiré trabajando con ellos de una manera profesional y transparente”, apuntó a pregunta expresa de la senadora Martha Tagle, quien criticó la postura del Gobierno ante los señalamientos de organismos internacionales.
Dijo que los cimientos y ejes prioritarios en cualquier proyecto de Estado son el respeto, defensa y garantía de los derechos humanos, por lo que el Gobierno, aseveró, está llamado a desarrollar toda acción que permita dotarlos de efectividad.
“En los últimos meses hemos enfrentado retos enormes que han puesto a prueba la solidez de la institución que me honro en presidir, así como su capacidad para dar respuesta a la sociedad por temas que han generado enojo e indignación”, abundó.
La procuradora destacó que luego de un largo proceso de consultas con instituciones, expertos y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, se concretaron los protocolos para la homologación de las investigaciones en casos de tortura y búsqueda de desaparecidos.

Detienen a piloto que trasladó a El Chapo

Un total de 24 personas han sido consignadas por la fuga del capo Joaquín El Chapo Guzmán, entre ellos el piloto que presuntamente lo trasladó vía aérea luego del escape del líder del cártel del Pacífico del penal del Altiplano.
De ese número, 23 son servidores públicos y uno el piloto que ayudó al escape.
Además, 33 personas han sido detenidas y diez arraigadas por la fuga del líder del cártel de Sinaloa.
Arely Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), informó durante su comparecencia ante el Senado que, en el caso de la fuga del capo, se han tomado 243 declaraciones, 40 inspecciones, un cateo, 4 aseguramientos, 522 oficios a diversas autoridades, 191 indicios recabados en el túnel y predio aledaños y 151 dictámenes rendidos por expertos forenses.
La funcionaria presumió que “ya tenemos todo el mapeo de quiénes participaron (…) Será interesante que ustedes lo conozcan. Es algo verdaderamente asombroso”.
Precisó que existen dos líneas de investigación en torno a la fuga de Guzmán; la primera está relacionada por acción, la segunda por omisión.
“No se trata de meter a todos a consignarlos, se trata de encontrar quiénes fueron los verdaderos culpables”, aseveró.

Tlatlaya y PVEM

Gómez también reveló que, en relación con los integrantes del Partido Verde, “hay tres averiguaciones previas” por presuntos delitos electorales. No mencionó los nombres.
En cuanto al caso Tlatlaya, la procuradora afirmó que la PGR apeló el auto del Poder Judicial y explicó que a los cuatro soldados que se les dictó acto de libertad fueron por ejercicio no indebido de la función pública y los tres restantes fueron por homicidio.

Formalizan la fiscalía para desaparecidos

La Procuraduría General de la República (PGR) formalizó la creación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, instancia que ofreció el presidente Enrique Peña Nieto durante su reciente encuentro con familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Al comparecer ante el pleno del Senado con motivo de la glosa del tercer Informe de Gobierno, la Procuradora Arely Gómez informó que el acuerdo institucional por el que se crea la fiscalía será publicado hoy viernes en el Diario Oficial.
“Será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Esto un esfuerzo que demanda y supone el trabajo de las fiscalías y procuradurías locales, así como una puntual y eficaz participación social”, indicó.
Esa fiscalía es rechazada por los padres de las víctimas, pero respaldada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH.
En la reunión que sostuvieron con Peña el 24 de septiembre, los padres exigieron que, en vez de una fiscalía para desaparecidos, se creara una Unidad Especializada de Investigación exclusiva para el caso Iguala.
En su comparecencia, Gómez dio a conocer que la averiguación previa del caso Iguala pasará de la SEIDO a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, para la “segunda fase” de la indagatoria.
En los próximos días, añadió, se subirá a la página de internet de la PGR la versión pública del expediente del caso, que consta de 85 tomos. Gómez también anunció que, ante el “gran incremento” de las denuncias por tortura, se creó una unidad especializada para atender ese delito, que está adscrita a la Subprocuraduría de Delitos Federales.

Reclaman impunidad con políticos

Senadores de Oposición reprocharon a la Procuradora General de la República, Arely Gómez, que permanezcan en la impunidad los delitos, abusos y desfalcos cometidos por integrantes de la clase política mexicana.
Durante la comparecencia de la funcionaria, el senador del PAN Javier Lozano condenó que mientras en Estados Unidos se investiga y castiga a ex gobernadores de diversas entidades del país, las autoridades mexicanas permanecen en pasividad.
“Algo llama poderosamente nuestra atención: la actuación, acciones penales, aprehensiones, aseguramiento, incautación de bienes en Estados Unidos contra presuntos delincuentes de la clase política mexicana y otros delincuentes de ‘cuello blanco’ de nuestro país”, afirmó.
“El clan de los Moreira, en Coahuila, es un caso; el de dos ex gobernadores de Tamaulipas también lo es, por mencionar sólo algunos, y es que lo que allá se ventila y de desvela, aquí se oculta y se ignora”.
Lozano reclamó que la PGR no haya actuado en contra del Gobierno de Veracruz, a pesar de las denuncias que se han realizado y las irregularidades detectadas por el máximo órgano de fiscalización.
“Están las denuncias que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado por desvíos de recursos, como es el caso del Estado de Veracruz y que al parecer no se le ha dado seguimiento en la PGR, lo recuerdo entonces con esta actuación o más bien con estas omisiones aquella vergonzante máxima juarista: a los amigos justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas”, criticó.
El panista incluso reprochó la reciente liberación de Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, luego de que la PGR no acreditó que lavara casi 32 millones de pesos del erario.
“Justo hoy nos amanecemos con la noticia, con el bochornoso caso de la liberación del hermano de este angelito, del Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador del estado de Guerrero, que fue acusado por lavado de dinero y que hoy es liberado precisamente porque argumentan falta de pruebas en el expediente”, reclamó.
El senador se refirió al escándalo de corrupción por el caso de la constructora OHL y las diversas denuncias de abusos e irregularidades relacionados con la empresa Infraiber, que realizó la acusación.
“El caso de los contratos y relaciones turbias de la empresa OHL, lejos de merecer un serio escrutinio por la procuración de justicia, pareciera que lo que se hace es voltear a ver quién la paga por haber revelado el escándalo”, aseveró.
En tanto, el senador del PRD, Benjamín Robles, cuestionó a la Procuradora sobre los avances en las investigaciones para sancionar a los funcionarios involucrados en la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
“La fuga de El Chapo Guzmán puso en evidencia la debilidad de nuestras estructuras de seguridad e inteligencia, y refrendó evidentemente los gigantescos niveles de corrupción en la Administración pública. Ahora la dependencia a su cargo tiene la encomienda de reaprehender al narcotraficante y de garantizar el castigo a los servidores públicos que tengan responsabilidad por omisión o comisión en la fuga”, dijo.
“Ojalá que esta comparecencia sirva para aclarar qué está haciendo la PGR para detener a El Chapo y qué papel juega ante la participación de las fuerzas federales en esta tarea”.
El perredista demandó a la PGR que informe sobre los avances en la investigación del caso Tlatlaya, donde existen elementos para presumir ejecuciones extrajudiciales y que aclare cómo es que el Ministerio Público incurrió en violaciones al debido proceso que derivaron en la libertad de cuatro de los militares involucrados en los hechos.
“Le pedimos que nos aclare la participación de la PGR en los peritajes del caso Tanhuato, el grado de avance en que recibió las investigaciones de la Procuraduría de Justicia de Michoacán y las líneas que seguirá la PGR en la continuación de un asunto”, pidió.
“Queremos que nos explique las razones por las que los más de 100 casos de periodistas asesinados permanecen en la impunidad”.