Por ejecutarse, la detención del ex subprocurador César de los Santos, trasciende en la PGJE

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) revelaron que hay dos órdenes de aprehensión de la Procuraduría General de la República (PGR) que están por ejecutarse, una en contra del ex subprocurador César de los Santos Mendoza y otra contra la ex fiscal en la Región Centro, María Severiana Flores Peña, por el caso Ayotzinapa.
Esta sería otra acción en ese caso que se suma al auto de formal prisión en contra del también ex subprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente y de la ex agente del Ministerio Público (MP) Gloria Rocío Cruz Méndez.
Además de la liberación, bajo caución, de las agentes Magdalena de Jesús Cruz y María Eugenia Salgado Guzmán.
Ayer, el periódico El Universal publicó que la noche del viernes las agentes acudieron a comparecer ante el juez de primera instancia, con sede en Chilpancingo, y se les fijó una fianza por un monto no dado a conocer.
Lo anterior lo habría informado la fiscal guerrerense Marta Elva Garzón Bernal en Acapulco, quien agregó que “yo iba a apoyar a las personas que estaban privadas de su libertad, pero no voy a llevar su defensa, ellos tienen derecho a defenderse, lo único que no quisiera es que estuvieran privadas de su libertad”.
En esa entrevista dijo que de acuerdo con la causa penal 9/2012, que integró el juzgado federal por el caso Ayotzinapa, existen seis órdenes de aprehensión contra el mismo número de ex funcionarios de la PGJE, entre ellos contra el ex procurador Alberto López Rosas.
Al ex subprocurador Paz y Puente y a la ministerio público Gloria Rocío Cruz se les acusa de los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra la administración de justicia, por poner en libertad a un joven normalista acusado de haber accionado un rifle AK-47 el 12 de diciembre durante el desalojo violento contra estudiantes de Ayotzinapa, donde resultaron muertos los estudiantes Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera Pino.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) resolvió que el joven fue torturado y obligado a accionar el arma.
La procuradora consideró que en el caso Ayotzinapa sólo se está dictando auto de formal prisión contra funcionarios guerrerenses y se desconoce si el gobierno federal también aceptó la recomendación de la CNDH, donde también se involucra a funcionarios federales.
“Se está viendo que así es, hasta ahorita no sabemos si aceptaron la recomendación las autoridades federales, no sabemos que hayan suspendido a alguna autoridad federal, mucho menos detenido, yo hago la reflexión con mucho respeto”, expresó.
La orden de aprehensión en contra de Severiana Flores sería por encubrimiento, que es considerado un delito no grave.
La orden de aprehensión contra César de los Santos sería, al igual que la de Paz y Puente, por obstrucción de la justicia que es considerado un delito grave e incluso está en la misma causa penal.