Consigna la PGR a 32 por delitos electorales, pero hay pocas sentencias

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

En lo que va del mes, 32 personas han sido consignadas ante jueces por incurrir en presuntos delitos electorales, informó este domingo la Procuraduría General de la República (PGR).
En un comunicado, la dependencia detalló que 29 detenidos fueron vinculados con la alteración del Registro Federal de Electores (RFE), dos con la recolección de credenciales para votar y uno con usurpación de funciones.
Los presuntos responsables fueron presentados ante jueces de distrito, 12 casos ocurrieron en Veracruz; 4 en el Distrito Federal; 4 en Coahuila; 2 en Campeche e igual número en Guanajuato e Hidalgo, y un caso en Chihuahua, Tabasco, Quintana Roo, Puebla, Oaxaca y Baja California.
A pesar de las consignaciones, se han dictado pocas sentencias.
“La Fiscalía obtuvo cinco sentencias condenatorias por delitos en materia penal electoral, con lo que suman 10 en lo que va del mes, siendo 12 personas las sentenciadas, en total, por tribunales federales”, agregó.
Además, la PGR cumplimentó cinco órdenes de aprehensión, tres de ellas contra tres ciudadanos que votaron más de una vez en casillas especiales en los estados de Guerrero y Sonora y dos por haber proporcionado información falsa al IFE.

Afirma Alkino que ignora datos de “fantasma”

A pesar de haber realizado un negocio con Comercializadora Atama para financiar al PRI con 66.3 millones de pesos, el representante legal de la empresa Alkino Servicios y Calidad, Rodolfo Antonio Jumilla, desconoce los datos básicos de su cliente.
Jumilla dijo desconocer direcciones alternas o números telefónicos de los representantes de la empresa con la que hicieron un contrato para fondear las 7 mil 851 tarjetas de Monex que fueron repartidas entre las estructuras electorales del PRI.
Sin embargo, se dijo extrañado de que a esa empresa no se le encuentre por ningún lado, pues aseguró que ellos sí corroboraron su existencia, a través del acta constitutiva.
El representante de Alkino aseguró vía telefónica que es la primera vez que hacen ese tipo de tratos con Atama, y dijo que la eligieron porque cumplió todos los requisitos, además de contar con los fondos necesarios para el financiamiento.
“Claro que sí lo confirmamos (la existencia y los fondos), si no, no nos hubiéramos aventado. Esta empresa es la que nos dio mejor solución”, aseguró.
La semana pasada, Jumilla aseguró que en Hormero 316, despacho 1004, en Polanco, se podría encontrar a Francisco González Romero, apoderado legal de Atama, quien daría los detalles de la operación financiera.
No obstante, en el lugar negaron que ahí hubiera oficinas de la compañía y que en ellas laborara  González. De hecho, sólo había un consultorio dental.
Jumilla dijo al respecto que ese domicilio fue proporcionado por la administradora única de Alkino, Diana Beatriz Gil Rodríguez, quien realizó el trato con Atama.
“Pues está raro, pero eso es lo único que tengo”, señaló el representante, quien dijo que él no visitó las instalaciones de la empresa.
-¿Ustedes hicieron un negocio de tal magnitud con ellos y no tiene más información? -, se le preguntó.
-Es toda  la información que tengo -, respondió.
Alkino es la única empresa con la que el PRI reconoce haber firmado un contrato para que le proporcionara monederos electrónicos.
Esta empresa contrató  a su vez a Atama, una de las señaladas por el Movimiento Progresista de haber realizado una triangulación de recursos para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto.
Esta empresa es señalada como “fantasma” debido a que, además de que no se localiza su dirección, tiene como socios a una persona fallecida hace dos años y otra que se dedica a trabajos informales.