Octavio Klimek Alcaraz

Reserva de la biósfera de La Montaña

Es conocido que el estado de Guerrero a pesar de muchos años de existencia legal de las áreas naturales protegidas en el país, poco se ha realizado por proteger sus ecosistemas naturales. Conforme a la información oficial se tiene bajo decreto federal al Parque Nacional Juan Álvarez (528 has.), el Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa (mil 600 has.), el Parque Nacional El Veladero (3 mil159 has.), es decir no más de 5 mil 287 hectáreas de superficie protegida.
Por otro lado, en el anterior gobierno estatal se decretaron cinco áreas naturales protegidas, las cuatro reservas estatales de El Nanchal (mil 383.4 has.), El Pericón (295.3 has.), Palos Grandes (448.13 has.) y Los Olivos (mil 243.77 has), así como el Parque Estatal Bicentenario (30.48 has.), que abarcan una superficie total de 3 mil 401 hectáreas. Con el actual gobierno estatal se estarían incorporando 86.84 hectáreas del Parque Estatal El Limón, del que se espera sólo la publicación del decreto de creación para que se haga oficial, dado que ya fue firmado por el gobernador Aguirre en un acto público en Zihuatanejo.
Es decir, de manera oficial se tendría un total de 8 mil 688 hectáreas en un esquema de protección oficial de áreas naturales protegidas, lo que representa apenas el 0.14 por ciento de la superficie de la entidad. Esto si se asume la cifra del INEGI de la superficie del Estado de Guerrero de 6 millones 359 mil 600 hectáreas.
Esta cifra palidece, si la comparamos con el 12.92 por ciento de la superficie del país que se encuentra bajo el decreto federal de área natural protegida (cifra del 5º. Informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del gobierno federal. Además de que se está muy lejos de los sistemas de protección de áreas naturales de estados como Chiapas y Oaxaca, de características similares, como se decía al principio.
Por ello, es de gran importancia el proceso de generar una nueva área natural protegida con categoría de reserva de la bisfera en la región de La Montaña, dicho proceso esta siendo impulsado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), organismo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del gobierno federal, con el apoyo y cooperación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno del Estado (Semaren) y la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, que tiene su sede en la región de La Montaña.
Debe señalarse que su antecedente principal es el proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas en tres ecoregiones prioritarias, que funcionó con recursos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), coordinado por el Dr. Taurino Hernández, el cual operó desde el año 2001 en la región de La Montaña a través de acciones de acompañamiento de las comunidades en proteger la biodiversidad y sustentar las funciones ecológicas vitales que se originan en la región.
Es conocido que La Montaña contiene una variedad de ecosistemas que resguardan una importante muestra de biodiversidad con algunos casos de distribución restringida (endemismos) y que además actualmente enfrentan una serie de condiciones sociales y económicas adversas que ponen en riesgo, además su integridad y funciones ecológicas.
Conforme al estudio previo justificativo para su establecimiento, el actual diseño de esta reserva de la biósfera comprende el territorio de 205 comunidades de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa el Grande, Iliatenco, Malinaltepec, Metlatónoc y San Luis Acatlán con una población de 153 mil 023 habitantes.
Es de suma importancia el señalar que la superficie proyectada para la Reserva de la Biosfera de la Montaña es de 157 mil 896.08 hectáreas. Es decir, de lograrse dicha área natural protegida se tendría alrededor del 2.6 por ciento de la superficie estatal bajo un esquema de conservación oficial (aprox. 166 mil 584 hectáreas del territorio estatal; las 157 mil 896.08 hectáreas nuevas más las 8 mil 688 hectáreas ya decretadas oficialmente); la superficie estatal protegida crecería de un solo golpe mil 817.4 por ciento, más de 18 veces la superficie actual protegida de manera oficial.
También se debe observar, que la creación de dicha área natural protegida con la categoría de reserva de la biósfera está basada en la premisa de que dicha categoría permitirá articular acciones de conservación y desarrollo en la región. Es decir será un catalizador del desarrollo sustentable para la región de La Montaña, en donde sólo podrán realizarse actividades productivas que sean estrictamente compatibles con los términos del decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y expida.
Se debe hacer énfasis que previo a expedir el decreto federal para la creación de la reserva de la biósfera se debe desarrollar un proceso de información y consulta pública o social conforme a la legislación en materia ambiental, que se basa de manera fundamental en la presentación del estudio previo justificativo para el establecimiento del área natural protegida respectivo. Dicha consulta está dirigida especialmente a la población que se encuentra viviendo en el territorio de la nueva reserva de la biósfera, esto permitirá informarles sobre los alcances del establecimiento de la misma.
Aquí es donde debe trabajarse más, ya que se considera que debe otorgarse a la ciudadanía el derecho de participación en la toma de decisiones medioambientales proporcionándole de modo temprano, informado y eficaz la oportunidad de presentar sus opiniones antes de la toma de una decisión. Se considera que se debe abarcar de modo más completo la toma de decisiones sobre proyectos, como es el establecimiento de una reserva de la biosfera. Para ello las instituciones de gobierno deben facilitar las oportunidades de participación pública en las políticas de desarrollo. Es en esta etapa de información y consulta pública en donde actualmente se está discutiendo y colaborando para su debida planeación y realización fundamentalmente entre la Conanp, la Semaren y la Universidad Intercultural. Aunque se espera paulatinamente la suma de otras instituciones y otros actores como son las organizaciones sociales y las propias comunidades involucradas para llegar en su momento a un gran consejo asesor de la reserva de la biósfera.
Todo esto tiene como base el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que señala:
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”
Santos y Sánchez (2007), señalan que “de acuerdo con la Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (denominada Convención de Aarhus), se desprenden tres características esenciales para considerar que un proceso de participación es auténtico:
1. Que la participación sea temprana, desde el inicio del procedimiento, cuando no se ha tomado la decisión final con la cual culmina el proceso de participación, cuando todas las opciones y soluciones son aún posibles y cuando el público puede ejercer una influencia real en el proceso y sus resultados;
2. Que exista la oportunidad de participar de manera informada que a lo largo del proceso exista información disponible y de fácil acceso respecto del asunto del cual se va a adoptar una decisión y sobre el cual se expresarán las personas que van a participar, y
3. Que sea democrática: que las personas que toman parte en el proceso participativo puedan hacer observaciones, comentarios y propuestas, y que la decisión final se adopte considerando su participación.”
A estas características esenciales se deben incorporar a juicio de quien escribe las siguientes consideraciones en el proceso de información y consulta pública:
• Es importante partir de un conocimiento y entendimiento de la realidad de la región para orientar la consulta.
• Es indispensable ser claros y concisos con las personas que toman parte en el proceso participativo, así como emplear lenguaje sencillo y directo y utilizar palabras locales para identificar términos importantes para el proceso.
• La confianza es el principal acceso a los acuerdos, si este no se da desde el inicio es mejor intentarlo en otra ocasión o por otro medio.
• Es muy importante hablar de corresponsabilidades y no de beneficios económicos, ya que se busca generar compromisos, no falsas expectativas.
• Será muy importante analizar los esfuerzos anteriores que han realizado tanto en ejidos y comunidades, como dependencias de gobierno, etc., ya que son la base para incorporarse a una región como La Montaña con una dinámica propia.
• Se considera que estos procesos deben ser relativamente rápidos para reducir los riesgos de contaminación de procesos por factores ajenos a este.
En conclusión, es fundamental hacer un esfuerzo significativo para que el proceso de información y consulta pública para la reserva de la biósfera de La Montaña sea lo más amplio y asertivo. Por lo tanto, se debe buscar realizar un proceso de información y consulta pública ad hoc, en donde la ciudadanía pueda no sólo conocer el proyecto de decreto, sino participar en su construcción y diseño. La apropiación de esta área natural protegida por parte de la sociedad es la única manera en que sea posible lograr tener un área bien manejada.
P.D. Nuestro más sentido pésame al MC. Carlos Toledo Manzur y a su hija Ximena por el sensible fallecimiento de su esposa y madre María del Carmen Rojas Canales, estamos con ustedes en estos difíciles momentos.

 

 
Bibliografía citada: Santos, C. y V. Sánchez. “Justicia ambiental: participación pública en los procesos de toma de decisiones” en V. Sánchez (Coord.). Gestión ambiental y de recursos naturales en México: los modos imperantes. Tijuana, Baja California, El Colegio de la Frontera Norte, 2007, pp. 67- 96.