Liberan a siete de los nuevo policías que se manifestaron en Cuauthémoc por su salario

Carlos Moreno A.

Siete de los nueve policías auxiliares encarcelados por bloquear la avenida Cuauhtémoc para exigir el pago de su salario, salieron libres ayer por la noche tras pagar una fianza de 8 mil pesos cada uno que consiguieron tras pedir prestado y botear entre familiares, amigos y conocidos.
Pero dos efectivos siguen presos porque sus familiares no lograron conseguir dinero para la fianza.
Los policías fueron detenidos y encarcelados por una denuncia penal que presentó el gobierno priista por el delito de  ataques a las vías de comunicación y transportes y motín.
Por su parte, policías preventivos y viales criticaron la orden del secretario de Seguridad Pública, el contralmirante José Manuel Rodríguez Morales, para el desalojo de sus compañeros, porque dijeron que la inconformidad fue justa ante la falta de pago, y reprobaron la forma en la que tuvieron que aprehender a los efectivos porque violaron sus derecho a manifestarse.
De ello, Rodríguez Morales justificó la detención de los policías porque dijo que se actuó conforme a la ley y se deslindó de la situación legal de los auxiliares detenidos, “ya es decisión del Ministerio Público. En ley no hay acuerdo, se aplica la ley o no se aplica”.
Y advirtió que también ejercerán acción penal contra otros 30 preventivos auxiliares que se manifestaron el jueves en un bloqueo de la avenida Cuauhtémoc junto a trabajadores sindicalizados –aunque éstos se quitaron cuando recibieron el pago– para exigir su salario, pero a quienes no detuvieron ese mismo día.
Los preventivos auxiliares fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público del fuero común la tarde del jueves, por lo que cuentan con una averiguación previa “por ataques a las vías de comunicación y transportes y motín”.
Los policías afectados fueron Alejandro Rodríguez Torres, de 57 años; Demetrio Ruiz Navarrete, de 41 años; Raúl Trejo Díaz, de 37 años; Neyder Mendoza Hernández, de 35 años; Flavio Gerbacio Marqués, de 37 años; Bonfilio Ascencio Nambo, de 39 años; Alberto Rosales Claudio, de 37 años, e Ismael Nolasco García de 41 años.
En declaraciones en su oficina, el jefe policiaco sostuvo que la órden del desalojo fue conforme a la ley porque se afectó a los ciudadanos con el “paro a las vialidades”, y sostuvo que “estoy aplicando la ley en mi casa, en mi propio terreno”.
Rodríguez Morales afirmó que todos tienen derecho a manifestarse pero que en el caso de la policía está “estrictamente prohibido por reglamento hacer manifestaciones en la calle”.
Insistió en que actúa conforme a derecho y que hará “su denuncia por el personal que no fue arrestado”.
Dijo que fue “un retraso administrativo” el no pagarles en tiempo y forma el salario que por ley les corresponde, y aseguró que no fue por la presión que se pagó a los trabajadores: “no, un paro en cualquier vialidad no produce ni genera dinero que se cubrió en su oportunidad, en nada tiene que ver la presión”.
El Ministerio Público fijó en 15 mil pesos la fianza para cada uno de los policías, pero se solicitó la reducción a la PGJE y quedó en 8 mil pesos. Por la noche tras juntar el dinero familiares de los detenidos pagaron la fianza.
Entrevistado al salir de los separos del MP, uno de los auxiliares denunció que fueron aprehendidos por 15 efectivos en el interior de la Secretaría de Seguridad Pública, no en el bloqueo de la avenida Cuauhtémoc.
“Primero se trajeron a tres compañeros, nosotros acudimos a las oficinas a firmar nuestros recibos y aprovechamos para hablar con el director (de la Policía Auxiliar) de porqué fueron detenidos los compañeros. El director nos dijo que pasáramos a la oficina cuando vimos 15 agentes junto con el director Mota nos detuvieron dentro de las instalaciones” acusó.
Denunció que fue una detención arbitraria e ilegal “porque no estábamos en el lugar de los hechos”.
Agregó que esperan “no haya represalias en contra de nuestras personas y trabajos, que nos lo respeten porque es el sustento de nuestras familias”.
“No creo que sea un delito grave exigir nuestros derechos, nuestro salario ya era día 16 y no lo pagaban, no eramos los únicos, nos trataron como si fuéramos delincuentes” finalizó.
Consultado en las instalaciones de la PGJE, el abogado y asesor de los detenidos, Félix Ramírez Rodríguez, indicó que sólo un policía portaba un arma “pero es un arma de cargo, incluso ya acreditamos que la portación, es un arma que le da la Secretaría para uso de su función”.
También aseguró que la fianza en un principio era de 15 mil pesos “pero solicitamos por escrito una reducción y se determinó de 8 mil pesos”.
A pregunta expresa sobre qué pasaría si no se respeta el ingreso a sus labores a los policías afectados, respondió: “en caso de que no les respeten su trabajo tomaremos otras medidas, esperemos que no sea así o en caso de que sean despedidos injustificadamente ya se tendría otras demandas laborales y penales”.
Tanto los policías detenidos como el abogado pidieron que la alcaldesa Verónica Escobar “vea cómo se condujo el secretario y sean retirados los cargos, pues ellos exigían un derecho en una manifestación pacífica”.
“Ellos estaban sobre la banqueta, no en el paso vehicular. Por eso los compañeros se están solidarizando para hacer una cooperación por medio del boteo, para cubrir la fianza”, finalizó.